La participación o proscripción del peronismo volvió a plantearse en 1962, cuando se convocó a elecciones para gobernadores, senadores y diputados. Para el Gobierno el dilema era que una derrota de aquel Movimiento lo podía acercar a un compromiso con los partidos liberales pero una victoria podría derivar en un golpe militar. De hecho, hasta el mismo Perón se mostró renuente a participar en los comicios por temor a que un triunfo peronista desembocara en una toma del poder de parte de los militares. Pero las 62 Organizaciones mantuvieron la idea de colocar sindicalistas en las listas, por lo que el General avaló la participación en las elecciones.
Finalmente, el Movimiento venció en 10 de las 14 provincias, por lo que Frondizi anuló las elecciones y la FF.AA. terminaron por derrocarlo y dejando en el poder un civil, el vicepresidente José M. Guido.
Pese al golpe de Estado el peronismo no fue perseguido ya que lo único que habían buscado los militares fue impedir el retorno al gobierno. Mientras que la CGT no se desmoralizó y comprendió que el objetivo debía ser fortalecer aún más las organizaciones sindicales para prepararse para futuras batallas de desgaste del resistente antiperonismo existente en las FF.AA.
El nuevo gobierno encabezado por Guido permitió a principios de 1963 que se llevara a cabo un Congreso Normalizador de la CGT en el que estuvieron representadas unas 100 organizaciones sindicales, entre las que se destacaron las delegaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General de Empleados de Comercio.
En esa oportunidad, una “Comisión Provisoria” aprobó por unanimidad la siguiente reforma de los estatutos:
- Se suprimiría en la declaración de principios la adhesión a la ideología peronista pero se reafirmaba el derecho de las organizaciones sindicales a la acción política.
- Se reafirmaba que la CGT lucharía por el pluralismo político en el país, es decir, por la legalización del peronismo.
- En materia de relaciones entre el Comité Central Confederal (CCC) y sus afiliados, se anulaba la atribución de este de intervenir a las organizaciones afiliadas y se preservaba su autonomía.
- El secretariado sería elegido con el Congreso y no, como anteriormente, en el CCC.
Finalmente, el Movimiento venció en 10 de las 14 provincias, por lo que Frondizi anuló las elecciones y la FF.AA. terminaron por derrocarlo y dejando en el poder un civil, el vicepresidente José M. Guido.
Pese al golpe de Estado el peronismo no fue perseguido ya que lo único que habían buscado los militares fue impedir el retorno al gobierno. Mientras que la CGT no se desmoralizó y comprendió que el objetivo debía ser fortalecer aún más las organizaciones sindicales para prepararse para futuras batallas de desgaste del resistente antiperonismo existente en las FF.AA.
El nuevo gobierno encabezado por Guido permitió a principios de 1963 que se llevara a cabo un Congreso Normalizador de la CGT en el que estuvieron representadas unas 100 organizaciones sindicales, entre las que se destacaron las delegaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General de Empleados de Comercio.
En esa oportunidad, una “Comisión Provisoria” aprobó por unanimidad la siguiente reforma de los estatutos:
- Se suprimiría en la declaración de principios la adhesión a la ideología peronista pero se reafirmaba el derecho de las organizaciones sindicales a la acción política.
- Se reafirmaba que la CGT lucharía por el pluralismo político en el país, es decir, por la legalización del peronismo.
- En materia de relaciones entre el Comité Central Confederal (CCC) y sus afiliados, se anulaba la atribución de este de intervenir a las organizaciones afiliadas y se preservaba su autonomía.
- El secretariado sería elegido con el Congreso y no, como anteriormente, en el CCC.
El Congreso criticó también el decreto de Seguridad del Estado promulgado por el nuevo gobierno de Guido y exigió la aparición con vida de Felipe Vallese, secuestrado en 1962 por la policía y quien terminó por convertirse en el primer dirigente sindical asesinado dentro de la teoría de “guerra contrarrevolucionaria”.
En ese aspecto “social”, el Congreso resolvió exigir la “libertad de los detenidos y condenados por cuestiones políticas”, la “restitución de las personerías gremiales suspendidas o canceladas, el cese de “las clausuras a los locales de los sindicatos”, la “plena vigencia de las leyes de previsión social, creación de nuevas fuentes de trabajo, reincorporación de los cesantes por causas gremiales y prohibición legal de los despidos en masa”, el “otorgamiento de créditos liberales por el Banco Hipotecario Nacional para la vivienda obrera” y la “participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, legislación para la mujer que trabaja asignando el pago total de los días pre y post natal”.
Respecto del plano “económico”, los sindicalistas pidieron por el “efectivo funcionamiento del Instituto Nacional de Remuneraciones y la urgente solución del problema de sueldos y salarios”; el “cambio total de las estructuras económicas, dando una efectiva participación a los trabajadores en todos los órganos de conducción de la vida económica de la Nación”; el “control de costos y fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad y estabilización política de precios en general con control sobre sus costos”; la “anulación de los contratos petroleros”; la “reforma agraria, realizada en profundidad, concretando un sistema de distribución de la tierra”; y el “equilibrio del presupuesto nacional”.
Por último, sobre materia “política”, el Congreso exigió el “retorno a la Constitución y al estado de derecho”; el “levantamiento del estado de sitio”; la libertad de prensa oral y escrita”; la “modificación del estatuto de los partidos políticos permitiendo que el pueblo que coloque en pie de igualdad y pueda manifestar su voluntad”; la “amnistía amplia sin distinción de sectores”; la “eliminación de los servicios de inteligencia oficiales de represión y de persecución de las ideas”; la “defensa de los bienes patrimoniales de la Nación no permitiendo su enajenación”; y la “plena autodeterminación de los pueblos”.
En ese aspecto “social”, el Congreso resolvió exigir la “libertad de los detenidos y condenados por cuestiones políticas”, la “restitución de las personerías gremiales suspendidas o canceladas, el cese de “las clausuras a los locales de los sindicatos”, la “plena vigencia de las leyes de previsión social, creación de nuevas fuentes de trabajo, reincorporación de los cesantes por causas gremiales y prohibición legal de los despidos en masa”, el “otorgamiento de créditos liberales por el Banco Hipotecario Nacional para la vivienda obrera” y la “participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, legislación para la mujer que trabaja asignando el pago total de los días pre y post natal”.
Respecto del plano “económico”, los sindicalistas pidieron por el “efectivo funcionamiento del Instituto Nacional de Remuneraciones y la urgente solución del problema de sueldos y salarios”; el “cambio total de las estructuras económicas, dando una efectiva participación a los trabajadores en todos los órganos de conducción de la vida económica de la Nación”; el “control de costos y fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad y estabilización política de precios en general con control sobre sus costos”; la “anulación de los contratos petroleros”; la “reforma agraria, realizada en profundidad, concretando un sistema de distribución de la tierra”; y el “equilibrio del presupuesto nacional”.
Por último, sobre materia “política”, el Congreso exigió el “retorno a la Constitución y al estado de derecho”; el “levantamiento del estado de sitio”; la libertad de prensa oral y escrita”; la “modificación del estatuto de los partidos políticos permitiendo que el pueblo que coloque en pie de igualdad y pueda manifestar su voluntad”; la “amnistía amplia sin distinción de sectores”; la “eliminación de los servicios de inteligencia oficiales de represión y de persecución de las ideas”; la “defensa de los bienes patrimoniales de la Nación no permitiendo su enajenación”; y la “plena autodeterminación de los pueblos”.
