El martes 4 de diciembre, tras una semana de receso, se reanudó el juicio por el crimen de Ferreyra. En esa audiencia declararon Pablo Villalba, un obrero tercerizado de la cooperativa Unión del Mercosur e integrante de la lista Bordó, y los policías Gabriel Berard, quien al momento del homicidio era subcomisario en la DGO; y Ángel Ponce, comisario que prestaba servicio en la Dirección de Servicios Especiales de la Superintendencia General de Transporte.
Villalba declaró que comenzó a trabajar a la cooperativa en 2009 por intermedio de su hermano, integrante de la lista Verde. “En los talleres estábamos nosotros y personal efectivo del Roca que hacía mantenimiento de vías, igual que nosotros (…) La diferencia más concreta que teníamos era la del sueldo. Nosotros realizábamos la misma tarea pero cobrábamos la mitad de lo que cobraba un efectivo”, señaló el testigo que aclaró que estaban “todos afiliados a la Unión Ferroviaria”.[1]
“En varias oportunidades nos acercamos a los delegados de los talleres para reclamar algunas condiciones que no se cumplían, como la entrega de ropa y el estado de los vehículos. Una de mis funciones era manejar la camioneta de la cuadrilla, que no tenía seguro ni estaba habilitada para el traslado de persona. Nunca tuvimos respuesta”, indicó.[2]
Villalba relató que en marzo de 2010 lo despidieron tras lesionarse el hombro y haber reclamado tener ART y no un seguro médico aunque el telegrama indicó como motivo una “reestructuración”.
“Le pedí una entrevista a (el acusado) Pablo Díaz, porque creí que, siendo afiliado a la UF, tenía la posibilidad de hablar con alguien del gremio para que intercediera por mí. Le pido telefónicamente la reunión un jueves y me cita para el lunes en las oficinas de Hornos 11. Ese mismo lunes, recibo el telegrama. Cuando llego a la reunión, me encuentro con que Díaz tiene el legajo de mi hermano en su escritorio. Sugirió que mi hermano y yo nos lastimábamos muy seguido, como una suspicacia, y me dijo que nos habían afiliado a la UF simplemente para acceder a los préstamos que daba el sindicato, pero que en estos problemas más particulares, entre las empresas y los trabajadores, no se iban a meter”, recordó.[3]
El testigo dijo que luego se dio cuenta que la “ccoperativa”, en realidad, pertenecía a la Unión Ferroviaria. Y que por ello “el sindicato se oponía al pase a planta de los tercerizados”.
También describió un episodio cuando se encontraba con su cuadrilla de trabajo y se presentaron los acusados Díaz y Arcorcel quienes, según Villalba, les dijeron que “si siguen jodiendo con el paso a planta, les vamos a pegar un tiro”.
Villalba explicó que durante los primeros meses de 2012 hubo más de 150 despidos entre las 22 tercerizadas de la línea Roca y que en julio, los tercerizados realizaron un corte de vías que duró unas nueves horas. A partir de allí, se abrió una negociación en el Ministerio de Trabajo aunque al cabo de 28 audiencias sólo fueron reincorporados 11 trabajadores. Entonces, los reclamos siguieron con bloqueos de boleterías, como los del 6 de septiembre cuando, de acuerdo al testigo, los ferroviarios se presentaron para impedir la protesta.
Respecto de los hechos del 20 de octubre, Villalba dijo que vio a Díaz impartir órdenes al grupo de los ferroviarios y tener una actitud “provocativa”, y que él participó de la protesta a favor de los tercerizados hasta que se produjo la primera agresión. “Era evidente que no iba a poder hacerse ningún corte. Me comuniqué por teléfono con los demás compañeros y me dijeron que ellos también se iban a retirar”, señaló.[4]
Por su parte, el subcomisario Berard contó que el día del crimen él no se encontraba de servicio en la DGO, por lo que sólo aportó datos generales sobre los procedimientos de dicha dirección. “El operador de radio (en este caso el acusado Conti) no puede ser desautorizado por nadie porque es la voz del Director y hasta del jefe de toda la policía”.[5]
Sobre el POC, el testigo dijo que se utiliza “si hay saturación en la frecuencia de radio” y que “es raro que un operador de la sala de situación indique cambiar de canal de comunicación”, en referencia a las grabaciones que mantuvo Conti con el imputado Garay, el subcomisario de de la seccional 30ra. que estaba en el lugar de los hechos.
A su turno, Ponce declaró: “Se preveía que (el 20 de octubre) iban a cortar las vías y que iba a haber dos grupos: los tercerizados y los ferroviarios. Los tercerizados iban a cortar las vías. Y cuando le preguntaron sobre los ferroviarios, dijo: “Teóricamente (sic) iban a confrontar con ellos”.[6]
En tanto, en la audiencia del viernes 7 de diciembre, uno de los testimonios fue el de Ángel Oga, un vecino de Barracas. “Yo vivía en la calle Luján, a pocos metros del puente Bosch, pero en sentido contrario a la avenida Vélez Sarsfield. Ese día (por el del crimen de Ferreyra) estaba en mi casa, haciendo refacciones. Fue después del mediodía, que escuché gritos. Yo estaba en la entrada, dentro de la casa, con tres personas más. Escuchamos gritos, voces, ruidos y salimos a mirar. En principio, había personas sobre Luján, pasando Santa María del Buen Ayre; serían unas 150 personas. Tenían carteles rojos del PO y estaban retrocediendo, iban hacia la avenida Vélez Sarsfield. Arriba de las vías, había personas insultándolos. Gritaban zurdos de mierda, los vamos a matar, cosas por el estilo. Incluso tiraban cascotes, pero por la distancia no los alcanzaban…”, declaró.[7]
“Al principio, yo veía en las vías a cuatro o cinco personas pero cuando bajaron eran bastantes. Había dos patrulleros en la esquina de Lujan y Santa María estacionados cruzando la calle. No vi uniformados pero alcancé a ver al menos una persona de traje con un handy arriba del puente. Entonces baja un grupo de las vías, pequeño, que habla con el personal policial. Tuvo que haber sido en ese momento –yo no lo vi, lo relacioné después- que un auto color borravino estaciona en la casa de al lado, como viniendo del lado del puente Bosch. Dobla, para y se queda ahí, con dos en ese momento. Cuando terminan las personas que bajaron de las vías terminan de hablar con los policías, la policía se retira y de este auto baja una persona con un bolso que yo –por muchos años de militancia, milito desde los 15 años y me formé en la resistencia peronista- pude identificar que, por la forma y el peso, llevaba armas”, indicó Oga.[8]
Según el testigo, estas personas se mezclaron luego con las que bajaban del terraplén. “Era una cantidad de gente importante -80 o 100 personas- y salen corriendo detrás del otro grupo”.
“Había como una división de tareas, aunque no oí a alguien impartiendo directivas. El grupo del PO intentó formar una defensa, llevaban palos, pero tuvieron que retroceder rápido. Ya estaban lejos de mi visión, como a 200 metros”, agregó.[9]
“Entonces escuché detonaciones de armas de distinto calibre. Reconozco eso porque milité en la resistencia peronista. No vi armas, solamente escuché los disparos. No sé cuantos, más de 10. Me concentré en ver la situación. Escuché tres tipos de tiros distintos: una 22, un arma semi automática y la otra no recuerdo”, precisó.[10]
De acuerdo al relato de Oga, “la policía reapareció después, ocho minutos más tarde” e “hicieron lo que hacen muchas veces: se quedaron a mirar”.
Luego del vecino, declaró el inspector Pablo Miño, quien era el encargado del grupo especial de combate de la policía y dijo que permanecieron sobre las vías en Avellaneda hasta que se produjo la primera agresión y que luego recibió la orden de desplazarse a la estación Constitución.
Seguidamente, declaró Fernando Cozzarín, jefe de calle de la comisaría 30ra. al momento del crimen y actualmente retirado de la Policía Federal. Este testigo contó que llegó al puente Bosch al mediodía y permaneció allí unos minutos durante los cuales no pudo entrevistarse con el subcomisario Garay porque éste “estaba hablando con cinco o seis personas de los manifestantes”.
Por su parte, Gustavo Carca, quien era el superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, declaró que las directivas generales para este tipo de actuaciones “no criminalizar la protesta” y que el mediodía del 20 de octubre lo llamó Lompizano para informarle que había un problema en la manifestación de ferroviarios y que después fue hasta su oficina para decirle que hubo “una gresca” entre dos grupos rivales y que había gente herida.
“Los heridos fueron a siete u ocho cuadras de Avellaneda. No se tomaron medidas antes de los heridos, porque se estaban desconcentrando, no había motivos”, dijo Carca, quien sostuvo que recién se enteraron de que había personas baleadas cuando recibieron el informe del Hospital Argerich.[11]
