A siete años de su segunda desaparición, los investigadores analizan cinco millones de llamados y siguen 17 pistas, entre ellas, una que apunta a un ex integrante del Ejército.
El albañil jubilado Jorge Julio López (84), detenido ilegalmente durante la última dictadura militar y testigo en el juicio al condenado por genocida Miguel Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la policía bonaerense durante ese período de facto, desapareció hace hoy ocho años de su casa de la localidad platense de Los Hornos.
La causa por su desaparición está actualmente en manos del fiscal federal 2 de La Plata, Rodolfo Molina, quien en las últimas horas envió un informe a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con una reseña de la investigación y sus últimas novedades.
De acuerdo a ese informe publicado por www.fiscales.gov.ar, los pesquisas tienen abiertas unas 17 pistas, cada una de ellas con un sospechoso diferente, y analizan cinco millones de llamados telefónicos en procura de dar con el paradero del López. Mientras que en los últimos cuatro años descartaron otras 34 líneas investigativas.
Actualmente, en las diligencias encabezadas por el fiscal Molina intervienen efectivos de la “Comisión López” Policía Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya que la Bonaerense fue apartada de la causa en 2008.
Tras el apartamiento de la policía provincial, al análisis de los llamados telefónicos “se vio demorado” porque la Bonaerense utilizaba el sistema informático VAIC y los efectivos federales operaban con el denominado I2.
“Fue menester entonces recuperar tanto el 'crudo' de la información aportada por las compañías telefónicas a la Policía Bonaerense, como los consecuentes análisis, informes remitidos por las empresas telefónicas directamente al Juzgado, todo lo que junto con la información sobreviniente fue incorporándose paulatinamente al nuevo sistema”, informó el fiscal Molina.
Sin embargo, la PFA y la PSA no trabajaron a la par, por lo que la segunda de ellas fue apartada de la investigación en 2011 pero el año pasado volvió a intervenir en la pesquisa para continuar con el análisis de los llamados.
Los analistas se enfocaron en las comunicaciones realizadas entre las 7 y las 11 del día en que desapareció López.
“De allí que los eventuales vínculos que puedan surgir entre personas ya sospechadas, y el caudal de comunicaciones antes referido, podría devenir en indicios de gran valor probatorio, al permitir 'situar' a aquellos en el lugar y momento de los hechos”, indicó el informe del fiscal.
Por otro lado, desde la Fiscalía intentan localizar en nuestro país a una persona que podría aportar elementos de interés para la causa.
Respecto de la pista Etchecolatz, el informe precisó que el represor condenado solicitó varias veces declarar en la causa ya que, según él, “tenía información y prueba para aportar”, pero nunca compareció ante la Justicia ya que se negó a ser trasladado. Entonces, se le requirió que lo hiciese por escrito, pero sólo remitió datos que ya habían sido publicados por los medios de comunicación.
Por otro lado, una de las 17 pistas abiertas apunta a un ex integrante del Ejército cuyos antecedentes son investigados mediante información requerida al Ministerio de Defensa. “Los resultados aun no se han completado, dado que los envíos de legajos -desde la cartera ministerial y desde el Ejército- se efectúan de manera esporádica", aclaró el fiscal Molina, quien precisó que “no ha podido acelerar la tarea pese a los insistentes reclamos" porque todo ha quedado “a merced de los tiempos que la mencionada institución castrense (el Ejército) imprime, con la preocupación que esto entraña”.
La causa judicial, que ya tiene 42 cuerpos y decenas de anexos, se inició en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata y en diciembre de 2006 pasó al Juzgado Federal 3 del mismo Departamento Judicial, a cargo de Arnaldo Corazza.
En 2008, la Cámara Federal de La Plata calificó el hecho como una “desaparición forzada” de persona, tras lo cual, el juez Corazza se inhibió y remitió las actuaciones su colega del Juzgado Federal 1, Manuel Blanco.
Luego, el juez Blanco resolvió delegar la investigación en la fiscalía de Molina.
Las últimas tareas de campo que tomaron conocimiento público ocurrieron en febrero de 2011, cuando a partir de los datos aportados por testigos, personal del Cuerpo de Antropología Forense y de Bomberos de la PFA realizó durante varios días una serie de rastrillajes en los alrededores de la estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, en el partido bonaerense de Berazategui, sin resultados positivos.
La declaración:
AA
Septiembre de 2013.
