* Basado en un texto de Julio Godio.
El 16 de diciembre de 1963, el CCC aprobó el inicio de la segunda etapa del “Plan de Lucha” que comenzó formalmente el 4 de febrero del 64´ con los partidos políticos, excepto el Partido Socialista Democrático, los conservadores y la UCRP.
El 28 del mismo mes, se reunió nuevamente el CCC para ejecutar el único punto en el que había coincidido con el gobierno radical: enviar varios proyectos al Congreso sobre la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aumento de montos mínimos a jubilaciones y pensiones, reincorporación de cesantes, amnistía y caso Vallese.
El gobierno intentó desplazar el conflicto hacia la Cámara de Diputados y obligar a la CGT a involucrarse en el funcionamiento del Poder Legislativo y aceptar las decisiones de éste. La central obrera aceptó el reto pero no se limito a enviar los proyectos sino que los acompaño con medidas de fuerza ya que la proscripción del peronismo hizo que no contara con diputados y senadores del movimiento.
El CCC resolvió el 10 de abril realizar una nueva concentración frente al Congreso. La medida fue suspendida para reanudar conversaciones con las autoridades parlamentarias. Estas reuniones fracasaron, por lo que el Consejo decidió el 1 de mayo impulsar una nueva forma de acción sindical que se constituyó en el núcleo de la segunda etapa del “Plan de Lucha”: ocupaciones de fábricas, medida que se desarrolló de manera parcial, zonal y por grupos; también de forma total y simultánea en todo el país por el termino de 24 horas.
De esta manera las ocupaciones de fábricas se tornaron en una forma de lucha fronteriza con una postura “subversiva” e “izquierdista” ya que cuestionaba no sólo la autoridad del Estado, sino también la propiedad privada de los empresarios.
Pero el "vandorismo" estaba dispuesto a “ir más lejos” hasta lograr que el movimiento sindical fuera reconocido por el empresariado como “factor de poder” dentro del sistema de relaciones políticas.
Luego, el CCC se reunió el 8 de julio y tomó una nueva decisión: reinstalar las movilizaciones obreras dentro de un espacio político más amplio convocando a 45 Cabildos Abiertos zonales, provinciales y uno nacional.
El "Plan de Lucha" logró el objetivo de demostrar que la CGT era un “factor de poder” y que se trataba del eje de aglutinamiento de partidos políticos y movimientos sociales populares. Pero en el interior de la organización obrera el sector independiente indicó a las 62 Organizaciones que no estaba dispuesto a ser el “furgón de cola” para desestabilizar al gobierno de Illia. Y al mismo tiempo, en las propias "62" había quienes pensaban con razón que el vandorismo intentaba construir un “peronismo sin Perón” y que ello era inadmisible.
1962-1965: Parte II*
* Basado en un texto de Julio Godio.
El Congreso Normalizador de la CGT fue liderado y homogeneizado por las 62 Organizaciones y en ésta emergió la UOM como sindicato líder aunque como secretario general de la central obrera fue elegido el 1 de febrero de 1963 José Alonso, perteneciente al rubro del Vestido. Este sindicalista, fuertemente influenciado por corrientes integristas de la Iglesia Católica, primero puso énfasis en modernizar las estructuras pero luego fue perdiendo ese interés. Sin embargo, le dio a la CGT una etapa de gran vitalidad política.
Como consecuencia de este “impulso modernizador” se crearon departamentos y comisiones que permitieron al Secretariado contar con apoyo teórico–ideológico para la formulación de políticas sindicales que se desarrollaron en condiciones particulares ya que el país había retornado a una “semidictadura” o “dictadura blanda” practicada por el presidente Guido.
Pero al mismo tiempo, el peronismo se sintió más fuerte ya que se había demostrado que el país era ingobernable sin la participación del justicialismo. A su vez, “Las 62” se convirtió en la “la columna vertebral” del Movimiento y pensó que, además, detentaba el “poder decisorio” dentro del peronismo.
Esta especulación se convirtió en teoría política y así nació el “vandorismo” que cerró toda posibilidad de que el accionar de las 62 Organizaciones permitiese alcanzar un sindicalismo vinculado al partido peronista pero política y orgánicamente autónomo. Por el contrario, Vandor acentuó la tradición de subsumir al sindicalismo en el partido peronista, con la diferencia de que el partido se subsumiría en el acuerdo entre “Las 62” y los núcleos partidistas “neoperonistas”, lo que para el propio Perón resultó una ecuación inaceptable.
El "vandorismo" consideró que se estaban creando las condiciones para una contraofensiva peronista a partir un nuevo gobierno cívico-militar debilitado por sus luchas internas. Además, su política económica, al promover el traslado de ingresos del sector agroexportador, había provocado un fuerte desequilibrio en el sector industrial, la caída del PBI y del salario real, y el aumento de la desocupación.
Ante esta situación, entre el 15 y el 18 de abril del 63´ el CCC de la CGT resolvió implementar un “Plan de Lucha” de duración hasta junio 1964 y cuyas principales propuestas fueron:
- Actualización de salarios con relación al creciente costo de vida.
Este “Plan de Lucha” se convirtió en la acción sindical mas prolongada en la historia del movimiento obrero argentino y su componente central fue la negociación con el gobierno. Al comienzo, el presidente Guido respondió con evasivas a los pedidos sindicales lo que originó que dicho plan fuera ejecutado después de las elecciones del 7 de julio en las que el peronismo fue proscrito a través de la anulación de las candidaturas de Vicente Solano Lima y Raúl Matera.
Tras las elecciones en las que se consagró ganador la UCRP de Arturo Illia, la CCC se volvió a reunir y resolvió realizar una nueva semana de protesta, terminando con un paro de 24 horas; normalizar las regionales, aprovechando las jornadas de agitación; y efectuar asambleas y reuniones activistas.
El 26 de agosto, la CGT se volvió a entrevistar con Guido, quien nuevamente respondió con evasivas, por lo que continuaron las acciones de agitación, aunque sin ir a un paro general ya que esperaron a la respuesta de Illia, quien asumió el 12 de octubre.
El 20 de ese mes, los sindicalistas se reunieron con el nuevo ministro de Trabajo Fernando Solá y tampoco recibieron respuestas positivas, por lo que la CGT decidió realizar el 6 de diciembre una concentración obrera frente al Congreso Nacional.
Un día antes de la concentración, la CGT fue recibida por el presidente Illia a quien le entregó un memorial con sus reclamos laborales y políticos, pero sin modificar sus intenciones de paro que al día siguiente finalmente se llevó a cabo de 10 a 16, lo que significó el fin de la primera etapa del “Plan de Lucha”.
El Congreso Normalizador de la CGT fue liderado y homogeneizado por las 62 Organizaciones y en ésta emergió la UOM como sindicato líder aunque como secretario general de la central obrera fue elegido el 1 de febrero de 1963 José Alonso, perteneciente al rubro del Vestido. Este sindicalista, fuertemente influenciado por corrientes integristas de la Iglesia Católica, primero puso énfasis en modernizar las estructuras pero luego fue perdiendo ese interés. Sin embargo, le dio a la CGT una etapa de gran vitalidad política.
Como consecuencia de este “impulso modernizador” se crearon departamentos y comisiones que permitieron al Secretariado contar con apoyo teórico–ideológico para la formulación de políticas sindicales que se desarrollaron en condiciones particulares ya que el país había retornado a una “semidictadura” o “dictadura blanda” practicada por el presidente Guido.
Pero al mismo tiempo, el peronismo se sintió más fuerte ya que se había demostrado que el país era ingobernable sin la participación del justicialismo. A su vez, “Las 62” se convirtió en la “la columna vertebral” del Movimiento y pensó que, además, detentaba el “poder decisorio” dentro del peronismo.
Esta especulación se convirtió en teoría política y así nació el “vandorismo” que cerró toda posibilidad de que el accionar de las 62 Organizaciones permitiese alcanzar un sindicalismo vinculado al partido peronista pero política y orgánicamente autónomo. Por el contrario, Vandor acentuó la tradición de subsumir al sindicalismo en el partido peronista, con la diferencia de que el partido se subsumiría en el acuerdo entre “Las 62” y los núcleos partidistas “neoperonistas”, lo que para el propio Perón resultó una ecuación inaceptable.
El "vandorismo" consideró que se estaban creando las condiciones para una contraofensiva peronista a partir un nuevo gobierno cívico-militar debilitado por sus luchas internas. Además, su política económica, al promover el traslado de ingresos del sector agroexportador, había provocado un fuerte desequilibrio en el sector industrial, la caída del PBI y del salario real, y el aumento de la desocupación.
Ante esta situación, entre el 15 y el 18 de abril del 63´ el CCC de la CGT resolvió implementar un “Plan de Lucha” de duración hasta junio 1964 y cuyas principales propuestas fueron:
- Actualización de salarios con relación al creciente costo de vida.
- Control de costos y fijación de precios máximos para artículos de primera necesidad.
- Propugnar la plena ocupación.
- Pago de jubilaciones y pensiones atrasadas
- Plan de construcción de viviendas populares.
- Defensa de la producción del campo.
- Reincorporación de cesantes por asuntos gremiales.
- Política crediticia orientada a reactivar la producción
- Jerarquización de la enseñanza publica.
- Investigación del contrabando.
Este “Plan de Lucha” se convirtió en la acción sindical mas prolongada en la historia del movimiento obrero argentino y su componente central fue la negociación con el gobierno. Al comienzo, el presidente Guido respondió con evasivas a los pedidos sindicales lo que originó que dicho plan fuera ejecutado después de las elecciones del 7 de julio en las que el peronismo fue proscrito a través de la anulación de las candidaturas de Vicente Solano Lima y Raúl Matera.
Tras las elecciones en las que se consagró ganador la UCRP de Arturo Illia, la CCC se volvió a reunir y resolvió realizar una nueva semana de protesta, terminando con un paro de 24 horas; normalizar las regionales, aprovechando las jornadas de agitación; y efectuar asambleas y reuniones activistas.
El 26 de agosto, la CGT se volvió a entrevistar con Guido, quien nuevamente respondió con evasivas, por lo que continuaron las acciones de agitación, aunque sin ir a un paro general ya que esperaron a la respuesta de Illia, quien asumió el 12 de octubre.
El 20 de ese mes, los sindicalistas se reunieron con el nuevo ministro de Trabajo Fernando Solá y tampoco recibieron respuestas positivas, por lo que la CGT decidió realizar el 6 de diciembre una concentración obrera frente al Congreso Nacional.
Un día antes de la concentración, la CGT fue recibida por el presidente Illia a quien le entregó un memorial con sus reclamos laborales y políticos, pero sin modificar sus intenciones de paro que al día siguiente finalmente se llevó a cabo de 10 a 16, lo que significó el fin de la primera etapa del “Plan de Lucha”.
1962-1965: El sindicalismo como factor de poder - Parte I*
*Basado en un texto de Julio Godio.
La participación o proscripción del peronismo volvió a plantearse en 1962, cuando se convocó a elecciones para gobernadores, senadores y diputados. Para el Gobierno el dilema era que una derrota de aquel Movimiento lo podía acercar a un compromiso con los partidos liberales pero una victoria podría derivar en un golpe militar. De hecho, hasta el mismo Perón se mostró renuente a participar en los comicios por temor a que un triunfo peronista desembocara en una toma del poder de parte de los militares. Pero las 62 Organizaciones mantuvieron la idea de colocar sindicalistas en las listas, por lo que el General avaló la participación en las elecciones.
Finalmente, el Movimiento venció en 10 de las 14 provincias, por lo que Frondizi anuló las elecciones y la FF.AA. terminaron por derrocarlo y dejando en el poder un civil, el vicepresidente José M. Guido.
Pese al golpe de Estado el peronismo no fue perseguido ya que lo único que habían buscado los militares fue impedir el retorno al gobierno. Mientras que la CGT no se desmoralizó y comprendió que el objetivo debía ser fortalecer aún más las organizaciones sindicales para prepararse para futuras batallas de desgaste del resistente antiperonismo existente en las FF.AA.
El nuevo gobierno encabezado por Guido permitió a principios de 1963 que se llevara a cabo un Congreso Normalizador de la CGT en el que estuvieron representadas unas 100 organizaciones sindicales, entre las que se destacaron las delegaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General de Empleados de Comercio.
En esa oportunidad, una “Comisión Provisoria” aprobó por unanimidad la siguiente reforma de los estatutos:
- Se suprimiría en la declaración de principios la adhesión a la ideología peronista pero se reafirmaba el derecho de las organizaciones sindicales a la acción política.
- Se reafirmaba que la CGT lucharía por el pluralismo político en el país, es decir, por la legalización del peronismo.
- En materia de relaciones entre el Comité Central Confederal (CCC) y sus afiliados, se anulaba la atribución de este de intervenir a las organizaciones afiliadas y se preservaba su autonomía.
- El secretariado sería elegido con el Congreso y no, como anteriormente, en el CCC.
Finalmente, el Movimiento venció en 10 de las 14 provincias, por lo que Frondizi anuló las elecciones y la FF.AA. terminaron por derrocarlo y dejando en el poder un civil, el vicepresidente José M. Guido.
Pese al golpe de Estado el peronismo no fue perseguido ya que lo único que habían buscado los militares fue impedir el retorno al gobierno. Mientras que la CGT no se desmoralizó y comprendió que el objetivo debía ser fortalecer aún más las organizaciones sindicales para prepararse para futuras batallas de desgaste del resistente antiperonismo existente en las FF.AA.
El nuevo gobierno encabezado por Guido permitió a principios de 1963 que se llevara a cabo un Congreso Normalizador de la CGT en el que estuvieron representadas unas 100 organizaciones sindicales, entre las que se destacaron las delegaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General de Empleados de Comercio.
En esa oportunidad, una “Comisión Provisoria” aprobó por unanimidad la siguiente reforma de los estatutos:
- Se suprimiría en la declaración de principios la adhesión a la ideología peronista pero se reafirmaba el derecho de las organizaciones sindicales a la acción política.
- Se reafirmaba que la CGT lucharía por el pluralismo político en el país, es decir, por la legalización del peronismo.
- En materia de relaciones entre el Comité Central Confederal (CCC) y sus afiliados, se anulaba la atribución de este de intervenir a las organizaciones afiliadas y se preservaba su autonomía.
- El secretariado sería elegido con el Congreso y no, como anteriormente, en el CCC.
El Congreso criticó también el decreto de Seguridad del Estado promulgado por el nuevo gobierno de Guido y exigió la aparición con vida de Felipe Vallese, secuestrado en 1962 por la policía y quien terminó por convertirse en el primer dirigente sindical asesinado dentro de la teoría de “guerra contrarrevolucionaria”.
En ese aspecto “social”, el Congreso resolvió exigir la “libertad de los detenidos y condenados por cuestiones políticas”, la “restitución de las personerías gremiales suspendidas o canceladas, el cese de “las clausuras a los locales de los sindicatos”, la “plena vigencia de las leyes de previsión social, creación de nuevas fuentes de trabajo, reincorporación de los cesantes por causas gremiales y prohibición legal de los despidos en masa”, el “otorgamiento de créditos liberales por el Banco Hipotecario Nacional para la vivienda obrera” y la “participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, legislación para la mujer que trabaja asignando el pago total de los días pre y post natal”.
Respecto del plano “económico”, los sindicalistas pidieron por el “efectivo funcionamiento del Instituto Nacional de Remuneraciones y la urgente solución del problema de sueldos y salarios”; el “cambio total de las estructuras económicas, dando una efectiva participación a los trabajadores en todos los órganos de conducción de la vida económica de la Nación”; el “control de costos y fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad y estabilización política de precios en general con control sobre sus costos”; la “anulación de los contratos petroleros”; la “reforma agraria, realizada en profundidad, concretando un sistema de distribución de la tierra”; y el “equilibrio del presupuesto nacional”.
Por último, sobre materia “política”, el Congreso exigió el “retorno a la Constitución y al estado de derecho”; el “levantamiento del estado de sitio”; la libertad de prensa oral y escrita”; la “modificación del estatuto de los partidos políticos permitiendo que el pueblo que coloque en pie de igualdad y pueda manifestar su voluntad”; la “amnistía amplia sin distinción de sectores”; la “eliminación de los servicios de inteligencia oficiales de represión y de persecución de las ideas”; la “defensa de los bienes patrimoniales de la Nación no permitiendo su enajenación”; y la “plena autodeterminación de los pueblos”.
En ese aspecto “social”, el Congreso resolvió exigir la “libertad de los detenidos y condenados por cuestiones políticas”, la “restitución de las personerías gremiales suspendidas o canceladas, el cese de “las clausuras a los locales de los sindicatos”, la “plena vigencia de las leyes de previsión social, creación de nuevas fuentes de trabajo, reincorporación de los cesantes por causas gremiales y prohibición legal de los despidos en masa”, el “otorgamiento de créditos liberales por el Banco Hipotecario Nacional para la vivienda obrera” y la “participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, legislación para la mujer que trabaja asignando el pago total de los días pre y post natal”.
Respecto del plano “económico”, los sindicalistas pidieron por el “efectivo funcionamiento del Instituto Nacional de Remuneraciones y la urgente solución del problema de sueldos y salarios”; el “cambio total de las estructuras económicas, dando una efectiva participación a los trabajadores en todos los órganos de conducción de la vida económica de la Nación”; el “control de costos y fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad y estabilización política de precios en general con control sobre sus costos”; la “anulación de los contratos petroleros”; la “reforma agraria, realizada en profundidad, concretando un sistema de distribución de la tierra”; y el “equilibrio del presupuesto nacional”.
Por último, sobre materia “política”, el Congreso exigió el “retorno a la Constitución y al estado de derecho”; el “levantamiento del estado de sitio”; la libertad de prensa oral y escrita”; la “modificación del estatuto de los partidos políticos permitiendo que el pueblo que coloque en pie de igualdad y pueda manifestar su voluntad”; la “amnistía amplia sin distinción de sectores”; la “eliminación de los servicios de inteligencia oficiales de represión y de persecución de las ideas”; la “defensa de los bienes patrimoniales de la Nación no permitiendo su enajenación”; y la “plena autodeterminación de los pueblos”.
Para tener en cuenta - Parte II
Argentina 2011
Juventud
En la Argentina viven aproximadamente 6,5 millones de jóvenes entre 15 a 29 años, de los cuáles, casi la mitad son económicamente activos. Mientras que hay 800 mil que no estudian, ni trabajan y tampoco buscan empleo. El 50% de ellos, son mujeres amas de casa y otro tanto integra en su mayoría un núcleo duro de marginalidad que está ausente de las políticas públicas.
Entre 2007 y 2010, en plena vigencia de la Asignación Universal por Hijo, 1 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años no estaba escolarizado, y existen tasas de egreso en la enseñanza media cercanas al 50%, sin considerar aquellos que tienen niveles de repitencia.
Mujeres
Más de 260 mujeres murieron durante 2010 en manos de varones de su círculo íntimo y el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres es el 0,0029% del presupuesto nacional: 8 millones de pesos.
Trabajo
Más del 7% de la población está desempleada. El 36% de los trabajadores no están registrados y la precarización laboral en términos amplios alcanza el 53%. La desocupación de los jóvenes alcanza el 18,9% y el ingreso juvenil es un 57% más bajo que el ingreso promedio del total.
Política social
La pobreza afecta al 30% de la población y la indigencia al 13,5%. El 60% de las muertes de niños menores de un año ocurren por causas evitables; 6 de cada 20 niños, niñas y adolescentes no tienen derecho a la asignación universal por hijo a pesar de su universalidad; y el 43% de nuestros chicos son pobres.
Salud
La tasa de mortalidad infantil se ubica alrededor del 12 por mil y la materna es del 4,4 por diez mil. En algunas provincias como Formosa se triplica la media nacional: 13,3 por diez mil. Y el embarazo adolescente ronda el 15% del total.
El sistema público de salud en la Argentina cuenta con 1.500 hospitales, 6.000 unidades sanitarias y 70.000 camas de internación, unas 52.000 menos que al finalizar la gestión de Carrillo en 1954.
El 45% de la población carece de cobertura formal y el sector público atiende el 90% de las emergencias y es responsable del 80% de la formación de los recursos humanos en el posgrado. De los 12.000 residentes, 10.000 se forman en el sector público.
En la Argentina el gasto total en salud es del 9,6% del PBI. El sector público invierte sólo el 1,9% del PBI, las provincias y municipios 1,6%, y la Nación sólo el 0,33%.
Vivienda
El déficit habitacional afecta a 3 millones de hogares, el 47% de los hogares no tiene cloacas, el 43,9% no tiene gas en red y el 16% no tiene agua corriente.
Fuente: Plataforma Política del Frente Amplio Progresista (FAP).
Para tener en cuenta
Buenos Aires 2011
Seguridad
Más del 70% de esas personas se encuentran en prisión preventiva, o sea, sin condena, lo que la propia Suprema Corte de Justicia considera una verdadera pena privativa de la libertad y, además, constituye una de las tasas más altas de América Latina.
Solo el 3% de los delitos denunciados llegan a tener una sentencia firme.
El promedio de edad de la población carcelaria es de 25 años y el 80% de los detenidos no finalizó la escuela primaria; mientras que solo el 20% de los que ingresan tiene un trabajo a tiempo completo.
Más de medio millón de niños y jóvenes de entre 14 y 21 años no trabaja ni estudia; y tenemos la mayor tasa de deserción escolar de todo el país en el 23%, con un promedio de 14 años de edad en el abandono de la escuela.
El robo de autos –delito en el que más personas mueren en homicidios- aumentó el 7,6% comparando el primer semestre de 2010 con igual período de 2011 y en el Conurbano ocurrieron el 54% de los hechos ocurridos en todo el país.
Trabajo
Durante el primer trimestre de 2011, según datos el INDEC, en el Gran Buenos Aires el desempleo fue de 8,4% a nivel general y de 13,8% entre los jóvenes.
Salud
El Ministerio de Salud recibe 5.500 millones de pesos del presupuesto provincial, una cifra similar a la de la Capital Federal, y ese monto representa el 6,6% del gasto total estatal, cuando en 1994 era del 10%.
El primer nivel de atención en la provincia está compuesto por 1.676 centros de salud, de los cuáles, 1.654 son municipales, al tiempo que el segundo nivel de atención dispone de 335 establecimientos que dependen de diferentes jurisdicciones: 27.566 camas totales distribuidas en 2.122 nacionales, 12.831 provinciales y 12.613 municipales.
Los municipios ofrecen casi el 50% de las camas disponibles, atienden el 50% de los egresos por internaciones, mientras que el 77% de las consultas ambulatorias.
Por su parte, el gasto nacional en salud muestra una participación municipal promedio del 15%, al tiempo que en Buenos Aires llega al 35%.
Según datos del Ministerio de Salud, 44.384 agentes se desempeñan en establecimientos provinciales. De ellos, 24.012 están regidos por la Ley 10.430 (Escalafón general) y 12.787 por la 10.471 (Carrera Profesional).
Se estima que alrededor de 25.000 profesionales trabajan en establecimientos municipales. En la provincia y los municipios trabajan 18.261 enfermeras de las cuáles 13.227 son auxiliares y 5.034 licenciadas en enfermería.
El primer nivel de atención en la provincia está compuesto por 1.676 centros de salud, de los cuáles, 1.654 son municipales, al tiempo que el segundo nivel de atención dispone de 335 establecimientos que dependen de diferentes jurisdicciones: 27.566 camas totales distribuidas en 2.122 nacionales, 12.831 provinciales y 12.613 municipales.
Los municipios ofrecen casi el 50% de las camas disponibles, atienden el 50% de los egresos por internaciones, mientras que el 77% de las consultas ambulatorias.
Por su parte, el gasto nacional en salud muestra una participación municipal promedio del 15%, al tiempo que en Buenos Aires llega al 35%.
Según datos del Ministerio de Salud, 44.384 agentes se desempeñan en establecimientos provinciales. De ellos, 24.012 están regidos por la Ley 10.430 (Escalafón general) y 12.787 por la 10.471 (Carrera Profesional).
Se estima que alrededor de 25.000 profesionales trabajan en establecimientos municipales. En la provincia y los municipios trabajan 18.261 enfermeras de las cuáles 13.227 son auxiliares y 5.034 licenciadas en enfermería.
Coparticipación
Mientras que en el territorio de la provincia se recaudan el 41% de los recursos coparticipables, Buenos Aires sólo termina recibiendo en 19% de los mismos.
Medio ambiente
La Cuenca del Matanza Riachuelo es una de las principales fuentes de contaminación proviene de los efluentes industriales. Los registros estatales incluyen 4103 industrias; si se contemplan las “en negro”, la cifra asciende a no menos de 12.000.
El Plan de Saneamiento presentado por el propio gobierno afirma que estas empresas son responsables de casi 2 millones de m3 diarios de descargas industriales.
Las concentraciones de sustancias químicas en el agua de mercurio, zinc, plomo, cromo y contaminantes orgánicos, superan en 50 veces los máximos permitidos.
Y sólo el 3 % de las industrias que contaminan tienen instalados procesos de depuración.
El Plan también reconoce que existen 105 basurales clandestinos con 331.000 toneladas de residuos dispersos a lo largo de la Cuenca. En la mitad de ellos se detectaron residuos peligrosos y en el 70% se registra actividad de cirujeo.
Por otro lado, el relleno sanitario del CEAMSE de González Catán, ya colapsado, sigue recibiendo 1.500 toneladas diarias de basura, a pesar de que la Provincia anunció su cierre en diciembre del 2007.
El Plan de Saneamiento presentado por el propio gobierno afirma que estas empresas son responsables de casi 2 millones de m3 diarios de descargas industriales.
Las concentraciones de sustancias químicas en el agua de mercurio, zinc, plomo, cromo y contaminantes orgánicos, superan en 50 veces los máximos permitidos.
Y sólo el 3 % de las industrias que contaminan tienen instalados procesos de depuración.
El Plan también reconoce que existen 105 basurales clandestinos con 331.000 toneladas de residuos dispersos a lo largo de la Cuenca. En la mitad de ellos se detectaron residuos peligrosos y en el 70% se registra actividad de cirujeo.
Por otro lado, el relleno sanitario del CEAMSE de González Catán, ya colapsado, sigue recibiendo 1.500 toneladas diarias de basura, a pesar de que la Provincia anunció su cierre en diciembre del 2007.
La provincia de Buenos Aires es la más rica del país, siendo responsable del 35% del PBI argentino y habita en ella el 40% de la población del total nacional. A pesar de esto, también tiene el 40% de los habitantes más pobres de la Argentina.
Fuente: Plataforma Política del Frente Amplio Progresista (FAP) Bonaerense, octubre 2011.
1958-1961 - Parte III*
* Basado en un texto de Julio Godio.
Las 62 Organizaciones pasaron de la confrontación a la negociación ya que, en parte, a través de negociaciones colectivas las organizaciones sindicales recuperaron en 1960 el nivel de salarios alcanzados en 1958. También fue determinante en ese proceso que la preocupación central de las corrientes sindicalistas fue lograr la normalización de la CGT y la aprobación de la Ley 14.455.
En octubre del 60´ se conformó “La Comisión de los 20”, compuesta por peronistas e independientes presionando con un paro general para reclamar la devolución de la CGT. Ante esa situación, Frondizi se reunió con este grupo y el diciembre devolvió el manejo de la central obrera.
Luego, en marzo de 1961, se firmó un acuerdo definitivo entre el gobierno y la Comisión de los 20 por el cuál la CGT quedó en manos del grupo sindical y éste, a su vez, se comprometió a convocar un Congreso Nacional para reformar los estatutos y elegir autoridades definitivas antes de fin de ese año.
De esta manera, el nuevo secretariado de la CGT pasó a estar conformado por Framini, Lohalaberry, Vandor y Rosendo García por las 62 Organizaciones; y Stafolani, Coronel, Ribas y Mucci por los independientes; en tanto que el MUCS quedó afuera.
La nueva dirección cegetista, logrando el objetivo de recuperar la organización, disminuyó el perfil de confrontación política con el gobierno y cesó de calificarlo de “agente de la oligarquía” para exigirle rectificaciones.
Por su parte, el desarrollismo necesitó forjar una alianza con dos corrientes sindicales, los peronistas y los independientes, para aumentar la productividad del trabajo en las industrias más dinámicas ya que consideraba que el sindicato no debía ser destruido sino fortalecido como institución autorreguladora de las condiciones de trabajo y remuneraciones dentro de un esquema de sindicatos “integrados” en el funcionamiento y crecimiento de las empresas.
A partir de esa idea, el gobierno pretendió sustituir el viejo bloque liberal-agrario por uno nacional-popular que retornase a las tradiciones estatal- industrialistas y proteccionistas del peronismo, pero subsumidas por la estrategia de modernización con participación de capitales y tecnologías extranjeras.
Pero el atraso cultural de los partidos, el elitismo frondizista y el corporativismo sindical hicieron difícil un acuerdo entre Gobierno y fuerzas sociales y políticas para establecer una amplia concertación social y política que diese base estable al intento modernizador del desarrollismo.
En un contexto socio-político de democracia, sin concertación social y política, las organizaciones comenzaron a funcionar legalmente y el eje de la acción sindical consistió en la participación y negociación. Así, “La Comisión de los 20” decidió que una delegación sindical formase parte de la delegación oficial que fue a la Conferencia de la OIT.
El esfuerzo sindical también consistió en garantizar la aplicación de la Ley de Asociaciones Profesionales que restablecía el rol y estructura de los sindicatos creados durante el peronismo, la personería gremial para una sola CGT, la personería gremial para un solo sindicato nacional por rama de actividad, la “cotización automática”. Este punto de la ley establecía que un trabajador aportaba al sindicato al comenzar su contrato, pudiéndose negar por escrito a la empresa. Esa negativa no le quitaba la cobertura del convenio colectivo, pero sí lo excluía del sistema de obras sociales administrado por el sindicato.
Estos cambios estimularon al sindicalismo peronista e independiente a acentuar el componente socio-laboral en la acción sindical. Pero este tipo de confrontación contuvo el peligro de estimular una corriente sindical interesada en confundirse con el desarrollismo y que se terminó llamando “integracionismo”.
La mayoría de las organizaciones sindicales afiliadas a la CGT rechazaron el intento “integracionista” en una actitud comprensible ya que si bien el Gobierno desarrollista se preocupó por la productividad, no avanzó a una auténtica participación de la central obrera en las decisiones macroeconómicas.
A mediados del 61´, el salario volvió a estancarse, aumentó el desempleo y el precio de los productos básicos, lo que derivó en un paro general en julio y dos huelgas generales en octubre y noviembre de ese año. Fueron medidas cortas, lo evidenció que los sindicatos buscaron una rápida negociación.
Y en este contexto de conflicto sindicato-gobierno, el emergente “integracionismo” se disolvió.
AA
Octubre 2011
Las 62 Organizaciones pasaron de la confrontación a la negociación ya que, en parte, a través de negociaciones colectivas las organizaciones sindicales recuperaron en 1960 el nivel de salarios alcanzados en 1958. También fue determinante en ese proceso que la preocupación central de las corrientes sindicalistas fue lograr la normalización de la CGT y la aprobación de la Ley 14.455.
En octubre del 60´ se conformó “La Comisión de los 20”, compuesta por peronistas e independientes presionando con un paro general para reclamar la devolución de la CGT. Ante esa situación, Frondizi se reunió con este grupo y el diciembre devolvió el manejo de la central obrera.
Luego, en marzo de 1961, se firmó un acuerdo definitivo entre el gobierno y la Comisión de los 20 por el cuál la CGT quedó en manos del grupo sindical y éste, a su vez, se comprometió a convocar un Congreso Nacional para reformar los estatutos y elegir autoridades definitivas antes de fin de ese año.
De esta manera, el nuevo secretariado de la CGT pasó a estar conformado por Framini, Lohalaberry, Vandor y Rosendo García por las 62 Organizaciones; y Stafolani, Coronel, Ribas y Mucci por los independientes; en tanto que el MUCS quedó afuera.
La nueva dirección cegetista, logrando el objetivo de recuperar la organización, disminuyó el perfil de confrontación política con el gobierno y cesó de calificarlo de “agente de la oligarquía” para exigirle rectificaciones.
Por su parte, el desarrollismo necesitó forjar una alianza con dos corrientes sindicales, los peronistas y los independientes, para aumentar la productividad del trabajo en las industrias más dinámicas ya que consideraba que el sindicato no debía ser destruido sino fortalecido como institución autorreguladora de las condiciones de trabajo y remuneraciones dentro de un esquema de sindicatos “integrados” en el funcionamiento y crecimiento de las empresas.
A partir de esa idea, el gobierno pretendió sustituir el viejo bloque liberal-agrario por uno nacional-popular que retornase a las tradiciones estatal- industrialistas y proteccionistas del peronismo, pero subsumidas por la estrategia de modernización con participación de capitales y tecnologías extranjeras.
Pero el atraso cultural de los partidos, el elitismo frondizista y el corporativismo sindical hicieron difícil un acuerdo entre Gobierno y fuerzas sociales y políticas para establecer una amplia concertación social y política que diese base estable al intento modernizador del desarrollismo.
En un contexto socio-político de democracia, sin concertación social y política, las organizaciones comenzaron a funcionar legalmente y el eje de la acción sindical consistió en la participación y negociación. Así, “La Comisión de los 20” decidió que una delegación sindical formase parte de la delegación oficial que fue a la Conferencia de la OIT.
El esfuerzo sindical también consistió en garantizar la aplicación de la Ley de Asociaciones Profesionales que restablecía el rol y estructura de los sindicatos creados durante el peronismo, la personería gremial para una sola CGT, la personería gremial para un solo sindicato nacional por rama de actividad, la “cotización automática”. Este punto de la ley establecía que un trabajador aportaba al sindicato al comenzar su contrato, pudiéndose negar por escrito a la empresa. Esa negativa no le quitaba la cobertura del convenio colectivo, pero sí lo excluía del sistema de obras sociales administrado por el sindicato.
Estos cambios estimularon al sindicalismo peronista e independiente a acentuar el componente socio-laboral en la acción sindical. Pero este tipo de confrontación contuvo el peligro de estimular una corriente sindical interesada en confundirse con el desarrollismo y que se terminó llamando “integracionismo”.
La mayoría de las organizaciones sindicales afiliadas a la CGT rechazaron el intento “integracionista” en una actitud comprensible ya que si bien el Gobierno desarrollista se preocupó por la productividad, no avanzó a una auténtica participación de la central obrera en las decisiones macroeconómicas.
A mediados del 61´, el salario volvió a estancarse, aumentó el desempleo y el precio de los productos básicos, lo que derivó en un paro general en julio y dos huelgas generales en octubre y noviembre de ese año. Fueron medidas cortas, lo evidenció que los sindicatos buscaron una rápida negociación.
Y en este contexto de conflicto sindicato-gobierno, el emergente “integracionismo” se disolvió.
AA
Octubre 2011
1958-1961: Parte II*
* Basado en un texto de Julio Godio.
Parecía que Frondizi había iniciado un camino diferente del planteado en el programa desarrollista/industrialista presentado al electorado. Pero en realidad, el camino elegido correspondía con los postulados subyacentes en la teoría desarrollista que lo conduciría a implementar acuerdos con el FMI, devaluación de la moneda, restricciones en el gasto y estímulo a las empresas privadas. Pero como no contó con un respaldo social, estas medidas resultaron impracticables por lo que el gobierno frondizista cayó en un rápido aislamiento político.
En ese contexto, las 62 avanzaron exigiendo el establecimiento de la legislación peronista tutelar de las organizaciones sindicales y la devolución de la CGT. Así en el 59´ se sancionó la Ley 14.455 de Asociaciones Profesionales que abrió el camino para la normalización de la CGT y a partir de ella, el Gobierno inició negociaciones con las 62 para lograr acuerdos duraderos. Pero esto no era fácil ya que las 62 ya no eran un grupo de sindicalistas conspiradores, sino una coordinadora de los sindicatos.
A fines de ese año, Augusto Vandor asumió como secretario General de la UOM y la elite sindical peronista comenzó a acentuar la relación entre acción sindical y acción política. Ya no se trataba solamente de lograr el “retorno de Perón” sino de forjar un movimiento sindical socio-político capaz de promover la reorganización del Partido Peronista (PP) y forjar alianzas civiles y militares para reconquistar el poder “para Perón”.
Esta relación entre sindicalismo y política originó cambios en las propias organizaciones obreras, al exigir la instalación de mecanismos de comunicación fluidos entre direcciones y bases, lo cual condujo a priorizar y fortalecer el rol de las comisiones internas y cuerpos de delegados en las empresas. Estos cambios generaron una nueva representatividad sindical y legitimaron a los nuevos dirigentes sindicales peronistas.
En ese contexto, la resistencia peronista dio “un giro a la izquierda” impulsado por el Comando de Reorganización partidaria dirigido por John Cooke, contando con el apoyo social de los sindicatos y la juventud peronista.
Las 62, como parte de sumar fuerzas hacia la izquierda pero sin involucrarse directamente, promovieron en agosto de 1959 la formación del Movimiento Obrero Unificado (MOU) que agrupaba a peronistas, el MUCS e independientes. Además de Vandor, sus figuras destacadas fueron Amado Olmos, de sanidad; y Roberto García, del caucho.
El MOU aprobó una “Declaración de Propósitos”, cuyos aspectos principale fueron la libre discusión de los convenios colectivos, el control de precios, la estabilidad en el empleo, la paralización inmediata de suspensiones y despidos, el cese del plan de desnacionalización, la solución al conflicto del frigorífico nacional, la devolución de los sindicatos a los trabajadores, la normalización de la CGT, la reforma agraria para entregar las tierras a quienes trabajan, y el levantamiento del Estado de Sitio.
El movimiento sindical se mostró en 1959 expectante por los aumentos de los salarios pero, a la vez, tensionado por el aumento del costo de vida y en conflicto por las propuestas de Frondizi de privatizar las empresas estatales fundadas durante el peronismo. El 17 de enero de ese año, un tanque Sherman derribó las puertas del Frigorífico Nacional Lisandro Latorre reprimiendo a 7.000 trabajadores que ocuparon el lugar para impedir su privatización. Para apoyar la resistencia, las 62 Organizaciones convocaron a una huelga general que abarcó Avellaneda, Dock Sud, Berisso y Mataderos. Meses después se desarrolló una huelga nacional metalúrgica, un paro general de transporte en Rosario y huelgas ferroviarias que fueron reprimidas por los militares.
Parecía que Frondizi había iniciado un camino diferente del planteado en el programa desarrollista/industrialista presentado al electorado. Pero en realidad, el camino elegido correspondía con los postulados subyacentes en la teoría desarrollista que lo conduciría a implementar acuerdos con el FMI, devaluación de la moneda, restricciones en el gasto y estímulo a las empresas privadas. Pero como no contó con un respaldo social, estas medidas resultaron impracticables por lo que el gobierno frondizista cayó en un rápido aislamiento político.
En ese contexto, las 62 avanzaron exigiendo el establecimiento de la legislación peronista tutelar de las organizaciones sindicales y la devolución de la CGT. Así en el 59´ se sancionó la Ley 14.455 de Asociaciones Profesionales que abrió el camino para la normalización de la CGT y a partir de ella, el Gobierno inició negociaciones con las 62 para lograr acuerdos duraderos. Pero esto no era fácil ya que las 62 ya no eran un grupo de sindicalistas conspiradores, sino una coordinadora de los sindicatos.
A fines de ese año, Augusto Vandor asumió como secretario General de la UOM y la elite sindical peronista comenzó a acentuar la relación entre acción sindical y acción política. Ya no se trataba solamente de lograr el “retorno de Perón” sino de forjar un movimiento sindical socio-político capaz de promover la reorganización del Partido Peronista (PP) y forjar alianzas civiles y militares para reconquistar el poder “para Perón”.
Esta relación entre sindicalismo y política originó cambios en las propias organizaciones obreras, al exigir la instalación de mecanismos de comunicación fluidos entre direcciones y bases, lo cual condujo a priorizar y fortalecer el rol de las comisiones internas y cuerpos de delegados en las empresas. Estos cambios generaron una nueva representatividad sindical y legitimaron a los nuevos dirigentes sindicales peronistas.
En ese contexto, la resistencia peronista dio “un giro a la izquierda” impulsado por el Comando de Reorganización partidaria dirigido por John Cooke, contando con el apoyo social de los sindicatos y la juventud peronista.
Las 62, como parte de sumar fuerzas hacia la izquierda pero sin involucrarse directamente, promovieron en agosto de 1959 la formación del Movimiento Obrero Unificado (MOU) que agrupaba a peronistas, el MUCS e independientes. Además de Vandor, sus figuras destacadas fueron Amado Olmos, de sanidad; y Roberto García, del caucho.
El MOU aprobó una “Declaración de Propósitos”, cuyos aspectos principale fueron la libre discusión de los convenios colectivos, el control de precios, la estabilidad en el empleo, la paralización inmediata de suspensiones y despidos, el cese del plan de desnacionalización, la solución al conflicto del frigorífico nacional, la devolución de los sindicatos a los trabajadores, la normalización de la CGT, la reforma agraria para entregar las tierras a quienes trabajan, y el levantamiento del Estado de Sitio.
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