“Las 62” vandoristas autocalificadas de “Leales a Perón” y “Las 62 De pie junto a Perón” simpatizaron con el golpe de Estado de 1966, al cual no solo valoraron como la desarticulación de un operativo “liberal” por parte del gobierno radical, sino además como la posibilidad de reeditar el pacto sindicatos-ejercito de 1945.
El nuevo régimen militar comenzó por proscribir a todos los partidos políticos, en tanto el objetivo del presidente de facto Onganía y su equipo nacionalista-integrista era la conformación de un movimiento político corporativo. Para eso necesitaba de sindicatos dóciles, por lo que adoptó la medida de devolver la personería gremial a varias organizaciones intervenidas por el gobierno radical.
El acercamiento de Onganía a la CGT no tuvo como interés promover el poder sindical sino señalar que los sindicatos tendrían un lugar en el nuevo orden estatal si aceptaban las reglas del juego del gran capital y las FF.AA.
En el cronograma del nuevo gobierno militar no figuraban las huelgas, por lo que en agosto del 66´ se firmó la ley 16.936 que estableció el arbitraje obligatorio y cuando algunos sindicatos iniciaron medidas de fuerza fueron intervenidos.
La intervención al Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA) y la ley de racionalización de trabajo portuario originó la primera huelga contra el gobierno militar que se prolongo durante 2 meses. Pese a estas medidas antisindicales, la CGT trató de mantener buenas relaciones con el gobierno, al tiempo que el vandorismo necesitó fortalecer la CGT.
El nuevo régimen formuló en noviembre el programa económico de la “Revolución Argentina” de orientación monetarista, cuyo objetivo principal fue modernizar la economía argentina. Para lo cuál, sus principales medidas fueron reducir el déficit fiscal, promover la inversión de capital extranjero y mantener precios competitivos para las exportaciones tradicionales.
En esta estrategia de economía de exportación con precios competitivos, la estabilización de precios internos y salarios era esencial, por lo que fueron congelados los segundos y controlados los primeros.
La respuesta inicial de la CGT fue una huelga general el 14 de noviembre pero ésta sólo logró el desplazamiento del ministro de Economía Jorge Salimei y su reemplazo por Adalbert Krieger Vasena, un hombre vinculado a las empresas subsidiarias extranjeras en el ramo de la alimentación.
Vasena acentuó los llamados “planes de racionalización” y de “modernización”, con despidos de personal, lo cual implicó fuertes conflictos que derivaron en otras huelgas. La política del flamante ministro intentó reinstalar la economía argentina en el mercado mundial, sobre la base de modificar la estructura de las exportaciones, a favor de los productos agroindustriales y en detrimento del tradicional monopolio de cereales y carnes.
Se trató de un programa “industrialista–eficientista” que supuso un rápido proceso de modernización y aumento de productividad mediante el reemplazo de la mano de obra por bienes de capital y tecnología extranjera.
Pero tal política implicó crear condiciones preferenciales para las importaciones extranjeras, lo que condujo a la reducción de aranceles para la importación y reformas impositivas que ocasionaron una ola de quiebras en las pequeñas y medianas empresas, las principales fuentes de trabajo.
Al mismo tiempo, el gobierno implantó fuerte retenciones a la exportación de productos del campo para subsidiar las exportaciones no tradicionales, lo que generó tensiones en los grandes empresarios pampeanos.
Pero la que pagó el costo de esta política de apertura y modernización segmentaria fue la clase obrera que debió soportar los aumentos de los precios de alimentos mientras que los salarios permanecieron congelados. Además, las nuevas inversiones de tecnología no fueran generadoras de empleo masivo y ocasionaron mayor desempleo.
