IV
La madre de Fernando no se conformó con el apartamiento de la Policía provincial de la investigación del caso y, tras constituirse como particular damnificado a través del abogado Pietravallo, solicitó a la Justicia de Garantías que la causa pasase de la Fiscalía de Instrucción al Fuero Federal y que, a su vez, se la caratulara como una “desaparición forzada de persona” ya que había una fuerza de seguridad estatal involucrada.
Y una vez que el expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de la jurisdicción, con asiento en la Ciudad de la bahía y que abarcaba una vasta región de cientos de kilómetros a la redonda, y la Policía Nacional se abocó al operativo de búsqueda, entre otras tareas de campo, la pesquisa avanzó, lentamente, pero lo hizo.
Más allá de ampliar las declaraciones de los policías, el fiscal federal Menéndez dispuso el análisis de los teléfonos móviles de todos ellos y así se pudo recuperar la fotografía de Fernando junto al patrullero en Jakov tomada la mañana del 1 de Mayo por Contreras y con un celular de Suárez.
Pero esta imagen no se halló en ese aparato ya que el oficial dijo que lo había perdido y como tenía dos no lo repuso, sino que se obtuvo a través de la compañía telefónica.
La mencionada foto fue una pista que permitió a los investigadores determinar cómo estaba vestido Fernando, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial.
Mientras que del celular de Contreras sí se secuestró el audio con las indicaciones de Domínguez y que también resultó de gran relevancia para la pesquisa ya que en la jerga policial, “bajar” significaba trasladar a la dependencia.
Mientras que el sistema de georreferenciación instalado en el patrullero de Jakov involucrado indicó que el móvil se dirigió hacia la dependencia de esa localidad tras la interceptación de Fernando, lo mismo que sucedió con el móvil del Galvagni.
En base a todos estos elementos, Pietravallo solicitó la imputación y detención de los policías investigados, pero la jueza federal Marrone, que debía velar por el debido proceso de instrucción a cargo del fiscal Menéndez, rechazó ese pedido por falta de pruebas, por lo que el abogado recurrió esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del mismo fuero, que tampoco hizo lugar a su planteo.
Además, el letrado pidió ante la Cámara la recusación del fiscal y de la jueza, lo que también fue rechazado.
En tanto, los operativos de rastrillaje a cargo policías nacionales y bomberos; con perros adiestrados, móviles terrestres y aéreos, y hasta un dron; se sucedían en toda la zona aledaña a la bahía, Cuatreros, el estuario, las vías, Bleriot, Jakov y El Fortín.
Y ante cada hallazgo de algún elemento sospechoso se encendían alarmas de todo tipo: de la familia, por un lado; y de la Policía provincial, por el otro; que mantuvieron distintos contrapuntos. Uno de ellos cuando Pietravallo denunció al jefe de calle Gamarra por amenazas luego de que le cuestionó el haber estado presente en un procedimiento del que sólo podían participar los policías nacionales.
Es más, la novia de Fernando denunció que otros efectivos provinciales la habían interceptado cerca de su casa, en la Ciudad, y advertido, también con tono amenazante, que dejara “de tirarle mierda” a la fuerza.
El clima tenso entre ambas partes aumentó aún más cuando el 31 de julio se allanó el puesto de vigilancia de Bleriot y en un montículo de basura se encontró un amuleto de madera, el cual fue identificado por Catalina como propiedad de Fernando.
“Se lo regaló mi mamá y es igual a los que también tienen los dos hermanos de Fer. Es para la suerte y de un gran valor afectivo. Por eso siempre lo llevaba en su mochila”, declaró la mujer.
Además, en el libro de guardia de dicha dependencia figuraban los datos de Fernando: nombre y apellido, DNI, y domicilio al cual se dirigía en la Ciudad.
Y a raíz de estos últimos episodios, el comisario general Piedrabuena decidió intervenir la Jefatura Departamental a la que pertenecían las dependencias de la región y separar a Gamarra de su cargo.
