Dos días después de haber sido comprometido por el testigo protegido, el imputado Díaz recibió otro revés judicial cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible el pedido de su defensa para ser excarcelado por el crimen de Ferreyra.
Y en esa misma jornada, otro testigo protegido apuntó contra el acusado Sánchez al asegurar que éste concurrió armado a la convocatoria de los ferroviarios para evitar el corte de vías de los mercerizados apoyados por el grupo de manifestantes del joven militante asesinado.
“Traje el muñeco”, recordó el testigo que le dijo Sánchez cuando ambos iban rumbo al lugar de los hechos a bordo del mismo auto y el acusado le mostró un revólver que guardaba en la guantera.[1]
El declarante también reconoció que había sido convocado por el acusado Díaz a quien conoció tras haberse afiliado a la Unión Ferroviaria.
“A los delegados, como Pablo Díaz en el Roca, no los elegimos nosotros sino que los pone el gremio, que maneja todos los puestos de trabajo”, señaló el testigo.[2]
Respecto de los hechos que derivaron en el crimen de Ferreyra, el declarante contó que al escuchar los disparos comenzó a correr y que recibió un tuercazo en la cabeza, por lo que el acusado González lo llevó en auto al Hospital Argerich para ser asistido.
Según el testigo, camino al hospital, González que “no dijera nada porque se pudrió todo”.[3]
Por su parte, el imputado Sánchez decidió declarar para tratar de derribar la versión del testigo protegido que lo ubicó armado en la escena del crimen. “Él (por el testigo) puso en el torpedo del auto una riñonera, no sé si con un arma, con la picadora de boletos o qué, fue Claudio Díaz, que ahora me acusa pero era mi amigo”, indicó el acusado que sí reconoció que el auto en el que se movilizaban era el suyo.[4]
El acusado, cuya defensa solicitó una carea con el testigo protegido pero el tribunal rechazó el pedido, negó apodarse “Payaso” y ser barra brava de Racing.
El lunes 10 de septiembre, se escuchó a la agente de Asuntos Internos Mariela Redin, quien contó que, como parte de una investigación paralela a la del homicidio, entre las tareas que realizó estuvo vigilar en su domicilio y seguir al por entonces agente de inteligencia, Juan José Riquelme, quien, según el testigo, en al menos dos oportunidades fue a la sede de la Unión Ferroviaria y al menos una de esas visitas coincidió con la presencia de Pedraza en el edificio.
El caso de este ex espía de la Secretaria de Inteligencia consta en una causa conexa a la del crimen de Ferreyra y en la que se investiga el presunto pago de un soborno de 50 mil dólares a la Cámara Nacional de Casación Penal para lograr la excarcelación de los detenidos por el homicidio, entre ellos, el imputado Uño.
En ese marco, los investigadores sospechan que el agente fue el intermediario para efectivizar el pago de ese supuesto soborno y por eso fue detenido por orden de la jueza López.
De hecho, mientras se desarrollaba el juicio, el juez de Instrucción porteño Luis Rodríguez dictó el procesamiento de Riquelme, Pedraza, el ex magistrado Octavio Aráoz de Lamadrid por el delito de “tráfico de influencias”, el secretario judicial Luis Ameghino Escobar y el contador de la Unión Ferroviaria Angel Stafforini.
Según las escuchas telefónicas de la jueza López, Aráoz de Lamadrid habría ofrecido a los camaristas el dinero de Pedraza a través del contador Stafforini; mientras que Escobar, empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal, se encargaría de que la causa sea tratada por la Sala III de dicho cuerpo.
De acuerdo a los pesquisas, en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid se secuestraron 50.000 dólares en cinco fajos de billetes, tal como habían sido retirados de un banco por Stafforini.
Por otro lado, declaró en el debate el comisario mayor retirado Eduardo Innamorato, quien al momento del crimen de Ferreyra era el jefe de la Dirección General de Seguridad e Investigaciones en los Medios de Transporte de la Policía Federal
Este testigo contó que él se enteró un día antes del homicidio de la marcha que iban a realizar los mercerizados, por lo que ordenó realizar un operativo “preventivo” en la estación de trenes de Avellaneda, y entre los que recibieron dicha directiva se encontraba, según el testigo, el comisario Lompizano, uno de los policías acusados de abandono de persona.
El ex jefe policial recordó que el día del crimen estaba en su oficina y cerca de las 13.30 escuchó a uno de los jefes del operativo en Barracas, el enjuiciado comisario inspector Mansilla, que “modulaba para que se informe a la comisaría 30 que bajaban los de la Unión Ferroviaria”.[5]
Luego se produjeron los incidentes que derivaron en el homicidio y, de acuerdo al testigo, cuando Mansilla regresó a su oficina le informó que todo se había desarrollado con “normalidad”.
