El crimen del militante XXVI

Los alegatos en el juicio por el crimen de Ferreyra debieron haber empezado el viernes 15 de febrero, sin embargo, la audiencia se pospuso porque el comisario Lompizano, uno de los policías acusados, no se presentó ante el tribunal que, ante esa situación ordenó su detención.

El TOC 21 dispuso que los alegatos comenzaran el martes 19 a instancias de la fiscal María Luz Jalbert quien justificó el aplazamiento ya que la ausencia de alguno de los acusados podía atentar contra las garantías procesales del debate.

Según la abogada Norma Bouyssou, defensora de Lompizano, éste había viajado el fin de semana anterior a San Martín de los Andes y no pudo conseguir pasaje para regresar a tiempo. La fiscalía sostuvo que el acusado no había pedido autorización ni notificado al tribunal sobre ese viaje, a lo que la letrada indicó que no debía hacerlo porque no pesaba sobre él ninguna medida restrictiva de su libertad.

El contrapunto también se generó porque desde el lado acusador señalaron que Lompizano se había ido de vacaciones, mientras que la defensora argumentó que había viajado por un problema familiar.

Finalmente, el comisario imputado se presentó al día siguiente del aplazamiento del inicio de los alegatos en el Departamento Central de la Policía Federal donde quedó detenido hasta la audiencia del martes.

Ese día fue el turno del alegato de los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Ferreyra.

Los letrado señalaron a los acusados Pedraza y Fernández como los “instigadores” del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Bajo esa misma calificación, Bovina y Medina acusaron a los delegados Díaz y González, a los ferroviarios Pipito y Sánchez, y a Favale como “coautores”; y al delegado Alcorcel y los policías Lompizano, Mansilla, Ferreyra, Echavarría, Garay y Conti como “partícipes necesarios”.

Para todos estos imputados, los abogados pidieron la pena de prisión perpetua, en tanto que solicitaron cuatro años de cárcel para Pérez y el picaboletos Uño por el “encubrimiento agravado” del crimen; y de un año en suspenso para el efectivo Villalba, acusado de “omisión de deberes de funcionario público”.

“En nombre del CELS, del movimiento de derechos humanos de Argentina y de esta mujer (en referencia a Beatriz Rial, madre del joven militante del PO asesinado) que hace dos años espera en silencio, una sentencia que otorgue justicia completa y abarcativa para poder dar vuelta la página y volver a empezar”, señaló el letrado Medina. [1]

Para los abogados del CELS, el crimen de Ferreyra fue la “máxima exposición de cómo se ejercía el poder en la Unión Ferroviaria (UF) bajo el mandato de Pedraza, un mecanismo que le permitía hacer grandes negocios con el sudor y la sangre de los trabajadores”. [2]

Según expresó Medina, los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 formaron parte de “un plan criminal ejecutado fría y cobardemente para amedrentar a quienes reclamaban por sus derechos”, y que los agresores “participaron de la cacería humana”.[3]

Bovino, por su parte, explicó que Pedraza y Fernández “armaron el plan para matar y generaron dolo en los autores” materiales del hecho y “evitar futuros reclamos de otros tercerizados, mantener la hegemonía política de la UF y conservar poder económico”. [4]

En ese sentido, los querellantes indicaron que el acusado Díaz fue el “encargado de coordinar al grupo de choque” y quien “traspasaba las órdenes de Fernández y Pedraza”, además de mantener una “relación de confianza” con Favale.

Para los abogados, el sindicado barra brava “llegó al lugar con un grupo de 20 personas, se encontró con aquél (por el imputado Alcorcel), se unió a los ferroviarios, se reunió con Díaz para ultimar detalles del ataque, comenzaron las corridas y disparó”. [5]

Respecto de la actuación de los policías acusados, los querellantes señalaron que “no hicieron nada. Todos, a excepción de Villalba, estaban en condiciones de haber cumplido las órdenes del día que incluía medidas de prevención de los hechos, de negociación con los líderes de cada bando...”, concluyó Medina. [6]

Los alegatos continuaron el viernes 22 de febrero con la exposición de las abogadas Claudia Ferrero del PO y María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en representación de los militantes heridos en los mismos hechos, Rodríguez y Aguirre.

Esta querella pidió que todos los acusados sean condenados a 25 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa”.

Las letradas consideraron a Pedraza y Fernández como “los instigadores” del crimen, a Favale, Sánchez y Díaz como los “coautores” materiales y al resto de los acusados de “partícipes necesarios”.

Y a diferencia del alegato del CELS, esta querella pidió que se investigue la presunta participación de funcionarios públicos de aquel entonces en lo que denominó un "plan criminal" del que "la UF, UGOFE y el Estado son los tres pilares".[7]

En ese sentido, señalaron que el asesinato del joven militante del PO “se trató de un crimen político contra la clase obrera” para "defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios". [8]

Además, pidieron que en caso de ser condenados, los policías acusados que se encuentran en libertad queden inmediatamente detenidos.

El crimen del militante XXV

El lunes 4 de febrero de 2013, el juicio por el asesinato de Ferreyra continuó con una inspección ocular en la escena del crimen. El tribunal, los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados de las distintas partes del proceso arribaron a Avellaneda cerca del mediodía bajo un operativo de seguridad a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional. Mientras ninguno de los imputados concurrió al lugar, militantes del PO acompañaron la diligencia.

El primer lugar visto fue el Puente Bosch y donde los manifestantes subieron a las vías ferroviarias y se iniciaron las agresiones. Luego, los funcionarios transitaron por Luján, hasta Santa Elena, en Barracas, donde el grupo que marchaba a favor de los tercerizados realizó una asamblea en la que decidió retirarse. Después se trasladaron hasta la esquina Perdriel, donde Ferreyra fue baleado y finalmente la calle Limay, donde Rodríguez cayó herida. Ya de regreso al punto de partido, pasaron por el playón de Chevallier, donde el equipo periodístico de C5N fue amenazado. Desde allí, volvieron por Luján, subieron el terraplén, cruzaron el puente hacia el lado de provincia, caminaron por las vías hasta la estación Yrigoyen, pasaron por un viejo local del PO y concluyeron el recorrido en la estación Avellaneda.

Al día siguiente, el debate continuó con la reproducción de escuchas telefónicas incorporadas en el expediente durante la etapa de instrucción de la causa. En una de ellas, se escuchó un diálogo que mantuvieron el 14 de enero de 2011 el imputado Pedraza y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

También se reprodujo una comunicación telefónica entre Pedraza y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que ambos mantuvieron el 11 de enero tras los primeros allanamientos a los acusados de la Unión Ferroviaria.

La etapa de incorporación de pruebas en debate oral concluyó el viernes 8 de febrero, con las últimas dos declaraciones, primero la de uno de los policías acusados, Lompizano, y luego la del imputado como autor material del homicidio, Favale.

Lompizano, quien el 4 de marzo cumpliría 39 años de servicio en la Policía Federal, dijo: “Nunca imaginé que mi carrera iba a terminar así, abruptamente, imputado en un caso tan doloroso e importante como este”. (3)

Y luego intentó desligarse al responsabilizar a la División Roca que le envió reportes que los llevaron a pensar que “no pasaba nada” en el corte de vías en favor de los tercerizados.

Cerca del mediodía, el acusado Favale hizo una breve declaración en la que se remitió a sus tres indagatorias prestadas durante la etapa de instrucción y en la que no aceptó responder preguntas.

“Antes que nada, quiero dejarles algo claro, volver a decirles que no cometí el hecho que se me atribuye, que es cierto que estuve en el lugar de los hechos, que inclusive llevé un grupo de pibes que se ve junto a mí en los videos, que insultamos, tiramos piedras, alentamos, saltamos, pero jamás llevé armas”, afirmó el imputado. (4)

“Como se sabe, estuve en actos ferroviarios. Era la manera de demostrar el interés en el trabajo que quería conseguir. Por eso, llevé gente, bombos, redoblantes, me puse la gorra y la pechera en los distintos actos. Era la forma de apoyar a los ferroviarios. Pero nunca hubo armas o disparos. Sí insultos, empujones, pero jamás hubo disparos, y me pregunto por qué en este sí. Y no lo entiendo. Ni lo voy a entender aún después de este juicio. No lo voy a entender”, continuó. (5)

Luego, Favale se refirió al testigo Alejandro Benítez: “El testigo encubierto, el testigo protegido… el testigo protegido me acusó de algo que no cometí. (…) Él fue la primera persona que me acusó el 21 de octubre de 2010; me acusó falsamente, instaló mi imagen en todos los medios de comunicación, desvió y corrió la mirada hacia otra persona y evitó ser investigado él mismo”. (6)

El acusado dijo que fue en el juicio que él se enteró que “Benítez era uno de los que corría armado en primera línea y muchas veces lo vieron en los videos al lado de quiénes corría”. (7)

“Él (por Benítez) tendría que estar acá con nosotros, señores, sentado acá con los imputados y no como testigo”, concluyó Favale. (8).