Para el defensor, Pedraza fue “un objetivo político y económico” del PO ya que el acusado “es un viejo dirigente sindical” y “la única forma de sacarlo era con una situación como ésta”.
Froment sostuvo que se trató de una “causa armada” por la Justicia en al etapa de Instrucción, al tiempo que defendió las cooperativas al señalar que éstas “fueron creadas para emplear a ferroviarios desempleados durante la etapa de privatizaciones”.
Y, por último, el abogado aseguró que “el poder político de la UF no estaba sostenido por la exclusión de los tercerizados”. [2]
A su turno, el martes 5 de marzo, alegaron los defensores de Fernández y Sánchez, que solicitaron la absolución de ambos imputados.
Alejandro Freeland, abogado de Fernández, consideró que la acusación de su defendido se trata de “un relato desmesurado, infundado y ficcional”, dijo que no se sabe quién mató a Ferreyra y baleó a los otros tres militantes y también describió al grupo que se manifestó a favor de los mercerizados como “agresivo” y decidido a “confrontar”.[3]
Sobre los llamados entre Fernández y el acusado Díaz, en tanto, Freeland explicó que “hablaban de fútbol, porque uno es de Independiente y el otro de Racing”.[4]
Por su parte, Gustavo D´Elia, defensor de Sánchez, sostuvo que se “desmorona” la hipótesis de que hubo “un plan criminal” que planteó al Ministerio Público Fiscal cuando la Fiscalía decidió no acusar a Uño y Pérez, y afirmó que el testigo protegido Carlos Díaz que complicó a su defendido era, en realidad, “un arrepentido”. [5]
Mientras que en la audiencia del viernes 8, Mario Frenzel y Claudio Armando, los defensores de los acusados Díaz y Pipitó, respectivamente, también pidieron que ambos sean absueltos.
Frenzel señaló que la movilización a favor de los mercerizados, “acompañada de una militancia constante” y el “activismo periodístico” hicieron que “la hipótesis del complot de la burocracia sindical fuera receptada sin ninguna oposición”, y que “la omisión del Estado” fue “la causa principal” del crimen de Ferreyra.[6]
Sobre cómo ocurrieron los hechos, este defensor también sostuvo, al igual que los abogados del resto de los acusados, la versión de la “riña”.
A su turno, Armando negó todos los cargos que pesaban sobre Pipitó y dijo que el equipo periodístico de C5N tenía "problemas emocionales" y buscó "quince minutos de fama”.[7]
El martes 12, realizó su alegato la defensora de Favale, María Florencia Hegglin, quien pidió la absolución del imputado al asegurar “toda la acusación se basa en prueba testimonial”.[8]
“No hay imágenes de Favale disparando”, afirmó la letrada que cuestionó los testigos que complicaron a su defendido ya que consideró que “desde el comienzo de la causa se instaló a Favale como el tirador”. [9]
El jueves de la misma semana alegaron los defensores de los acusados Alcorcel, González y Pérez que, al igual que los abogados de los otros imputados, pidieron la absolución.
Las letradas Sandra Arce y Ana Piñones dijeron que no existían pruebas en contra de Alcorcel, que ninguno de los imputados era el asesino de Ferreyra y que la causa se trataba de un "plan ideado luego de cometido el crimen porque "necesitaban un pez gordo, pero para eso antes tenían que pasar por un cardúmen de pececitos". [10]
Por su parte, Daniela Grisetti, defensora de González, negó que el acusado haya amenazado a los periodistas de C5N para que dejaran de filmar los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010.
Mientras que el abogado de Pérez, Mario Laporta, trató de refutar los dichos del testigo, José Sotelo, quien comprometió a su defendido.
El viernes 15, alegaron los abogados Oscar Igounet y Cintia Maio, defensores de Uño, quienes sostuvieron la inocencia del acusado; y los letrados Raúl Bednarz y Pablo Karklins, representantes del imputado Mansilla, que señalaron que no hubo abandono de persona y que la policía "hizo lo que tenía que hacer".
Luego, en la jornada del martes 19, Carlos Ignacio Ríos y Alexia Federica Dimiropoulos, defensores del policía Ferreyra, dijeron compartir con la acusación del PO que el hecho ventilado en el debate se trató de "un crimen político" pero sostuvieron que el lineamiento del supuesto "plan criminal" fue "oscuro" y que debió ser mejor precisado.
También señalaron que ambos acusados "ignoraban los intereses laborales y económicos que estaban detrás de este conflicto" y negaron que hayan cometido abandono de persona ya que los manifestantes eran "jóvenes", tenían "palos y gomeras" y, por ende, no se hallaban en un "estado de indefensión". [11]
En base a lo expuesto, los letrados solicitaron la absolución del acusado.
Por su parte, el letrado Hilario Lagos, defensor del subcomisario Echavarría, también reclamó la absolución, habló del "desconocimiento" que había en la DGO sobre lo que realmente ocurría en Barracas y se quejó de que la "política" entró al caso. [12]
El jueves de la misma semana comenzó su alegato la defensa de Garay, a cargo del abogado Mariano Maciel, quien culminó al día siguiente junto a las de los letrados Jorge Luis Del Valle Alvarez Berlanda y Valeria Corbacho, letrados de los acusados Conti y Villaba, y todos solicitaron la absolución.
Por último, el martes 26 de marzo concluyó la etapa de alegatos con la exposición de la defensa del policía Lompizano que sostuvo que el acusado no tuvo ninguna relación con los hechos y que "nada hacía suponer" lo que ocurriría minutos después de las 13.30 de aquel el 20 de octubre de 2010, "ni la presencia de ferroviarios, ni el primer enfrentamiento".[13]
Sobre los llamados entre Fernández y el acusado Díaz, en tanto, Freeland explicó que “hablaban de fútbol, porque uno es de Independiente y el otro de Racing”.[4]
Por su parte, Gustavo D´Elia, defensor de Sánchez, sostuvo que se “desmorona” la hipótesis de que hubo “un plan criminal” que planteó al Ministerio Público Fiscal cuando la Fiscalía decidió no acusar a Uño y Pérez, y afirmó que el testigo protegido Carlos Díaz que complicó a su defendido era, en realidad, “un arrepentido”. [5]
Mientras que en la audiencia del viernes 8, Mario Frenzel y Claudio Armando, los defensores de los acusados Díaz y Pipitó, respectivamente, también pidieron que ambos sean absueltos.
Frenzel señaló que la movilización a favor de los mercerizados, “acompañada de una militancia constante” y el “activismo periodístico” hicieron que “la hipótesis del complot de la burocracia sindical fuera receptada sin ninguna oposición”, y que “la omisión del Estado” fue “la causa principal” del crimen de Ferreyra.[6]
Sobre cómo ocurrieron los hechos, este defensor también sostuvo, al igual que los abogados del resto de los acusados, la versión de la “riña”.
A su turno, Armando negó todos los cargos que pesaban sobre Pipitó y dijo que el equipo periodístico de C5N tenía "problemas emocionales" y buscó "quince minutos de fama”.[7]
El martes 12, realizó su alegato la defensora de Favale, María Florencia Hegglin, quien pidió la absolución del imputado al asegurar “toda la acusación se basa en prueba testimonial”.[8]
“No hay imágenes de Favale disparando”, afirmó la letrada que cuestionó los testigos que complicaron a su defendido ya que consideró que “desde el comienzo de la causa se instaló a Favale como el tirador”. [9]
El jueves de la misma semana alegaron los defensores de los acusados Alcorcel, González y Pérez que, al igual que los abogados de los otros imputados, pidieron la absolución.
Las letradas Sandra Arce y Ana Piñones dijeron que no existían pruebas en contra de Alcorcel, que ninguno de los imputados era el asesino de Ferreyra y que la causa se trataba de un "plan ideado luego de cometido el crimen porque "necesitaban un pez gordo, pero para eso antes tenían que pasar por un cardúmen de pececitos". [10]
Por su parte, Daniela Grisetti, defensora de González, negó que el acusado haya amenazado a los periodistas de C5N para que dejaran de filmar los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010.
Mientras que el abogado de Pérez, Mario Laporta, trató de refutar los dichos del testigo, José Sotelo, quien comprometió a su defendido.
El viernes 15, alegaron los abogados Oscar Igounet y Cintia Maio, defensores de Uño, quienes sostuvieron la inocencia del acusado; y los letrados Raúl Bednarz y Pablo Karklins, representantes del imputado Mansilla, que señalaron que no hubo abandono de persona y que la policía "hizo lo que tenía que hacer".
Luego, en la jornada del martes 19, Carlos Ignacio Ríos y Alexia Federica Dimiropoulos, defensores del policía Ferreyra, dijeron compartir con la acusación del PO que el hecho ventilado en el debate se trató de "un crimen político" pero sostuvieron que el lineamiento del supuesto "plan criminal" fue "oscuro" y que debió ser mejor precisado.
También señalaron que ambos acusados "ignoraban los intereses laborales y económicos que estaban detrás de este conflicto" y negaron que hayan cometido abandono de persona ya que los manifestantes eran "jóvenes", tenían "palos y gomeras" y, por ende, no se hallaban en un "estado de indefensión". [11]
En base a lo expuesto, los letrados solicitaron la absolución del acusado.
Por su parte, el letrado Hilario Lagos, defensor del subcomisario Echavarría, también reclamó la absolución, habló del "desconocimiento" que había en la DGO sobre lo que realmente ocurría en Barracas y se quejó de que la "política" entró al caso. [12]
El jueves de la misma semana comenzó su alegato la defensa de Garay, a cargo del abogado Mariano Maciel, quien culminó al día siguiente junto a las de los letrados Jorge Luis Del Valle Alvarez Berlanda y Valeria Corbacho, letrados de los acusados Conti y Villaba, y todos solicitaron la absolución.
Por último, el martes 26 de marzo concluyó la etapa de alegatos con la exposición de la defensa del policía Lompizano que sostuvo que el acusado no tuvo ninguna relación con los hechos y que "nada hacía suponer" lo que ocurriría minutos después de las 13.30 de aquel el 20 de octubre de 2010, "ni la presencia de ferroviarios, ni el primer enfrentamiento".[13]
