El TOC 21 dispuso que los alegatos comenzaran el martes 19 a instancias de la fiscal María Luz Jalbert quien justificó el aplazamiento ya que la ausencia de alguno de los acusados podía atentar contra las garantías procesales del debate.
Según la abogada Norma Bouyssou, defensora de Lompizano, éste había viajado el fin de semana anterior a San Martín de los Andes y no pudo conseguir pasaje para regresar a tiempo. La fiscalía sostuvo que el acusado no había pedido autorización ni notificado al tribunal sobre ese viaje, a lo que la letrada indicó que no debía hacerlo porque no pesaba sobre él ninguna medida restrictiva de su libertad.
El contrapunto también se generó porque desde el lado acusador señalaron que Lompizano se había ido de vacaciones, mientras que la defensora argumentó que había viajado por un problema familiar.
Finalmente, el comisario imputado se presentó al día siguiente del aplazamiento del inicio de los alegatos en el Departamento Central de la Policía Federal donde quedó detenido hasta la audiencia del martes.
Ese día fue el turno del alegato de los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Ferreyra.
Los letrado señalaron a los acusados Pedraza y Fernández como los “instigadores” del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.
Bajo esa misma calificación, Bovina y Medina acusaron a los delegados Díaz y González, a los ferroviarios Pipito y Sánchez, y a Favale como “coautores”; y al delegado Alcorcel y los policías Lompizano, Mansilla, Ferreyra, Echavarría, Garay y Conti como “partícipes necesarios”.
Para todos estos imputados, los abogados pidieron la pena de prisión perpetua, en tanto que solicitaron cuatro años de cárcel para Pérez y el picaboletos Uño por el “encubrimiento agravado” del crimen; y de un año en suspenso para el efectivo Villalba, acusado de “omisión de deberes de funcionario público”.
“En nombre del CELS, del movimiento de derechos humanos de Argentina y de esta mujer (en referencia a Beatriz Rial, madre del joven militante del PO asesinado) que hace dos años espera en silencio, una sentencia que otorgue justicia completa y abarcativa para poder dar vuelta la página y volver a empezar”, señaló el letrado Medina. [1]
Para los abogados del CELS, el crimen de Ferreyra fue la “máxima exposición de cómo se ejercía el poder en la Unión Ferroviaria (UF) bajo el mandato de Pedraza, un mecanismo que le permitía hacer grandes negocios con el sudor y la sangre de los trabajadores”. [2]
Según expresó Medina, los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 formaron parte de “un plan criminal ejecutado fría y cobardemente para amedrentar a quienes reclamaban por sus derechos”, y que los agresores “participaron de la cacería humana”.[3]
Bovino, por su parte, explicó que Pedraza y Fernández “armaron el plan para matar y generaron dolo en los autores” materiales del hecho y “evitar futuros reclamos de otros tercerizados, mantener la hegemonía política de la UF y conservar poder económico”. [4]
En ese sentido, los querellantes indicaron que el acusado Díaz fue el “encargado de coordinar al grupo de choque” y quien “traspasaba las órdenes de Fernández y Pedraza”, además de mantener una “relación de confianza” con Favale.
Para los abogados, el sindicado barra brava “llegó al lugar con un grupo de 20 personas, se encontró con aquél (por el imputado Alcorcel), se unió a los ferroviarios, se reunió con Díaz para ultimar detalles del ataque, comenzaron las corridas y disparó”. [5]
Respecto de la actuación de los policías acusados, los querellantes señalaron que “no hicieron nada. Todos, a excepción de Villalba, estaban en condiciones de haber cumplido las órdenes del día que incluía medidas de prevención de los hechos, de negociación con los líderes de cada bando...”, concluyó Medina. [6]
Los alegatos continuaron el viernes 22 de febrero con la exposición de las abogadas Claudia Ferrero del PO y María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en representación de los militantes heridos en los mismos hechos, Rodríguez y Aguirre.
Esta querella pidió que todos los acusados sean condenados a 25 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa”.
Las letradas consideraron a Pedraza y Fernández como “los instigadores” del crimen, a Favale, Sánchez y Díaz como los “coautores” materiales y al resto de los acusados de “partícipes necesarios”.
Y a diferencia del alegato del CELS, esta querella pidió que se investigue la presunta participación de funcionarios públicos de aquel entonces en lo que denominó un "plan criminal" del que "la UF, UGOFE y el Estado son los tres pilares".[7]
En ese sentido, señalaron que el asesinato del joven militante del PO “se trató de un crimen político contra la clase obrera” para "defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios". [8]
Además, pidieron que en caso de ser condenados, los policías acusados que se encuentran en libertad queden inmediatamente detenidos.
Esta querella pidió que todos los acusados sean condenados a 25 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa”.
Las letradas consideraron a Pedraza y Fernández como “los instigadores” del crimen, a Favale, Sánchez y Díaz como los “coautores” materiales y al resto de los acusados de “partícipes necesarios”.
Y a diferencia del alegato del CELS, esta querella pidió que se investigue la presunta participación de funcionarios públicos de aquel entonces en lo que denominó un "plan criminal" del que "la UF, UGOFE y el Estado son los tres pilares".[7]
En ese sentido, señalaron que el asesinato del joven militante del PO “se trató de un crimen político contra la clase obrera” para "defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios". [8]
Además, pidieron que en caso de ser condenados, los policías acusados que se encuentran en libertad queden inmediatamente detenidos.
