La audiencia que se desarrolló el lunes 19 de noviembre tuvo entre los testigos que declararon a Marcelo Repetto, actual comisario de la Circunscripción III de la Policía Metropolitana pero que al momento del crimen de Ferreyra estaba a cargo de la Delegación Avellaneda de la Policía Federal.
El testigo declaró que fue solo al lugar donde se desarrollaba la manifestación a favor de los tercerizados en calidad de observador y vestido de civil ya que “no tomaba parte del operativo”.
Repetto contó que siguió a los manifestantes hasta que éstos cruzaron el Puente Bosch, donde terminaba su jurisdicción y que a la distancia alcanzó a ver que este grupo intentó alcanzar las vías pero fueron agredidos con “una lluvia de piedras que era incesante”.
“La cantidad de piedras que les tiraban desde el terraplén era impresionante. No vi que los de abajo tirase (…) Era imposible que pudieran subir a las vías. Para mí, era una especie de acto. No lo hubieran logrado jamás, por lo empinado del terreno y por los que los estaban esperando arriba”, señaló el comisario.[1]
El testigo dijo que luego vio a los manifestantes tomar por la calle Luján, cortada por patrulleros de la comisaría 30ra. y el arribo del grupo de los ferroviarios. “Los escuché que llegaron cantando y que los recibían con alegría”, indicó.[2]
Repetto agregó que observó como los ferroviarios descendieron del terraplén corrieron por la calle Luján y regresaron sin ninguna novedad, por lo que se retiró del lugar.
Luego, declaró Adolfo de Lucchi quien el día del crimen fue convocado a Avellaneda como brigadista de la División Belgrano de la Policía Federal, y al igual que Repetto, confirmó que el jefe del operativo era el acusado Mansilla, aunque él reportaba a Ferreyra, por otro de los efectivos imputados.
Este testigo afirmó que los efectivos presentes, unos 25, no sabían que iban a estar allí los ferroviarios y que ellos permanecieron sobre las vías.
Lucchi contó que a partir de las primeras agresiones, la Infantería dispersó a los manifestantes cuando éstos intentaron regresar hacia provincia “para mandarlos de nuevo para el lado de Capital”.[3]
Y agregó que luego de la desconcentración de los ferroviarios abandonó el lugar y que en un bar de Constitución recién se enteró del crimen.
También declararon los policías Juan Carlos Velazco –actualmente en disponibilidad- y Julio Fava –ya retirado-, quienes estaban de servicio en la estación Hipólito Yrigoyen.
Velazco dijo que vio llegar al lugar donde comenzaron los incidentes dos micros escolares, de color naranja, del cual “bajaron unas cuarenta personas que se presentaron como ferroviarios y subieron para la estación”.[4]
Por su parte, Fava declaró que se encontraba en el baño de la estación cuando vio al grupo que describió su compañero cruzar las vías para reunirse con otros ferroviarios y que informó ese desplazamiento por radio.
Este testigo también dijo que los acusados Mansilla, Ferreyra y Premuda bajaron de las vías por la estación Yrigoyen y se retiraron en móviles de la policía.
El último en declarar en esta audiencia fue Omar Povolo, quien prestaba servicio en Judiciales de la División Roca y era quien se contactaba con los jueces de turno en caso de se produjeran incidentes.
El testigo contó que hubo un gran despliegue policial en la estación Avellaneda y que se enteró de que hubo heridos de bala por los medios de prensa. También dijo que no conocía a los delegados de la Unión Ferroviaria y ubicó a Mansilla y Ferreyra como los responsables del operativo.
El debate continuó el martes 20 de noviembre cuando declararon tres efectivos de la seccional 30ra. de Barracas y el comisario Roberto Brondo, de la División de Planificación de Servicios de Reuniones Públicas, todos de la Policía Federal.
Los tres primeros policías, Lucas Varas, Pablo Donato y Guillermo Houlet., eran choferes de los móviles de la comisaría y contaron que trasladaron desde la seccional hasta Luján y Santa María del Buen Ayre al acusado Garay y a otros dos efectivos.
Estos testigos coincidieron en que fueron hasta ese lugar a raíz de una “incidencia” y “manifestación” y que una vez allí, sus encargados descendieron de los patrulleros y tomaron contacto con el grupo de los ferroviarios, aunque negaron que en ese momento supiesen que ya se había producido una primera agresión con los otros manifestantes.
También dijeron que recibieron dos órdenes: una, estacionar los móviles en 45 grados, y la otra, seguir al grupo agresor cuando éste perseguía a los manifestantes.
Contaron que al llegar a la calle Luján quedaron en medio de ambos grupos separados por unos cien metros, y que en ese momento ambos bandos intercambiaron insultos. Después, los ferroviarios –estos testigos dijeron no saber que eran “ferroviarios”- que estaban sobre las vías se reunieron con los que estaba debajo del puente y todos juntos corrieron a los manifestantes a los que sí reconocieron como del PO por las banderas y pancartas.
Entonces, estos policías aseguraron que pusieron en marcha los móviles y fueron detrás de los agresores, a la que uno de ellos describió como “horda”. Recorrieron unos 50 metros y finalmente vieron a ese grupo regresar hacia las vías y a los manifestantes correrlos hasta toparse con los patrulleros.
En ese momento, los testigos señalaron que no escucharon disparos ni advirtieron la presencia de periodistas en el lugar, y que se enteraron de que hubo heridos tras la desconcentración de ambos grupos.
A su turno, declaró el comisario Brondo, quien sostuvo que en la manifestación a favor de los tercerizados “la hipótesis de conflicto era nula”, por lo que se envió “un servicio básico”.[5]
“Entendíamos que era una movilización que no iba a tener mayor trascendencia”, dijo este testigo y agregó: “Lo que preveíamos era mandar una presencia policial para disuadir, por eventuales problemas con los usuarios. No teníamos prevista la presencia de los ferroviarios”.[6]
Brondo indicó que por el tipo de manifestación y al tratarse de Avellaneda, se dispuso la presencia de dos oficiales jefes, “por si alguno se tiene que correr a algún lugar”.
“Es muy amplio lo que puede ocurrir. Hay que estar en consulta permanente. Lo primero que hay que hacer, es entablar un diálogo con los manifestantes, para ver qué quieren (…) Lo que se trata es de dialogar con la gente, con el objetivo de mantener el orden público. Se presta mayor atención a los grupos más vulnerables. El superior presente en el lugar es el que debe garantizar que se cumpla. Ante cualquier incumplimiento, la DGO (por la Dirección General de Operaciones) tiene que disponer, tiene que actuar”, señaló.[7]
