Cosas nuevas!
Llegamos a las 400 entradas publicadas y decidimos cambiar el nombre del blog y la dirección URL: ahora nos llamamos "Cosas pa´ leer" y estamos en www.cosaspaleer.blogspot.com
El crimen del militante XX
El jueves 22 de noviembre declaró Juan Pablo Schiavi, quien al momento del crimen de Ferreyra era el secretario de Transportes de la Nación, cargo que dejó de ocupar tras la denominada "Tragedia de Once".[1]
Durante la instrucción de la causa, la querella del PO había pedido imputar a Schiavi por sus presuntos vínculos con el grupo ferroviario encabezado por el acusado Pedraza, pero la Justicia no hizo lugar a ese requerimiento.
Al declarar en el juicio, Schiavi aseguró el trabajo tercerizado “se ajustaba a derecho” porque estaba contemplado en la forma de contratación que surgió en “los años 90” y afirmó que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema”.[2]
El testigo dijo que alguna vez la Unión Ferroviaria pidió que se “normalizara” (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba si el sindicato lo hizo por algún canal formal. Y reconoció que las diversas audiencias y acciones de lucha llevadas adelante por los tercerizados corrían por cuenta de estos ya que estaban al margen de la Unión Ferroviaria.
Sobre el corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010, Schiavi dijo: “Se planteó la posibilidad de prevención, sobre todo, porque se trata de un servicio eléctrico y cualquier corte puede traer aparejado la posibilidad de que alguien se electrocute”.[3]
En la misma audiencia declaró el gerente de Recursos Humanos de UGOFE, Héctor Messineo, quien dijo que su puesto abarcaba las funciones de “selección, la capacitación, la administración de los contratos colectivos de trabajo y con la administración de todo el personal de la línea”.[4]
“Yo podría estimar que ingresan entre un 80 y un 85% de postulados por los gremios. El resto, son por búsquedas específicas que hacemos de técnicos o por recomendaciones de la Secretaria de Transporte. También desde intendencias, diputados, senadores… Siempre hay recomendados y buscamos lo que más se adapta”, explicó.[5]
Sobre la “tercerización”, este testigo dijo que fue “necesaria” debido al déficit de empleados con el que se encontró UGOFE en la línea Roca, y “valoró” la “comprensión” de la Unión Ferroviaria al aceptarla porque “la política del sindicato era la no tercerización”.
Por su parte, Claudio Gutiérrez, un policía federal, declaró que él Integraba un grupo especial de combate y que el día del crimen estuvo desde temprano con su equipo sobre las vías de Avellaneda y que a media mañana los desplazaron a Constitución. Además, dijo que no vio a los ferroviarios sobre el terraplén ni presenció ninguna incidencia.
En tanto, en la jornada del martes 27 de noviembre, el primer testigo fue Ricardo Faranna, quien en octubre de 2010 se desempeñaba como Superintendente General de Transporte y había recibido un día antes informes de inteligencia sobre lo que podía llegar a pasar en el corte de vías anunciado para la mañana siguiente.
“La posibilidad de la presencia de la Unión Ferroviaria nunca se descartó. No teníamos la certeza, pero el servicio se montó teniendo en cuenta esa probabilidad”, declaró el testigo que admitió sabía que los ferroviarios no tenían “los mismos propósitos” que los tercerizados.[6]
Faranna contó que era la DGO la que ordenaba el envío de efectivos en base al análisis de la situación que su división realizaba y, en ese sentido, consideró que “la fuerza dispuesta (para el 20 de octubre de 2010) era suficiente para operar en esas circunstancias”.
Luego declararon Nicolás de Marco, Maximiliano Alegre y César Barrionuevo, tres policías de la División Exteriores de Video de la Policía Federal, compañeros de trabajo del imputado Villalba.
“Lo que hay que filmar son los incidentes. El jefe del servicio da las directivas, pero por una cuestión de lógica (sic), si el jefe de servicio está distraído y hay incidentes, uno graba”, explicó De Marco.[7]
Durante la instrucción de la causa, la querella del PO había pedido imputar a Schiavi por sus presuntos vínculos con el grupo ferroviario encabezado por el acusado Pedraza, pero la Justicia no hizo lugar a ese requerimiento.
Al declarar en el juicio, Schiavi aseguró el trabajo tercerizado “se ajustaba a derecho” porque estaba contemplado en la forma de contratación que surgió en “los años 90” y afirmó que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema”.[2]
El testigo dijo que alguna vez la Unión Ferroviaria pidió que se “normalizara” (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba si el sindicato lo hizo por algún canal formal. Y reconoció que las diversas audiencias y acciones de lucha llevadas adelante por los tercerizados corrían por cuenta de estos ya que estaban al margen de la Unión Ferroviaria.
Sobre el corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010, Schiavi dijo: “Se planteó la posibilidad de prevención, sobre todo, porque se trata de un servicio eléctrico y cualquier corte puede traer aparejado la posibilidad de que alguien se electrocute”.[3]
En la misma audiencia declaró el gerente de Recursos Humanos de UGOFE, Héctor Messineo, quien dijo que su puesto abarcaba las funciones de “selección, la capacitación, la administración de los contratos colectivos de trabajo y con la administración de todo el personal de la línea”.[4]
“Yo podría estimar que ingresan entre un 80 y un 85% de postulados por los gremios. El resto, son por búsquedas específicas que hacemos de técnicos o por recomendaciones de la Secretaria de Transporte. También desde intendencias, diputados, senadores… Siempre hay recomendados y buscamos lo que más se adapta”, explicó.[5]
Sobre la “tercerización”, este testigo dijo que fue “necesaria” debido al déficit de empleados con el que se encontró UGOFE en la línea Roca, y “valoró” la “comprensión” de la Unión Ferroviaria al aceptarla porque “la política del sindicato era la no tercerización”.
Por su parte, Claudio Gutiérrez, un policía federal, declaró que él Integraba un grupo especial de combate y que el día del crimen estuvo desde temprano con su equipo sobre las vías de Avellaneda y que a media mañana los desplazaron a Constitución. Además, dijo que no vio a los ferroviarios sobre el terraplén ni presenció ninguna incidencia.
En tanto, en la jornada del martes 27 de noviembre, el primer testigo fue Ricardo Faranna, quien en octubre de 2010 se desempeñaba como Superintendente General de Transporte y había recibido un día antes informes de inteligencia sobre lo que podía llegar a pasar en el corte de vías anunciado para la mañana siguiente.
“La posibilidad de la presencia de la Unión Ferroviaria nunca se descartó. No teníamos la certeza, pero el servicio se montó teniendo en cuenta esa probabilidad”, declaró el testigo que admitió sabía que los ferroviarios no tenían “los mismos propósitos” que los tercerizados.[6]
Faranna contó que era la DGO la que ordenaba el envío de efectivos en base al análisis de la situación que su división realizaba y, en ese sentido, consideró que “la fuerza dispuesta (para el 20 de octubre de 2010) era suficiente para operar en esas circunstancias”.
Luego declararon Nicolás de Marco, Maximiliano Alegre y César Barrionuevo, tres policías de la División Exteriores de Video de la Policía Federal, compañeros de trabajo del imputado Villalba.
“Lo que hay que filmar son los incidentes. El jefe del servicio da las directivas, pero por una cuestión de lógica (sic), si el jefe de servicio está distraído y hay incidentes, uno graba”, explicó De Marco.[7]
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