El jueves 14 de julio se produjo la primera nevada fuerte de la temporada de invierno, lo que mejoró el ánimo de toda la gente que vivía del turismo, comerciantes, hoteleros, gastronómicos, agencias de viajes, empresas de transporte y operadores del cerro donde se practicaban los deportes de nieve.
Ese mismo día, Lucas, de 29 años y oficial ayudante de la policía local, salió uniformado de su casa alrededor de las 13 para presentarse a tomar servicio en la comisaría 42da. con jurisdicción en el humilde barrio 2 de Abril, en la zona del Alto. Sin embargo, sus jefes dijeron que nunca llegó a la seccional.
Por la noche, cerca de las 20, una comisión policial de dicha comisaría se dirigió hasta el domicilio que Lucas alquilaba en la costanera del lago y se entrevistó con la novia de éste, Daniela, quien confirmó que no sabía nada de su pareja desde que había salido a trabajar.
Unas dos horas después, los sargentos Irusta y Morales, allanaron sin orden judicial la habitación de Lucas donde manipularon la computadora portátil del oficial desaparecido, al parecer, en busca de pistas sobre su paradero.
Recién a la mañana siguiente la Justicia intervino en el caso e inició una investigación formal que incluyó como primeras medidas una inspección en la vivienda de Lucas y el sector de la costa más cercano al domicilio, y un rastrillaje en un descampado ubicado detrás del hipermercado del Alto.
Mientras se lo buscaba, los investigadores constataron que el teléfono celular de Lucas estaba apagado o fuera de servicio.
En tanto, los padres y los dos hermanos de Lucas, que residían en la zona centro de la provincia viajaron hasta la ciudad cordillerana donde se entrevistaron con el fiscal de la causa, que ante la falta de noticias sobre el paradero del oficial ayudante comenzó a tomarles declaración a los policías que trabajaban con él.
Pero estos testimonios no arrojaron buenos resultados y la primera pista se obtuvo a la semana siguiente cuando los pesquisas descubrieron que una cámara de seguridad de un comercio del centro comercial de la ciudad captó una imágenes de la parada de colectivos habitualmente utilizada por Lucas y en las que aparentemente se lo vio al oficial ayudante abordar un auto color gris que pasó por el lugar.
Sin embargo, las imágenes analizadas no eran del todo claras, por lo que los investigadores no pudieron identificar el vehículo ni confirmar que se había tratado del policía desaparecido.
A este inconveniente se sumó horas después que la fiscalía recibió un primer informe de los cruces de llamados del celular de Lucas pero el mismo estaba incompleto, al parecer, por problemas técnicos.
Ante la falta de respuesta por parte de los investigadores, la familia del oficial ayudante realizó una primera marcha frente a la Unidad Regional de la Policía, situada en el Centro Cívico de la ciudad, para reclamar por el esclarecimiento del caso.
Así, la desaparición de Lucas se conoció a nivel nacional, por lo que los rastrillajes se intensificaron, especialmente, en la extensísima costa del lago, donde a los policías provinciales y bomberos se sumaron efectivos del Plan del Manejo del Fuego con sus helicópteros.
Por su parte, la familia de Lucas volvió a marchar por el centro de la ciudad y exigió que la policía local fuese apartada de la investigación ya que sospechaba que podía estar involucrada. Luego de este reclamo, el Ministerio de Seguridad provincial resolvió desplazar de sus cargos al jefe de la Unidad Regional, a los dos comisarios de la seccional 42 y a los sargentos Irusta y Morales.
A tono con la gravedad que estaba implicando el caso, el Ministerio Público resolvió crear una comisión de fiscales para investigar lo ocurrido con Lucas y sumar a la pesquisa a tres fueras federales: Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional (GN) para trabajar en tierra y Prefectura Naval (PN) para los procedimientos en el lago. Sin embargo, esta última medida no implicó el desplazamiento de los policías provinciales, que siguieron formando parte del operativo de búsqueda.
Además, el Gobierno provincial ofreció una recompensa de 250 mil pesos para aquellas personas que aportasen datos para localizar al oficial ayudante desaparecido, tras lo cual, el equipo de fiscales comenzó a recibir distintos mensajes anónimos que apuntaron contra la policía local.
Siguiendo esta pista, los investigadores judiciales ordenaron a las fuerzas federales allanar distintas dependencias policiales de la ciudad y en base a los datos obtenidos en esos operativos el juez Campana abrió un expediente paralelo por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público en el que quedaron imputados los sargentos Irusta y Morales y otro efectivo, Meyreles, que no prestaba servicios en la ciudad pero que quedó acusado de querer adquirir un teléfono celular con un chip a nombre de Lucas y un DNI falso a nombre del desaparecido.
Pero al ser indagados por el magistrado, estos tres policías negaron estar vinculados con la desaparición del oficial ayudante y Meyreles hasta dijo que no conocía a Lucas al tiempo que denunció que había sido otro efectivo, Valenzuela, quien le había aportado el chip y el DNI apócrifo, por lo que éste último también quedó imputado.
La familia de Lucas, desesperada, se reunió con el gobernador que luego del encuentro admitió que “un sector” de la policía provincial estaba “bajo sospecha” y criticó la “pasividad” de la fuerza en la investigación.
En tanto, la búsqueda de Lucas se amplió a otros lagos de la zona con el aporte de un robot subacuático de la PN, pero tampoco hubo resultados positivos. Entonces, la Justicia, que seguía recibiendo llamados anónimos que apuntaban contra la policía local, enfocó los rastrillajes en El Alto, especialmente, en la ruta Circunvalación, que dividía esa zona en dos: norte y sur.
Se trató de un terreno amplio, con muchos descampados con densa vegetación y formaciones rocosas elevadas, lo que demandó mucho tiempo y esfuerzo de parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad. Y, sobre todo, conocimiento del lugar, por lo que los policías provinciales fueron parte activa de esos rastrillajes.
El martes 9 de agosto se realizó un primer operativo que abarcó el sector sur de los alrededores de la ruta y el mismo dio negativo. Pero al día siguiente, cuando los efectivos rastrillaron el sector norte finalmente hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición a unos 500 metros de la traza de Circunvalación.
A simple vista, el cuerpo tenía uniforme policial y junto al mismo había una pistola, por lo que todo indicaba que se trataba de Lucas, pero no se pudo identificar a la víctima en el lugar, hasta donde llegaron los hermanos del oficial ayudante acompañados de sus abogados, quienes solicitaron al juez Campana que la fuerza local, que había sido la que encontró el cadáver, abandonara el operativo y que los peritajes estuviesen a cargo de los especialistas de GN.
Luego de casi un día se trabajos en el lugar del hallazgo del cuerpo, este fue trasladado a la Morgue Judicial donde a través de las huellas dactilares se confirmó que se trataba de Lucas y que presentaba un balazo en la cabeza.
Ante estos primeros datos, la familia de Lucas gritó a los cuatro vientos que el cuerpo había sido “plantado” y que se había montado una escena para simular un “suicidio” y también revelaron que ellos contaban con informantes anónimos que afirmaban que el oficial ayudante había sido asesinado en otro lugar, una sede alejada de la Policía Montada ubicada en un camino alternativo que conducía al cerro.
Estas mismas fuentes, que decían temerle a la policía local, dijeron que a Lucas los habían matado sus propios compañeros dela fuerza ya que había descubierto la complicidad de éstos en el crimen de Micaela, la joven madre que en abril había permanecido 15 días desaparecido y luego apareció asesinada al sur de Circunvalación, a tan sólo un kilómetro del donde se halló el cadáver del oficial ayudante, en lo que se convirtió en el tercer femicidio cometido en la ciudad en lo que iba del año.
Las coincidencias entre ambos hechos resultaron llamativas dado que la mujer había desaparecido cuando se dirigía al barrio 2 de Abril y fue vista abordar un auto desconocido, y su cuerpo fue hallado en una zona que ya había sido rastrillada previamente. Y, al igual que con el caso del oficial ayudante, no había ninguna pista sobre la identidad de el o los autores materiales del crimen.
Por todo ello, los familiares de ambas víctimas marcharon juntas el jueves 11 de agosto en una movilización que reunió a miles de vecinos que se mostraron conmocionados por la situación que les imprimía un profundo temor porque los que debían cuidarlos y protegerlos estaban siendo investigados como los presuntos responsables de los dos crímenes.
En medio de esa consternación –la cual no era compartida por toda la población ya que ciertos sectores estaban más preocupados porque la temporada había sido buena sólo durante las dos semanas de receso escolar-, los fiscales del caso Lucas, aún sin contar con los resultados finales de la autopsia, afirmaron públicamente que no había “ninguna duda” de que se trataba de un asesinato y descartaron la hipótesis del suicidio.
Los instructores judiciales, respaldados por el fiscal general de la provincia, también reconocieron que los peritajes arrojaban que donde se halló el cuerpo no era la escena del crimen primaria y que las sospechas apuntaban a la sede de la Policía Montada. La principal duda era si, tal como lo denunciaban los informantes anónimos, la víctima había sido asesinada allí o en otro lugar, o si en esa dependencia sólo ocultaron el cuerpo hasta que decidieron tirarlo en el descampado como una especie de mensaje mafioso, ¿destinado a quién?
AA
Agosto 2016
