Doce días después de haber desaparecido por unas 24 horas, Severo finalmente declaró como testigo en el juicio por el crimen de Ferreyra. “Vine acá a decir mi verdad”, dijo el ferroviario apenas se sentó frente al Tribunal vistiendo un chaleco antibalas y protegido por tres gendarmes.[1]
Respecto del homicidio, el testigo declaró que el día anterior al hecho hubo una reunión en el Museo Ferroviario Bonaerense, en Avellaneda, con “gente de Ferrobaires y de la Unión Ferroviaria” pero que nunca supo qué se habló en ese encuentro, aunque aclaró que en ese lugar se hacían reuniones “para generar algo, como si había que salir a manifestar o a un acto político”.[2]
“El 20 sucede algo horrible, mi vivienda es tiroteada, se me acercan ferroviarios a contar lo sucedido y a través de otro, Ricardo Guardo, me entero que Benítez fue convocado para ir a Avellaneda a ´sacar a esos zurdos´", dijo Severo en referencia a Alejandro Benítez, un testigo protegido.[3]
Severo relató que la madrugada posterior al crimen recibió en su casa de Gerli una nota manuscrita con datos sobre quién había sido el autor de los disparos que mataron al joven militante del PO.
También dijo que un empleado que había sido subordinado suyo en las oficinas de la empresa en Constitución, apodado “Muqueño”, guardaba armas supuestamente provistas por “algunas bandas de Ferrobaires” en una precaria casa en los terrenos del ferrocarril, que le había dado como vivienda tras dormir en un vagón.
-¿Qué tiene que decir de José Pedraza? -preguntó el abogado Froment al testigo.
-Tengo que decir que tuvo una responsabilidad o irresponsabilidad después del 90´, de querer ser empresario y eso llevó a ferroviarios a perder puestos, a que se tercerizara, lo sabíamos todos, nos dejó a 50.000 sin trabajo por los arreglos que tenía con Carlos Menem.
-¿Que los ramales se cerraran era responsabilidad de Pedraza o del gobierno de turno? –continuó el letrado hasta que el tribunal le indicó que no avanzara con esa pregunta.
-Me refiero a que no fuimos defendidos, nos entregaron. Él como dirigente gremial tendría que habernos cubierto y no dijo nada.
En la misma jornada declaró Lucas Lescano, quien dijo que le ofrecieron 50 pesos por dos redoblantes y un repique para concurrir al desalojo de los manifestantes que cortaban las vías el día del crimen a favor de los mercerizados.
“Un conocido de un campeonato de fútbol al que le dicen `Chavo` me ofreció esa plata por cada instrumento para tocar como murga. Como yo la necesitaba fui”, dijo el testigo y agregó que lo “levantaron” en un micro que pasó a unas cuadras de su casa en Florencio Varela y que los dejó junto a las vías en Avellaneda.[4]
Lescano declaró que no se unió al grupo de loa ferroviarios aunque, según los pesquisas, en uno de los videos se los ve junto al acusado Favale. Sin embargo, el testigo negó conocerlo aunque admitió que era de su padre un Nextel desde el que se realizaron 32 llamadas al aparato del imputado y 36 desde el de éste al suyo después del crimen.
En tanto, en la audiencia del jueves 18 de octubre, el empleado ferroviario Marcelo González identificó al acusado Favale como el autor del disparo que mató a Ferreyra y también complicó al imputado Díaz al ubicarlo en la escena del crimen dando órdenes y arengando a los trabajadores que habían convocado.
“Yo lo ví al loco de mierda este, disculpe la expresión, pero es un loco de mierda, disparar y al chico agarrándose la panza”, contó el testigo en referencia a Favale, sobre quien dijo que era conocido entre los ferroviarios y que el comentario era que trabajaba como “custodio” del delegado Díaz.[5]
“Yo solo escuché las detonaciones de Favale, porque lo tenía al lado”, afirmó el testigo y añadió que tras los disparos lo escuchó gritar en dirección a Díaz: “¿Viste que le di en la panza?”.[6]
Respecto de Díaz, González contó que cuando se encontraban en Avellaneda, el delegado los trató de “cagones” porque no bajaban de las vías para agredir a los manifestantes. Después, dijo, se produjo la primera serie de hechos violentos y la movilización se trasladó a Barracas donde vio que “de repente llegó un grupo” cuyos integrantes “venían eufóricos”, y entre ellos reconoció a Favale.
González explicó que para ese momento los manifestantes ya estaban a unas tres cuadras de ellos, por lo que “la idea era correrlos para que se asusten”. Además, dijo que él llevaba un ladrillo en una mano pero que lo soltó cuando se produjo una nueva pelea.
“Corrí y mientras retrocedo, lo vi patente, uno de los chicos del PO se agarró la panza y se tiró para atrás, yo después me entero que el chico este era Mariano”, indicó el testigo y agregó que luego se fueron del lugar sin que la policía intentara detener a nadie y que al día siguiente, en el trabajo, “era un silencio total, la gente estaba asustada”.[7]
Otro de los acusados, el “Payaso” Sánchez, también quedó comprometido cuando en la jornada del lunes 22 de octubre, el testigo protegido Diego Cardías describió a uno de los tiradores con características fisonómicas muy similares a las suyas. Este testigo dijo que vio a esta persona disparar cinco veces justo antes de que Ferreyra cayera baleado.
También contó que antes de ir ala convocatoria ferroviaria en Avellaneda, pasó por la estación de Remedios de Escalada donde vio al delegado Díaz organizando a un grupo de trabajadores
El crimen del militante XIV
“Cuando lo subimos a la ambulancia, yo sabía que Mariano estaba muriendo. Una compañera me dijo que no, pero estaba en sus últimos suspiros”, declaró el martes 9 de octubre Nancy Arancibia Jaramillo, una militante del PO que estuvo junto a Ferreyra cuando éste fue baleado en Perdriel y Luján, de Barracas.[1]
La testigo contó que hubo una primera serie de incidentes en la que ella recibió una pedrada en el cráneo. “Cuando me rompen la cabeza aparecen por la orilla de la calle dos policías y se ponen a disparar. Esas sí que eran balas de verdad porque salía fuego, era impresionante como tiraban”, recordó.[2]
Luego, Jaramillo dijo que comenzó a ser entrevistada por unos periodistas que cubrían los hechos y que en ese momento vio bajar del terraplén de las vías a un grupo de ferroviarios. “Bajaban apurados, se tiraban del terraplén, le dije a la periodista por favor no apagues la cámara porque estos nos vienen a matar”, indicó y entre esos ferroviarios la testigo precisó que había un hombre con cuello ortopédico, como tenía el imputado González.[3]
Entonces, la testigo dijo que huyó del lugar y en ese momento vio a Ferreyra: “Veo a Mariano retroceder por el medio de la calle, lo llamo, retrocedía despacito, se agarra contra la pared y va cayendo despacito, pensé que estaba desmayado y pensaba que si lo dejaba lo iban a patear, matar, nunca me imaginé que tenía una bala adentro”.[4]
A su turno, Andrea Noemi Yulis, declaró que miembros de la Unión Ferroviaria guardaban armas dentro de la sede de la empresa en la estación de trenes de Constitución y apuntó a “gente de Pedraza y de Juan Carlos Fernández”.[5]
Según la testigo, las armas eran guardadas “en el sector de encomienda, donde hay un gimnasio” y que en ese lugar vio al acusado “Favale” unas “dos o tres veces un mes antes del hecho”.
También señaló que el ataque a tiros contra la casa de Severo ocurrido un día después del crimen fue cometido por la misma “gente”.
En la siguiente audiencia, desarrollada el jueves 11 de octubre, declaró Jorge Hospital, miembro de la lista Gris de la Unión Ferroviaria, opuesta a la Verde de Pedraza, y aseguró que un compañero de trabajo le contó que al acusado Sánchez lo había visto armado.
“Me dijeron que hacían ostentación de armas en Constitución y más de una vez y un compañero me refirió que a él le apuntó Sánchez con un arma de fuego en forma risueña cuando jugaban al metegol en una sala de guardas y extrajo un arma como chanza”, indicó.[6]
Según Hospital, “Pedraza manejaba el gremio con autoridad ejercida a través de Juan Carlos Fernández del Roca y este a través de delegados como Pablo Díaz” y que se oponía a la incorporación a planta permanente de los trabajadores mercerizados.[7]
En ese sentido, el testigo contó que desde que UGOFE se hizo cargo de las líneas del ferrocarril incorporó “más de 15 empresas tercerizadas de inmediato”.
Por su parte, Karina Benemérito, secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Ferroviaria, ex integrante de la comisión de Reclamos del Roca y boletera de esa línea de trenes, declaró que el día del crimen se encontraba junto a Pedraza y Fernández en un congreso llamado “Latin Rieles" en la sede del gremio, al que también asistió el entonces secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi.
La testigo admitió que recibió llamados a su teléfono celular por parte de delegados que estaban en el lugar de los hechos de violencia que terminaron en el crimen del militante del PO. “Tenía llamadas perdidas, una de Daniel González”, dijo la mujer que agregó que se enteró del crimen de Ferreyra por los medios.[8]
También declaró Gustavo Zeni Jaunsarás, quien fue gerente de contratos privados de UGOFE y dijo que “por la extensión del ferrocarril, la directiva era no depender de una sola empresa” tercerizada.
En tanto, Hugo Recalde, ex tercerizado de la firma Aumont, declaró que al momento de participar de la manifestación del 20 de octubre de 2010 se encontraba despedido y reclamaba por su propia reincorporación.
“Fui tercerizado durante 5 años (…). Cuando ingresé, el básico era de $1020. Con los descuentos, me quedaban $900 en la mano. Los ferroviarios de planta, en cambio, ya cobraban $3000. Pasé a planta después del asesinato de Mariano. Hago las mismas tareas que antes pero cobro el triple”, contó el testigo.[9]
Respecto de las primeras agresiones en el puente Bosch, Recalde relató: “Desde arriba del terraplén nos tiraban piedras, y abajo, la policía nos disparaba balas de goma. Éramos atacados por los dos frentes”.[10]
Mientras que en la jornada de lunes 15 de octubre, el testigo Roberto Menón, declaró que la cuñada del imputado Pedraza, “Silvia Coria estaba al frente” de una de las cooperativas contratadas por UGOFE.
Menón dijo que él era contador y había realizado trabajos en oficinas de la esposa de Pedraza, Graciela Coria, donde se llevaba la contabilidad de las cooperativas que supuestamente no dependían del gremio ferroviario.
Otro testigo, Eduardo Pereyra, de la gerencia de UGOFE Roca, también vinculó la cooperativa con Pedraza. “Estaba relacionada con la Unión Ferroviaria”, explicó.[11]
La testigo contó que hubo una primera serie de incidentes en la que ella recibió una pedrada en el cráneo. “Cuando me rompen la cabeza aparecen por la orilla de la calle dos policías y se ponen a disparar. Esas sí que eran balas de verdad porque salía fuego, era impresionante como tiraban”, recordó.[2]
Luego, Jaramillo dijo que comenzó a ser entrevistada por unos periodistas que cubrían los hechos y que en ese momento vio bajar del terraplén de las vías a un grupo de ferroviarios. “Bajaban apurados, se tiraban del terraplén, le dije a la periodista por favor no apagues la cámara porque estos nos vienen a matar”, indicó y entre esos ferroviarios la testigo precisó que había un hombre con cuello ortopédico, como tenía el imputado González.[3]
Entonces, la testigo dijo que huyó del lugar y en ese momento vio a Ferreyra: “Veo a Mariano retroceder por el medio de la calle, lo llamo, retrocedía despacito, se agarra contra la pared y va cayendo despacito, pensé que estaba desmayado y pensaba que si lo dejaba lo iban a patear, matar, nunca me imaginé que tenía una bala adentro”.[4]
A su turno, Andrea Noemi Yulis, declaró que miembros de la Unión Ferroviaria guardaban armas dentro de la sede de la empresa en la estación de trenes de Constitución y apuntó a “gente de Pedraza y de Juan Carlos Fernández”.[5]
Según la testigo, las armas eran guardadas “en el sector de encomienda, donde hay un gimnasio” y que en ese lugar vio al acusado “Favale” unas “dos o tres veces un mes antes del hecho”.
También señaló que el ataque a tiros contra la casa de Severo ocurrido un día después del crimen fue cometido por la misma “gente”.
En la siguiente audiencia, desarrollada el jueves 11 de octubre, declaró Jorge Hospital, miembro de la lista Gris de la Unión Ferroviaria, opuesta a la Verde de Pedraza, y aseguró que un compañero de trabajo le contó que al acusado Sánchez lo había visto armado.
“Me dijeron que hacían ostentación de armas en Constitución y más de una vez y un compañero me refirió que a él le apuntó Sánchez con un arma de fuego en forma risueña cuando jugaban al metegol en una sala de guardas y extrajo un arma como chanza”, indicó.[6]
Según Hospital, “Pedraza manejaba el gremio con autoridad ejercida a través de Juan Carlos Fernández del Roca y este a través de delegados como Pablo Díaz” y que se oponía a la incorporación a planta permanente de los trabajadores mercerizados.[7]
En ese sentido, el testigo contó que desde que UGOFE se hizo cargo de las líneas del ferrocarril incorporó “más de 15 empresas tercerizadas de inmediato”.
Por su parte, Karina Benemérito, secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Ferroviaria, ex integrante de la comisión de Reclamos del Roca y boletera de esa línea de trenes, declaró que el día del crimen se encontraba junto a Pedraza y Fernández en un congreso llamado “Latin Rieles" en la sede del gremio, al que también asistió el entonces secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi.
La testigo admitió que recibió llamados a su teléfono celular por parte de delegados que estaban en el lugar de los hechos de violencia que terminaron en el crimen del militante del PO. “Tenía llamadas perdidas, una de Daniel González”, dijo la mujer que agregó que se enteró del crimen de Ferreyra por los medios.[8]
También declaró Gustavo Zeni Jaunsarás, quien fue gerente de contratos privados de UGOFE y dijo que “por la extensión del ferrocarril, la directiva era no depender de una sola empresa” tercerizada.
En tanto, Hugo Recalde, ex tercerizado de la firma Aumont, declaró que al momento de participar de la manifestación del 20 de octubre de 2010 se encontraba despedido y reclamaba por su propia reincorporación.
“Fui tercerizado durante 5 años (…). Cuando ingresé, el básico era de $1020. Con los descuentos, me quedaban $900 en la mano. Los ferroviarios de planta, en cambio, ya cobraban $3000. Pasé a planta después del asesinato de Mariano. Hago las mismas tareas que antes pero cobro el triple”, contó el testigo.[9]
Respecto de las primeras agresiones en el puente Bosch, Recalde relató: “Desde arriba del terraplén nos tiraban piedras, y abajo, la policía nos disparaba balas de goma. Éramos atacados por los dos frentes”.[10]
Mientras que en la jornada de lunes 15 de octubre, el testigo Roberto Menón, declaró que la cuñada del imputado Pedraza, “Silvia Coria estaba al frente” de una de las cooperativas contratadas por UGOFE.
Menón dijo que él era contador y había realizado trabajos en oficinas de la esposa de Pedraza, Graciela Coria, donde se llevaba la contabilidad de las cooperativas que supuestamente no dependían del gremio ferroviario.
Otro testigo, Eduardo Pereyra, de la gerencia de UGOFE Roca, también vinculó la cooperativa con Pedraza. “Estaba relacionada con la Unión Ferroviaria”, explicó.[11]
El crimen del militante XIII
Alfonso Severo, un trabajador ferroviario, debía declarar el jueves 4 de octubre como testigo en el juicio por el crimen de Ferreyra pero no se presentó ese día porque la noche anterior “desapareció”.
Severo, de 54 años y empleado de Ferrobaires en el barrio de Constitución, había declarado en la etapa de instrucción de la causa que un día antes del crimen “todo el personal” de la empresa “fue citado por Humberto Martínez”, el delegado de la Unión Ferroviaria, quien les dijo que tenían que ir la mañana siguiente a la estación de Avellaneda para “impedir el corte de vías” de los tercerizados. “El que no viene, que se olvide de todo”, recordó el testigo que les dijo el delegado en aquel entonces.[1]
El testigo dijo que él se negó a ir a la convocatoria y que por ello la noche del crimen fue atacada a tiros su casa de la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda.
También había declarado que se guardaban armas en la sede de Ferrobaires en Constitución y en el Museo Ferroviario de Avellaneda, al tiempo que en los videos grabados en el lugar donde el día del crimen se produjeron los incidentes entre los manifestantes y los ferroviarios, reconoció a los agresores como miembros de dicha empresa y también de Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) del Roca.
De acuerdo a la familia del testigo, éste desapareció alrededor de las 22.30 del miércoles 3 de octubre, cuando salió de su casa a bordo de su Renault Clío en dirección a la casa de su hijo a la que no llegó.
Ante esa situación, su esposa radicó la denuncia en la comisaría de Gerli cuyo personal dio intervención a los efectivos de la DDI Lomas de Zamora y al fiscal Elbio Laborde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Avellaneda.
“No tenemos rastros de él desde anoche. Estaba muy entusiasmado por poder declarar hoy. En ningún momento él se hubiera borrado. Pongo las manos en el fuego por mi padre”, dijo Gastón Severo, hijo del testigo, y agregó que en los días previos habían recibidos llamados sospechosos y amenazas verbales.[2]
Al conocerse públicamente la denuncia de los Severo, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ordenó al personal de la Dirección de Personas Desaparecidas de la Subsecretaría de Justicia, y de las Superintendencias de Investigaciones y de Delitos Complejos de la policía provincial intensificar las tareas de búsqueda para localizar al testigo.
En el mismo sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, ordenó a las fuerzas federales que dependían de la cartera a su cargo realizar una búsqueda a nivel nacional de Severo, mientras que la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, dispuso que también participe de la pesquisa el fiscal José María Campagnoli, de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autores Ignorados.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aclaró públicamente que Severo se encontraba fuera del Programa Nacional de Protección de Testigos ya que el propio ferroviario ni la Justicia habían solicitado ser incluido en el mismo.
Por su parte, Gabriel Solano, abogado del PO, en declaraciones a la prensa realizadas en las puertas de los tribunales donde se llevaba una nueva audiencia del juicio consideró que la desaparición de Severo era “un mensaje mafioso” para que otros testigos no se presentaran a declarar.
Mientras la noticia de la desaparición de Severo y las repercusiones políticas que habían comenzado a generarse ocupaban todos los medios periodísticos, el auto del testigo fue encontrado por la policía en una calle cercana a su domicilio, en Gerli.
Por otro lado, dentro de la sala de audiencias, Osvaldo Vázquez, un militante del Movimiento Teresa Rodríguez, declaró haber visto a un hombre disparar con arma de fuego ubicado sobre la calle, hacia los manifestantes “mercerizados” y los militantes de grupos de izquierda que los acompañaban, cuando éstos ya se estaban desconcentrando.
Luego, José Andino, también del Movimiento Teresa Rodríguez, declaró haber visto a dos tiradores, uno con un revólver y otro con una escopeta.
A su turno, Leonardo Franzin, empleado en los talleres de Remedios de Escalada del ex ferrocarril Roca, que antes del crimen de Ferreyra habían convocado a los trabajadores para ir a Avellaneda. “A algunos les decía que iban a un acto, a otros directamente a reprimir una protesta” y que tras el asesinato “los delegados hicieron una reunión en el comedor para que nadie hablara”.[3]
Por su parte, Juan Molina, compañero de trabajo de Franzin, declaró que él si fue a la estación Avellaneda y que cuando los ferroviarios estaban allí se les unió otro grupo que empezó a arengar para ir hacia los manifestantes, por lo que bajaron de las vías donde y comenzaron a avanzar con los recién llegados gritando desde atrás.
En ese momento dijo que escuchó “dos tiros” y que él recibió una pedrada en la espalda. “Mis compañeros dijeron ´hay fierros´ y corrimos de nuevo a las vías”, recordó y agregó que cuando corrían a los manifestantes se toparon con dos patrulleros en la calle. “Pensé que no nos iban a dejar pasar, pero nos dejaron”, concluyó.[4]
Tras una nueva jornada del juicio, y mientras Severo permanecía desaparecido, manifestantes de distintos partidos políticos y organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo para reclamar por la aparición con vida del testigo. En los que se movilizaron estuvieron miembros y dirigentes del PO, del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Izquierda Socialista (IS), del Partido Comunista Revolucionario y el Partido Obrero y de la JP Peronismo Militante, entre otros.
Finalmente, casi un día después de haber desaparecido, Severo apareció “maniatado” y “descalzo” en la esquina de pasaje Clemenceau y Mariano Acosta, en la localidad de Piñeiro, e Avellaneda, donde fue encontrado por un empleado del Diario Popular que vive allí y dijo haberlo visto “mareado” y “confundido”.
Este empleado contó que el testigo le dijo que había estado secuestrado y que sus captores lo acababan de liberar, y le pasó los números de teléfono para que llamara a sus familiares. Éstos llegaron poco después para auxiliarlo y lo llevaron al Hospital Presidente Perón, ex Finocchietto, de Avellaneda, donde, según su hijo Gastón, se lo notó “golpeado” y “shockeado”.
Severo fue asistido y poco después de la medianoche volvió a su casa de Gerli donde dijo a la prensa: “El mensaje no fue para mí; fue para la Presidenta”.
“Se tienen que dar cuenta algún día, alguien. Qué pasó. Hace tres años que no nos da bola nadie. Las bandas siguen actuando, los tipos siguen poniendo plata. ¿Y plata de dónde?”, expresó.[5]
Ese mismo viernes 5 de octubre, Severo declaró durante cinco horas antes el fiscal Laborde y aseguró que sus captores lo amenazaron para que se dejara de “joder con los trenes”.
“Me dijeron que no me meta más con el ferrocarril, que ahí no voy a volver nunca más. Me decían que era un buchón, un vigilante, que piense en mis hijos”, señaló al retirarse de la fiscalía.[6]
El testigo agregó que podía identificar al menos tres voces distintas entre sus secuestradores y realizar el identikit del único de los captores al que alcanzó a ver.
Severo, de 54 años y empleado de Ferrobaires en el barrio de Constitución, había declarado en la etapa de instrucción de la causa que un día antes del crimen “todo el personal” de la empresa “fue citado por Humberto Martínez”, el delegado de la Unión Ferroviaria, quien les dijo que tenían que ir la mañana siguiente a la estación de Avellaneda para “impedir el corte de vías” de los tercerizados. “El que no viene, que se olvide de todo”, recordó el testigo que les dijo el delegado en aquel entonces.[1]
El testigo dijo que él se negó a ir a la convocatoria y que por ello la noche del crimen fue atacada a tiros su casa de la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda.
También había declarado que se guardaban armas en la sede de Ferrobaires en Constitución y en el Museo Ferroviario de Avellaneda, al tiempo que en los videos grabados en el lugar donde el día del crimen se produjeron los incidentes entre los manifestantes y los ferroviarios, reconoció a los agresores como miembros de dicha empresa y también de Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) del Roca.
De acuerdo a la familia del testigo, éste desapareció alrededor de las 22.30 del miércoles 3 de octubre, cuando salió de su casa a bordo de su Renault Clío en dirección a la casa de su hijo a la que no llegó.
Ante esa situación, su esposa radicó la denuncia en la comisaría de Gerli cuyo personal dio intervención a los efectivos de la DDI Lomas de Zamora y al fiscal Elbio Laborde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Avellaneda.
“No tenemos rastros de él desde anoche. Estaba muy entusiasmado por poder declarar hoy. En ningún momento él se hubiera borrado. Pongo las manos en el fuego por mi padre”, dijo Gastón Severo, hijo del testigo, y agregó que en los días previos habían recibidos llamados sospechosos y amenazas verbales.[2]
Al conocerse públicamente la denuncia de los Severo, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ordenó al personal de la Dirección de Personas Desaparecidas de la Subsecretaría de Justicia, y de las Superintendencias de Investigaciones y de Delitos Complejos de la policía provincial intensificar las tareas de búsqueda para localizar al testigo.
En el mismo sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, ordenó a las fuerzas federales que dependían de la cartera a su cargo realizar una búsqueda a nivel nacional de Severo, mientras que la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, dispuso que también participe de la pesquisa el fiscal José María Campagnoli, de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autores Ignorados.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aclaró públicamente que Severo se encontraba fuera del Programa Nacional de Protección de Testigos ya que el propio ferroviario ni la Justicia habían solicitado ser incluido en el mismo.
Por su parte, Gabriel Solano, abogado del PO, en declaraciones a la prensa realizadas en las puertas de los tribunales donde se llevaba una nueva audiencia del juicio consideró que la desaparición de Severo era “un mensaje mafioso” para que otros testigos no se presentaran a declarar.
Mientras la noticia de la desaparición de Severo y las repercusiones políticas que habían comenzado a generarse ocupaban todos los medios periodísticos, el auto del testigo fue encontrado por la policía en una calle cercana a su domicilio, en Gerli.
Por otro lado, dentro de la sala de audiencias, Osvaldo Vázquez, un militante del Movimiento Teresa Rodríguez, declaró haber visto a un hombre disparar con arma de fuego ubicado sobre la calle, hacia los manifestantes “mercerizados” y los militantes de grupos de izquierda que los acompañaban, cuando éstos ya se estaban desconcentrando.
Luego, José Andino, también del Movimiento Teresa Rodríguez, declaró haber visto a dos tiradores, uno con un revólver y otro con una escopeta.
A su turno, Leonardo Franzin, empleado en los talleres de Remedios de Escalada del ex ferrocarril Roca, que antes del crimen de Ferreyra habían convocado a los trabajadores para ir a Avellaneda. “A algunos les decía que iban a un acto, a otros directamente a reprimir una protesta” y que tras el asesinato “los delegados hicieron una reunión en el comedor para que nadie hablara”.[3]
Por su parte, Juan Molina, compañero de trabajo de Franzin, declaró que él si fue a la estación Avellaneda y que cuando los ferroviarios estaban allí se les unió otro grupo que empezó a arengar para ir hacia los manifestantes, por lo que bajaron de las vías donde y comenzaron a avanzar con los recién llegados gritando desde atrás.
En ese momento dijo que escuchó “dos tiros” y que él recibió una pedrada en la espalda. “Mis compañeros dijeron ´hay fierros´ y corrimos de nuevo a las vías”, recordó y agregó que cuando corrían a los manifestantes se toparon con dos patrulleros en la calle. “Pensé que no nos iban a dejar pasar, pero nos dejaron”, concluyó.[4]
Tras una nueva jornada del juicio, y mientras Severo permanecía desaparecido, manifestantes de distintos partidos políticos y organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo para reclamar por la aparición con vida del testigo. En los que se movilizaron estuvieron miembros y dirigentes del PO, del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Izquierda Socialista (IS), del Partido Comunista Revolucionario y el Partido Obrero y de la JP Peronismo Militante, entre otros.
Finalmente, casi un día después de haber desaparecido, Severo apareció “maniatado” y “descalzo” en la esquina de pasaje Clemenceau y Mariano Acosta, en la localidad de Piñeiro, e Avellaneda, donde fue encontrado por un empleado del Diario Popular que vive allí y dijo haberlo visto “mareado” y “confundido”.
Este empleado contó que el testigo le dijo que había estado secuestrado y que sus captores lo acababan de liberar, y le pasó los números de teléfono para que llamara a sus familiares. Éstos llegaron poco después para auxiliarlo y lo llevaron al Hospital Presidente Perón, ex Finocchietto, de Avellaneda, donde, según su hijo Gastón, se lo notó “golpeado” y “shockeado”.
Severo fue asistido y poco después de la medianoche volvió a su casa de Gerli donde dijo a la prensa: “El mensaje no fue para mí; fue para la Presidenta”.
“Se tienen que dar cuenta algún día, alguien. Qué pasó. Hace tres años que no nos da bola nadie. Las bandas siguen actuando, los tipos siguen poniendo plata. ¿Y plata de dónde?”, expresó.[5]
Ese mismo viernes 5 de octubre, Severo declaró durante cinco horas antes el fiscal Laborde y aseguró que sus captores lo amenazaron para que se dejara de “joder con los trenes”.
“Me dijeron que no me meta más con el ferrocarril, que ahí no voy a volver nunca más. Me decían que era un buchón, un vigilante, que piense en mis hijos”, señaló al retirarse de la fiscalía.[6]
El testigo agregó que podía identificar al menos tres voces distintas entre sus secuestradores y realizar el identikit del único de los captores al que alcanzó a ver.
El crimen del militante XII
“El 20 de octubre de 2010 yo estaba trabajando en la estación Avellaneda. Vi a un grupo encabezado por Pablo Díaz haciendo inteligencia en el lugar”, declaró el jueves 20 de septiembre Omar Merino, militante del PO, en referencia al imputado Díaz.[1]
Según el testigo, el día del crimen de Ferreyra, justo antes de que se produjera el homicidio, él había ido a la marcha a favor de los mercerizados junto a una compañera y que ese grupo de los ferroviarios lo amenazaron: “Zurdo, los vamos a matar. ¿Por qué trajeron mujeres y chicos?”.[2]
Merino contó que tras cruzar el puente Bosch observó dos patrulleros que estaban cruzados en la calle pero que luego se colocaron en paralelo y dejaron el paso libre entre ellos.
El declarante recordó que tras la asamblea y cuando comenzaba a desconcentrar se produjeron los hechos más violentos. “Cuando nos íbamos, vemos que se nos viene encima la patota. Formamos un cordón para contenerlos. Nos tiraban palos, piedras, botellas”, precisó y agregó que en ese momento vio “un tirador en medio de la calle” vestido con pantalón de ferroviario.[3]
“Cuando retrocedieron, un grupo de compañeros los corrimos hasta donde estaban los patrulleros. Les recriminamos que no hicieran nada y cuando volvimos, vi en el suelo, al lado de un auto, un cartucho rojo de escopeta. `Nos tiraron con todo` me dice un compañero”, agregó Merino.[4]
En otro tramo, el testigo se refirió a la conducción de la Unión Ferroviaria y, en ese sentido, dijo que Pedraza quería "”preservar su dominio en el gremio, los trabajadores ferroviarios de planta eran 4.500 y los tercerizados 1.500 que no pueden votar”.[5]
“El sindicato explotaba compañeros, los tenía fuera de convenio y por un tercio de sueldo”, indicó.[6]
En la audiencia del martes 25 de septiembre, Marcelo Carlos Beruir Varterian, un joven que participó de la marcha en favor de los mercerizados, declaró que primero fueron atacados a “piedrazos y botellazos” mientras “la policía auxiliaba al grupo agresor”.
Y como consecuencia de ese primer ataque los manifestantes retrocedieron. “Ellos habían logrado lo que querían: que no cortemos las vías; por lo que debimos suspender la actividad propuesta ya que no estaban dadas las condiciones; no queríamos provocar ni responder a las agresiones”, contó.[7]
En ese momento dijo que vio a una persona que “con total impunidad en el medio de la calle disparaba un arma”.[8]
“Primero pensé que eran balas de salva o de fogueo, no creí que fuesen balas de plomo, pero luego me dijeron que lo habían alcanzado a Mariano”, relató el testigo.[9]
Por su parte, un vendedor ambulante de sándwiches identificado como Ulises Rafael de Oliveira, declaró que los militantes del PO “estaban tranquilos, en orden, con sus banderas y en forma pacífica”.
Mientras que Ariel Pintos, quien fue herido de bala en los mismos hechos que terminaron con la muerte del joven militante, declaró el jueves 27 de septiembre como testigo en el juicio y apuntó contra la Unión Ferroviaria entonces conducida por el acusado Pedraza.
“La UF jamás nos acompañó en nuestro reclamo. Gente de la cooperativa del Mercosur (trabajadores tercerizados) eran amenazados por Pablo Díaz y por su gente, que iban armados para que no entren a las reuniones”, dijo el declarante.
Pintos, quien recibió un tiro en una pierna cuando quiso junto a otros manifestantes cortar las vías en la estación Avellaneda, indicó: “Veo que detrás de los árboles y de los autos sale una persona tirando hacia adelante”.[10]
El 2 de octubre, Gerardo Dell Oro, un fotógrafo del diario Clarín que fue enviado a cubrir los incidentes en los que fue asesinado Ferreyra declaró que escuchó festejar el crimen. “Era una voz masculina, dicha en tono normal de uno a otro detrás mío, que decía ´un zurdito menos´”, recordó.[11]
El reportero gráfico aclaró no haber visto al autor de la frase aunque estimó que pudo ser uno de los integrantes del grupo de los ferroviarios ya que solo llegó a fotografiar a esas personas.
Otro testigo, Matías Avellaneda, custodio del playón de la empresa Chevallier, declaró que los manifestantes estaban “con palos, piedras y gomeras” aunque aseguró que no les vio “armas de fuego”.
“No estaban desafiantes y no me produjeron temor pero les decían a los ferroviarios `vengan` con gritos e insultos”, recordó el testigo.[12]
Merino contó que tras cruzar el puente Bosch observó dos patrulleros que estaban cruzados en la calle pero que luego se colocaron en paralelo y dejaron el paso libre entre ellos.
El declarante recordó que tras la asamblea y cuando comenzaba a desconcentrar se produjeron los hechos más violentos. “Cuando nos íbamos, vemos que se nos viene encima la patota. Formamos un cordón para contenerlos. Nos tiraban palos, piedras, botellas”, precisó y agregó que en ese momento vio “un tirador en medio de la calle” vestido con pantalón de ferroviario.[3]
“Cuando retrocedieron, un grupo de compañeros los corrimos hasta donde estaban los patrulleros. Les recriminamos que no hicieran nada y cuando volvimos, vi en el suelo, al lado de un auto, un cartucho rojo de escopeta. `Nos tiraron con todo` me dice un compañero”, agregó Merino.[4]
En otro tramo, el testigo se refirió a la conducción de la Unión Ferroviaria y, en ese sentido, dijo que Pedraza quería "”preservar su dominio en el gremio, los trabajadores ferroviarios de planta eran 4.500 y los tercerizados 1.500 que no pueden votar”.[5]
“El sindicato explotaba compañeros, los tenía fuera de convenio y por un tercio de sueldo”, indicó.[6]
En la audiencia del martes 25 de septiembre, Marcelo Carlos Beruir Varterian, un joven que participó de la marcha en favor de los mercerizados, declaró que primero fueron atacados a “piedrazos y botellazos” mientras “la policía auxiliaba al grupo agresor”.
Y como consecuencia de ese primer ataque los manifestantes retrocedieron. “Ellos habían logrado lo que querían: que no cortemos las vías; por lo que debimos suspender la actividad propuesta ya que no estaban dadas las condiciones; no queríamos provocar ni responder a las agresiones”, contó.[7]
En ese momento dijo que vio a una persona que “con total impunidad en el medio de la calle disparaba un arma”.[8]
“Primero pensé que eran balas de salva o de fogueo, no creí que fuesen balas de plomo, pero luego me dijeron que lo habían alcanzado a Mariano”, relató el testigo.[9]
Por su parte, un vendedor ambulante de sándwiches identificado como Ulises Rafael de Oliveira, declaró que los militantes del PO “estaban tranquilos, en orden, con sus banderas y en forma pacífica”.
Mientras que Ariel Pintos, quien fue herido de bala en los mismos hechos que terminaron con la muerte del joven militante, declaró el jueves 27 de septiembre como testigo en el juicio y apuntó contra la Unión Ferroviaria entonces conducida por el acusado Pedraza.
“La UF jamás nos acompañó en nuestro reclamo. Gente de la cooperativa del Mercosur (trabajadores tercerizados) eran amenazados por Pablo Díaz y por su gente, que iban armados para que no entren a las reuniones”, dijo el declarante.
Pintos, quien recibió un tiro en una pierna cuando quiso junto a otros manifestantes cortar las vías en la estación Avellaneda, indicó: “Veo que detrás de los árboles y de los autos sale una persona tirando hacia adelante”.[10]
El 2 de octubre, Gerardo Dell Oro, un fotógrafo del diario Clarín que fue enviado a cubrir los incidentes en los que fue asesinado Ferreyra declaró que escuchó festejar el crimen. “Era una voz masculina, dicha en tono normal de uno a otro detrás mío, que decía ´un zurdito menos´”, recordó.[11]
El reportero gráfico aclaró no haber visto al autor de la frase aunque estimó que pudo ser uno de los integrantes del grupo de los ferroviarios ya que solo llegó a fotografiar a esas personas.
Otro testigo, Matías Avellaneda, custodio del playón de la empresa Chevallier, declaró que los manifestantes estaban “con palos, piedras y gomeras” aunque aseguró que no les vio “armas de fuego”.
“No estaban desafiantes y no me produjeron temor pero les decían a los ferroviarios `vengan` con gritos e insultos”, recordó el testigo.[12]
El crimen del militante XI
El comisario Héctor González, titular de la seccional 1ra. de Florencio Varela, declaró el martes 11 de septiembre que conocía al acusado Favale como integrante de la barra brava de Defensa y Justicia porque aquel solía concurrir a la dependencia a su cargo parea coordinar los operativos de seguridad de los partidos de dicho club.
Este testigo contó que los efectivos de la Policía Federal le solicitaron colaboración para detener a Favale por el crimen de Mariano Ferreyra y que participó del allanamiento al domicilio del imputado y a la remisería en la que trabajaba, ambos con resultado negativo.
El comisario González declaró que luego de esos procedimientos recibió un llamado del Favale, a quien le dijo que era buscado por el homicidio del joven militante, a lo que el acusado le aseguró que él no tenía nada que ver con el crimen.
“Le dije que si no tenía nada que ver se presentara, pero me dijo que no lo haría porque estaba viajando a Chascomús”, recordó el jefe policial.[1]
Pero la situación de Favale quedó aún más comprometida cuando el jueves 13 de septiembre, un nuevo testigo, el militante del PO, Néstor Miño, lo identificó como uno de los tiradores durante los incidentes que terminaron con el crimen de Ferreyra.
“El tirador tiraba en medio de la calle, disparando a media altura, al cuerpo, no hacia abajo o arriba y yo les dije a mis compañeros que si volvía a verlo lo reconocía. Y lo vi en la televisión, era Cristian Favale”, Miño.[2]
Este testigo recordó que antes del crimen hubo un primer “enfrentamiento cuando los compañeros quisieron subir a las vías” y el grupo de los ferroviarios se los impidió.
Miño dijo que en ese enfrentamiento escuchó “algunas detonaciones” pero que pensó que eran de la policía y señaló que los ferroviarios “tiraban piedras” mientras que algunos de los manifestantes se defendían con “gomeras”.
El declarante indicó que cuando se trasladaron a Barracas y luego de la asamblea en la que los manifestantes decidieron desconcentrar, se produjo el segundo enfrentamiento con nuevos disparos de arma de fuego.
“La policía no hizo nada en ningún momento, los que bajaban por el terraplén pasan por entre dos patrulleros cruzados en la calle y se van a atacar, era un malón que venía gritando y metía miedo, parecía que nos iban a pasar por encima por la forma de gritar. Nosotros éramos pocos, estábamos desconcentrando, todos venían de arriba de la vía”, recordó.[3]
En similar sentido se expresó en la audiencia del lunes 17 de septiembre, Edgardo Mani, uno de los manifestantes del grupo de Ferreyra, al declarar que los policías presentes en el lugar de los hechos “no hicieron nada para evitar el ataque de la patota” y aseguró que uno de los dos patrulleros que se habían cruzado sobre la calle “se corrió para que pasen los ferroviarios”.[4]
Este testigo contó que los de haber escuchado “seis o siete detonaciones seguidas” se acercó al patrullero junto a una de las víctimas heridas de bala y les recriminó a los efectivos su “inactividad”.
Mani dijo que en el grupo agresor reconoció al acusado Uño porque vivía a “dos cuadras” de su casa y que tiene “tiene relaciones con la barra de Defensa y Justicia”.
El declarante admitió haber utilizado una gomera para repeler la agresión y que su grupo llevó palos pero para “hacer cordón” y defenderse, algo habitual en las marchas.
“En la foto de Clarín lo reconocí, era Favale, no me voy a olvidar nunca”, aseguró Norberto Rosetto, militante felpo, al declarar el martes 18 de septiembre como testigo en el juicio y respecto del tirador agregó: “Nos tiraba agachado con los brazos extendidos moviéndolos de uno lado a otro”.[5]
Este testigo reiteró el reconocimiento de Favale durante la exhibición en la sala de audiencias de un video en el que se ve a un grupo de ferroviarios caminando sobre las vías del ferrocarril Roca el día del crimen.
Sobre la actuación de la policía, Rosetto, dijo: “Vi un par de patrulleros que nos estaban siguiendo con policías de a pie y armaron una fila pero cuando la patota empezó a agredirnos se corrieron para que pasaran”.[6]
Por su parte, José Eduardo Sotelo, un psicólogo que pasaba por el lugar de los hechos y era un testigo protegido, declaró que uno de los tiradores gritó: “Negro, le dimos a uno”, tras lo cual, un tercer integrante del grupo agresor recogió las armas de fuego.[7]
“En ningún momento vi policías, ni ambulancias, ni nada”, añadió Sotelo.[8]
Este testigo contó que los efectivos de la Policía Federal le solicitaron colaboración para detener a Favale por el crimen de Mariano Ferreyra y que participó del allanamiento al domicilio del imputado y a la remisería en la que trabajaba, ambos con resultado negativo.
El comisario González declaró que luego de esos procedimientos recibió un llamado del Favale, a quien le dijo que era buscado por el homicidio del joven militante, a lo que el acusado le aseguró que él no tenía nada que ver con el crimen.
“Le dije que si no tenía nada que ver se presentara, pero me dijo que no lo haría porque estaba viajando a Chascomús”, recordó el jefe policial.[1]
Pero la situación de Favale quedó aún más comprometida cuando el jueves 13 de septiembre, un nuevo testigo, el militante del PO, Néstor Miño, lo identificó como uno de los tiradores durante los incidentes que terminaron con el crimen de Ferreyra.
“El tirador tiraba en medio de la calle, disparando a media altura, al cuerpo, no hacia abajo o arriba y yo les dije a mis compañeros que si volvía a verlo lo reconocía. Y lo vi en la televisión, era Cristian Favale”, Miño.[2]
Este testigo recordó que antes del crimen hubo un primer “enfrentamiento cuando los compañeros quisieron subir a las vías” y el grupo de los ferroviarios se los impidió.
Miño dijo que en ese enfrentamiento escuchó “algunas detonaciones” pero que pensó que eran de la policía y señaló que los ferroviarios “tiraban piedras” mientras que algunos de los manifestantes se defendían con “gomeras”.
El declarante indicó que cuando se trasladaron a Barracas y luego de la asamblea en la que los manifestantes decidieron desconcentrar, se produjo el segundo enfrentamiento con nuevos disparos de arma de fuego.
“La policía no hizo nada en ningún momento, los que bajaban por el terraplén pasan por entre dos patrulleros cruzados en la calle y se van a atacar, era un malón que venía gritando y metía miedo, parecía que nos iban a pasar por encima por la forma de gritar. Nosotros éramos pocos, estábamos desconcentrando, todos venían de arriba de la vía”, recordó.[3]
En similar sentido se expresó en la audiencia del lunes 17 de septiembre, Edgardo Mani, uno de los manifestantes del grupo de Ferreyra, al declarar que los policías presentes en el lugar de los hechos “no hicieron nada para evitar el ataque de la patota” y aseguró que uno de los dos patrulleros que se habían cruzado sobre la calle “se corrió para que pasen los ferroviarios”.[4]
Este testigo contó que los de haber escuchado “seis o siete detonaciones seguidas” se acercó al patrullero junto a una de las víctimas heridas de bala y les recriminó a los efectivos su “inactividad”.
Mani dijo que en el grupo agresor reconoció al acusado Uño porque vivía a “dos cuadras” de su casa y que tiene “tiene relaciones con la barra de Defensa y Justicia”.
El declarante admitió haber utilizado una gomera para repeler la agresión y que su grupo llevó palos pero para “hacer cordón” y defenderse, algo habitual en las marchas.
“En la foto de Clarín lo reconocí, era Favale, no me voy a olvidar nunca”, aseguró Norberto Rosetto, militante felpo, al declarar el martes 18 de septiembre como testigo en el juicio y respecto del tirador agregó: “Nos tiraba agachado con los brazos extendidos moviéndolos de uno lado a otro”.[5]
Este testigo reiteró el reconocimiento de Favale durante la exhibición en la sala de audiencias de un video en el que se ve a un grupo de ferroviarios caminando sobre las vías del ferrocarril Roca el día del crimen.
Sobre la actuación de la policía, Rosetto, dijo: “Vi un par de patrulleros que nos estaban siguiendo con policías de a pie y armaron una fila pero cuando la patota empezó a agredirnos se corrieron para que pasaran”.[6]
Por su parte, José Eduardo Sotelo, un psicólogo que pasaba por el lugar de los hechos y era un testigo protegido, declaró que uno de los tiradores gritó: “Negro, le dimos a uno”, tras lo cual, un tercer integrante del grupo agresor recogió las armas de fuego.[7]
“En ningún momento vi policías, ni ambulancias, ni nada”, añadió Sotelo.[8]
El crimen del militante X
Dos días después de haber sido comprometido por el testigo protegido, el imputado Díaz recibió otro revés judicial cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible el pedido de su defensa para ser excarcelado por el crimen de Ferreyra.
Y en esa misma jornada, otro testigo protegido apuntó contra el acusado Sánchez al asegurar que éste concurrió armado a la convocatoria de los ferroviarios para evitar el corte de vías de los mercerizados apoyados por el grupo de manifestantes del joven militante asesinado.
“Traje el muñeco”, recordó el testigo que le dijo Sánchez cuando ambos iban rumbo al lugar de los hechos a bordo del mismo auto y el acusado le mostró un revólver que guardaba en la guantera.[1]
El declarante también reconoció que había sido convocado por el acusado Díaz a quien conoció tras haberse afiliado a la Unión Ferroviaria.
“A los delegados, como Pablo Díaz en el Roca, no los elegimos nosotros sino que los pone el gremio, que maneja todos los puestos de trabajo”, señaló el testigo.[2]
Respecto de los hechos que derivaron en el crimen de Ferreyra, el declarante contó que al escuchar los disparos comenzó a correr y que recibió un tuercazo en la cabeza, por lo que el acusado González lo llevó en auto al Hospital Argerich para ser asistido.
Según el testigo, camino al hospital, González que “no dijera nada porque se pudrió todo”.[3]
Por su parte, el imputado Sánchez decidió declarar para tratar de derribar la versión del testigo protegido que lo ubicó armado en la escena del crimen. “Él (por el testigo) puso en el torpedo del auto una riñonera, no sé si con un arma, con la picadora de boletos o qué, fue Claudio Díaz, que ahora me acusa pero era mi amigo”, indicó el acusado que sí reconoció que el auto en el que se movilizaban era el suyo.[4]
El acusado, cuya defensa solicitó una carea con el testigo protegido pero el tribunal rechazó el pedido, negó apodarse “Payaso” y ser barra brava de Racing.
El lunes 10 de septiembre, se escuchó a la agente de Asuntos Internos Mariela Redin, quien contó que, como parte de una investigación paralela a la del homicidio, entre las tareas que realizó estuvo vigilar en su domicilio y seguir al por entonces agente de inteligencia, Juan José Riquelme, quien, según el testigo, en al menos dos oportunidades fue a la sede de la Unión Ferroviaria y al menos una de esas visitas coincidió con la presencia de Pedraza en el edificio.
El caso de este ex espía de la Secretaria de Inteligencia consta en una causa conexa a la del crimen de Ferreyra y en la que se investiga el presunto pago de un soborno de 50 mil dólares a la Cámara Nacional de Casación Penal para lograr la excarcelación de los detenidos por el homicidio, entre ellos, el imputado Uño.
En ese marco, los investigadores sospechan que el agente fue el intermediario para efectivizar el pago de ese supuesto soborno y por eso fue detenido por orden de la jueza López.
De hecho, mientras se desarrollaba el juicio, el juez de Instrucción porteño Luis Rodríguez dictó el procesamiento de Riquelme, Pedraza, el ex magistrado Octavio Aráoz de Lamadrid por el delito de “tráfico de influencias”, el secretario judicial Luis Ameghino Escobar y el contador de la Unión Ferroviaria Angel Stafforini.
Según las escuchas telefónicas de la jueza López, Aráoz de Lamadrid habría ofrecido a los camaristas el dinero de Pedraza a través del contador Stafforini; mientras que Escobar, empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal, se encargaría de que la causa sea tratada por la Sala III de dicho cuerpo.
De acuerdo a los pesquisas, en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid se secuestraron 50.000 dólares en cinco fajos de billetes, tal como habían sido retirados de un banco por Stafforini.
Por otro lado, declaró en el debate el comisario mayor retirado Eduardo Innamorato, quien al momento del crimen de Ferreyra era el jefe de la Dirección General de Seguridad e Investigaciones en los Medios de Transporte de la Policía Federal
Este testigo contó que él se enteró un día antes del homicidio de la marcha que iban a realizar los mercerizados, por lo que ordenó realizar un operativo “preventivo” en la estación de trenes de Avellaneda, y entre los que recibieron dicha directiva se encontraba, según el testigo, el comisario Lompizano, uno de los policías acusados de abandono de persona.
El ex jefe policial recordó que el día del crimen estaba en su oficina y cerca de las 13.30 escuchó a uno de los jefes del operativo en Barracas, el enjuiciado comisario inspector Mansilla, que “modulaba para que se informe a la comisaría 30 que bajaban los de la Unión Ferroviaria”.[5]
Luego se produjeron los incidentes que derivaron en el homicidio y, de acuerdo al testigo, cuando Mansilla regresó a su oficina le informó que todo se había desarrollado con “normalidad”.
Y en esa misma jornada, otro testigo protegido apuntó contra el acusado Sánchez al asegurar que éste concurrió armado a la convocatoria de los ferroviarios para evitar el corte de vías de los mercerizados apoyados por el grupo de manifestantes del joven militante asesinado.
“Traje el muñeco”, recordó el testigo que le dijo Sánchez cuando ambos iban rumbo al lugar de los hechos a bordo del mismo auto y el acusado le mostró un revólver que guardaba en la guantera.[1]
El declarante también reconoció que había sido convocado por el acusado Díaz a quien conoció tras haberse afiliado a la Unión Ferroviaria.
“A los delegados, como Pablo Díaz en el Roca, no los elegimos nosotros sino que los pone el gremio, que maneja todos los puestos de trabajo”, señaló el testigo.[2]
Respecto de los hechos que derivaron en el crimen de Ferreyra, el declarante contó que al escuchar los disparos comenzó a correr y que recibió un tuercazo en la cabeza, por lo que el acusado González lo llevó en auto al Hospital Argerich para ser asistido.
Según el testigo, camino al hospital, González que “no dijera nada porque se pudrió todo”.[3]
Por su parte, el imputado Sánchez decidió declarar para tratar de derribar la versión del testigo protegido que lo ubicó armado en la escena del crimen. “Él (por el testigo) puso en el torpedo del auto una riñonera, no sé si con un arma, con la picadora de boletos o qué, fue Claudio Díaz, que ahora me acusa pero era mi amigo”, indicó el acusado que sí reconoció que el auto en el que se movilizaban era el suyo.[4]
El acusado, cuya defensa solicitó una carea con el testigo protegido pero el tribunal rechazó el pedido, negó apodarse “Payaso” y ser barra brava de Racing.
El lunes 10 de septiembre, se escuchó a la agente de Asuntos Internos Mariela Redin, quien contó que, como parte de una investigación paralela a la del homicidio, entre las tareas que realizó estuvo vigilar en su domicilio y seguir al por entonces agente de inteligencia, Juan José Riquelme, quien, según el testigo, en al menos dos oportunidades fue a la sede de la Unión Ferroviaria y al menos una de esas visitas coincidió con la presencia de Pedraza en el edificio.
El caso de este ex espía de la Secretaria de Inteligencia consta en una causa conexa a la del crimen de Ferreyra y en la que se investiga el presunto pago de un soborno de 50 mil dólares a la Cámara Nacional de Casación Penal para lograr la excarcelación de los detenidos por el homicidio, entre ellos, el imputado Uño.
En ese marco, los investigadores sospechan que el agente fue el intermediario para efectivizar el pago de ese supuesto soborno y por eso fue detenido por orden de la jueza López.
De hecho, mientras se desarrollaba el juicio, el juez de Instrucción porteño Luis Rodríguez dictó el procesamiento de Riquelme, Pedraza, el ex magistrado Octavio Aráoz de Lamadrid por el delito de “tráfico de influencias”, el secretario judicial Luis Ameghino Escobar y el contador de la Unión Ferroviaria Angel Stafforini.
Según las escuchas telefónicas de la jueza López, Aráoz de Lamadrid habría ofrecido a los camaristas el dinero de Pedraza a través del contador Stafforini; mientras que Escobar, empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal, se encargaría de que la causa sea tratada por la Sala III de dicho cuerpo.
De acuerdo a los pesquisas, en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid se secuestraron 50.000 dólares en cinco fajos de billetes, tal como habían sido retirados de un banco por Stafforini.
Por otro lado, declaró en el debate el comisario mayor retirado Eduardo Innamorato, quien al momento del crimen de Ferreyra era el jefe de la Dirección General de Seguridad e Investigaciones en los Medios de Transporte de la Policía Federal
Este testigo contó que él se enteró un día antes del homicidio de la marcha que iban a realizar los mercerizados, por lo que ordenó realizar un operativo “preventivo” en la estación de trenes de Avellaneda, y entre los que recibieron dicha directiva se encontraba, según el testigo, el comisario Lompizano, uno de los policías acusados de abandono de persona.
El ex jefe policial recordó que el día del crimen estaba en su oficina y cerca de las 13.30 escuchó a uno de los jefes del operativo en Barracas, el enjuiciado comisario inspector Mansilla, que “modulaba para que se informe a la comisaría 30 que bajaban los de la Unión Ferroviaria”.[5]
Luego se produjeron los incidentes que derivaron en el homicidio y, de acuerdo al testigo, cuando Mansilla regresó a su oficina le informó que todo se había desarrollado con “normalidad”.
El crimen del militante IX
Al momento del crimen de Ferreyra, el sargento Alejandro Tocalino prestaba servicios en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes de la policía bonaerense y, según declaró en el juicio el jueves 30 de agosto, poco después del homicidio del joven militante del PO, el imputado Favale lo llamó y le contó que había estado en el lugar de los hechos. El efectivo también contó que conocía al acusado desde 2009 y que se lo había presentado un compañero de la fuerza de nombre “Mauricio”.
“Por la época de lo ocurrido me llama a mi Nextel y me dijo que había estado en el problema de Capital, que si sabía algo que le avise, me llamó reiteradas veces y a Mauricio también”, señaló Tocalino. [1]
El sargento contó que en un primer momento no supo a qué se refería Favale con “el problema de Capital” pero cuando se enteró le comunicó la novedad a su superior inmediato.
El testigo señaló que conocía al acusado por el nombre de “Cristian” ya que no sabía su apellido, aunque sí estaba al tanto de que Favale tenía un Chevrolet Corsa, trabajaba como remisero en Florencio Varela y era hincha del club de esa localidad, Defensa y Justicia.
Ante una pregunta de la defensa de Favale, Tocalino admitió que para noviembre de 2010 él sabía que el personal de la DDI Lomas de Zamora realizaba tareas de inteligencia para localizar el domicilio del acusado y que se contactó con esos efectivos antes de que realizaran el allanamiento para ofrecerse como “mediador” con el sospechoso.
En la misma audiencia también declaró el principal Ángel Castro, quien estuvo a cargo de tareas de inteligencia para localizar al imputado Díaz. “Buscábamos por Internet los datos y teníamos el NOSIS”, dijo en referencia a una empresa privada que entrega datos personales y crediticios. “Lo teníamos hasta que no se pagó más, alguien lo pagaba para trabajar porque no tenemos acceso a grandes bases de datos y si no, no llegamos nunca a nada”, agregó el testigo.[2]
Luego, en la jornada del lunes 3 de septiembre, declaró Víctor Apaza, subinspector de Asuntos Internos la Policía Federal, que contó que el imputado Pedraza fue detenido el 22 de febrero de 2011 en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero y que el acusado no ofreció resistencia.
Este testigo también se refirió a un allanamiento previo en la sede de la Unión Ferroviaria y una cooperativa de donde secuestraron el contenido de una caja fuerte y de los discos de las computadoras del que luego se obtuvo la prueba para conformar la acusación
Un día después declaró un testigo protegido que admitió haber sido parte del grupo agresor y que la pelea con los manifestantes la empezaron ellos, al tiempo que complicó puntualmente la situación de los imputados Favale, Díaz y Fernández.
Este testigo, que trabajaba como guarda ferroviario desde 1995, contó que recibió un llamado telefónico de Díaz para “evitar que los zurdos corten las vías” y que accedió a ir porque había sacado un crédito y buscaba que un familiar obtuviera un puesto en la empresa.
Contó que al llegar a la estación Avellaneda vio en el lugar a los acusados Sánchez, Pérez, Pipito, Uño, Díaz y González, y también a otro grupo que él no reconoció como ferroviarios y que le dijeron que a esas personas las había convocado “Pablo”, por Díaz.
“Nosotros nos separamos en dos grupos y vi a uno del otro flanco que disparó cuatro y cinco veces hasta que se trabó el arma y empezó a gritar. Pablo Díaz le dijo que sacara los otros fierros pero el tipo decía que no había llevado más”, declaró el testigo que identificó al tirador como Favale. “Este le decía a los gritos a Díaz que ´al gil ese de la gomera le agujeree la panza´”, agregó en referencia a Ferreyra.[3]
El testigo recordó que luego vio a Díaz hablar por celular con alguien y que tras esa comunicación le indicó al grupo de los ferroviarios retirarse del lugar. “Dice el Gallego que nos vayamos rápido de acá”, señaló.[4]
El declarante reconoció que se decidió a contar lo que él sabía porque un amigo suyo, contratista de la Municipalidad de Quilmes, le recomendó al día siguiente del crimen que lo hiciera porque sino “iba a terminar preso” por algo que no había hecho, y así fue que lo llevaron hasta el intendente de ese partido, Francisco Gutiérrez, quien tras escuchar lo que tenía para contar lo condujo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Allí, el ministro Julio Alak lo llevó hasta la fiscal de la causa, Graciela Caamaño para que prestara declaración formal ante la Justicia.
“Por la época de lo ocurrido me llama a mi Nextel y me dijo que había estado en el problema de Capital, que si sabía algo que le avise, me llamó reiteradas veces y a Mauricio también”, señaló Tocalino. [1]
El sargento contó que en un primer momento no supo a qué se refería Favale con “el problema de Capital” pero cuando se enteró le comunicó la novedad a su superior inmediato.
El testigo señaló que conocía al acusado por el nombre de “Cristian” ya que no sabía su apellido, aunque sí estaba al tanto de que Favale tenía un Chevrolet Corsa, trabajaba como remisero en Florencio Varela y era hincha del club de esa localidad, Defensa y Justicia.
Ante una pregunta de la defensa de Favale, Tocalino admitió que para noviembre de 2010 él sabía que el personal de la DDI Lomas de Zamora realizaba tareas de inteligencia para localizar el domicilio del acusado y que se contactó con esos efectivos antes de que realizaran el allanamiento para ofrecerse como “mediador” con el sospechoso.
En la misma audiencia también declaró el principal Ángel Castro, quien estuvo a cargo de tareas de inteligencia para localizar al imputado Díaz. “Buscábamos por Internet los datos y teníamos el NOSIS”, dijo en referencia a una empresa privada que entrega datos personales y crediticios. “Lo teníamos hasta que no se pagó más, alguien lo pagaba para trabajar porque no tenemos acceso a grandes bases de datos y si no, no llegamos nunca a nada”, agregó el testigo.[2]
Luego, en la jornada del lunes 3 de septiembre, declaró Víctor Apaza, subinspector de Asuntos Internos la Policía Federal, que contó que el imputado Pedraza fue detenido el 22 de febrero de 2011 en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero y que el acusado no ofreció resistencia.
Este testigo también se refirió a un allanamiento previo en la sede de la Unión Ferroviaria y una cooperativa de donde secuestraron el contenido de una caja fuerte y de los discos de las computadoras del que luego se obtuvo la prueba para conformar la acusación
Un día después declaró un testigo protegido que admitió haber sido parte del grupo agresor y que la pelea con los manifestantes la empezaron ellos, al tiempo que complicó puntualmente la situación de los imputados Favale, Díaz y Fernández.
Este testigo, que trabajaba como guarda ferroviario desde 1995, contó que recibió un llamado telefónico de Díaz para “evitar que los zurdos corten las vías” y que accedió a ir porque había sacado un crédito y buscaba que un familiar obtuviera un puesto en la empresa.
Contó que al llegar a la estación Avellaneda vio en el lugar a los acusados Sánchez, Pérez, Pipito, Uño, Díaz y González, y también a otro grupo que él no reconoció como ferroviarios y que le dijeron que a esas personas las había convocado “Pablo”, por Díaz.
“Nosotros nos separamos en dos grupos y vi a uno del otro flanco que disparó cuatro y cinco veces hasta que se trabó el arma y empezó a gritar. Pablo Díaz le dijo que sacara los otros fierros pero el tipo decía que no había llevado más”, declaró el testigo que identificó al tirador como Favale. “Este le decía a los gritos a Díaz que ´al gil ese de la gomera le agujeree la panza´”, agregó en referencia a Ferreyra.[3]
El testigo recordó que luego vio a Díaz hablar por celular con alguien y que tras esa comunicación le indicó al grupo de los ferroviarios retirarse del lugar. “Dice el Gallego que nos vayamos rápido de acá”, señaló.[4]
El declarante reconoció que se decidió a contar lo que él sabía porque un amigo suyo, contratista de la Municipalidad de Quilmes, le recomendó al día siguiente del crimen que lo hiciera porque sino “iba a terminar preso” por algo que no había hecho, y así fue que lo llevaron hasta el intendente de ese partido, Francisco Gutiérrez, quien tras escuchar lo que tenía para contar lo condujo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Allí, el ministro Julio Alak lo llevó hasta la fiscal de la causa, Graciela Caamaño para que prestara declaración formal ante la Justicia.
El crimen del militante VIII
El lunes 27 de agosto declaró como testigo María Wenceslada Villaba, una militante del PO que estaba junto a su compañera Elsa Rodríguez cuando la balearon a ésta y también vio a Ferreyra cuando agonizaba.
La mujer contó que ella caminaba junto a Rodríguez por una calle lindera a las vías del tren en Barracas de donde habían decidido retirarse tras los primeros incidentes en los que, según la testigo, su compañera ya había recibido una pedrada en el brazo.
“Iba con Elsa volviendo para el local, no íbamos ordenados, no miré para atrás ni Elsa tampoco. Se sentía griterío, lío, íbamos conversando por la vereda, en la esquinita había agua y barro, yo salto y sigo derecho pero Elsa no, hice tres pasos y escuché ´se resbaló Elsa´, la vi caer, me vuelvo para atrás y le digo:´Che te pegaron en la mano, no es para que te desmayes´, pensando que se había resbalado”, relató Villalba.[1]
Y agregó: “No me da la mano cuando le di la mía, la miro a los ojos y estaban cerrados, la agarro de la pera para darle una bofetada y le veo en el costado de la frente que le cuelga, un agujero hondo en la sien. La dejé despacito, era una bala, y grité: ´escóndanse que nos quieren matar´”.[2]
La testigo contó que en ese momento dejó a su compañera en el piso y comenzó a correr y pedir auxilio para que alguien llamara a una ambulancia. “Corría y gritaba, seguí corriendo y en la esquina todos gritaban, ahí les dije mataron a Elsa de un tiro en la cabeza y que quería un celular. Ahí miré para el costado y vi a Mariano, tirado contra una pared y ya no me acordé de más nada, ni de los números para llamar”, relató.[3]
Con lágrimas en los ojos, Villaba señaló que se acercó hasta Mariano. “Lo revisé, le subí la remera y le encontré un hueco como el de Elsa”, describió.[4]
“(El joven baleado) Tenía una pierna arrollada, otra estaba estirada, se había hecho pis, traté de bajarle la cabeza, pero él no hablaba, tenía los ojos abiertos, grandes, pero él no tenía fuerza. Alguien me dijo `no lo toques`, le dije que quería sacarle la mochila y acostarlo, lo acostamos y yo le decía que ya habíamos pedido ayuda y venía la ambulancia. Le mentí, porque realmente no sabía”, añadió la testigo, cuya declaración debió ser interrumpida porque no podía parar de llorar al recordar los hechos.[5]
Mientras que en la jornada del martes 28 de agosto, el sargento José Alberto Ortigoza contó que había al operativo de seguridad donde se desarrollaba la marcha de los manifestantes del PO ido vestido de civil y que debía informarle al subcomisario Rolando Garay, de la seccional 30ra. -en referencia a uno de los policías imputados-, qué decisiones iban tomando los que protestaban. El testigo también dijo que conocía a Belliboni como referente del PO ya que lo había tratado en otras protestas.
Ortigoza explicó que primero vio que los manifestantes hicieron una asamblea y luego decidieron retirarse del lugar. “Veo gente que venía corriendo desde el lado de las vías (…). Iban en persecución detrás de los manifestantes (...) caían piedras grandes”, relató el testigo.[6]
El sargento contó que en ese momento observó a los periodistas de C5N que estaban en el lugar y les gritó que se corrieran y pusieran a resguardo. También dijo que cerca de él había otros policías de la División Roca vestidos de civil a los que los agresores se les abalanzaban al grito de “¡estos están con ellos, vamos a darles!”,[7] aunque uno de los efectivos los convenció de que eran policías.
A su turno, el suboficial escribiente Luis Humberto Coronel ofreció un testimonio en el que fue cambiando su descripción de los hechos, por ejemplo, cuando se refirió a quiénes tiraban piedras, en qué dirección iban y a qué distancia estaba él. “Diez, veinte metros, pongamos veinte, bueno, lo que usted quiera”, le contestó al juez Díaz.[8]
Este testigo dijo que en realidad no vio si un grupo alcanzó al otro, por lo que el juez Barroetaveña le indicó: “Es que dice cosas distintas según quién le pregunta”.[9]
Coronel si afirmó que él no tenía instrucciones para buscar una negociación y evitar los hechos de violencia, y que el grupo agresor desbordó. Y agregó que luego de enterarse de que había personas baleadas no recibió órdenes de rastrear las armas.
Por último, el inspector Sergio Domínguez explicó que no pudieron impedir el paso de los agresores y que la orden que recibió fue cuidar de que a ellos mismos no les pasara nada.
La mujer contó que ella caminaba junto a Rodríguez por una calle lindera a las vías del tren en Barracas de donde habían decidido retirarse tras los primeros incidentes en los que, según la testigo, su compañera ya había recibido una pedrada en el brazo.
“Iba con Elsa volviendo para el local, no íbamos ordenados, no miré para atrás ni Elsa tampoco. Se sentía griterío, lío, íbamos conversando por la vereda, en la esquinita había agua y barro, yo salto y sigo derecho pero Elsa no, hice tres pasos y escuché ´se resbaló Elsa´, la vi caer, me vuelvo para atrás y le digo:´Che te pegaron en la mano, no es para que te desmayes´, pensando que se había resbalado”, relató Villalba.[1]
Y agregó: “No me da la mano cuando le di la mía, la miro a los ojos y estaban cerrados, la agarro de la pera para darle una bofetada y le veo en el costado de la frente que le cuelga, un agujero hondo en la sien. La dejé despacito, era una bala, y grité: ´escóndanse que nos quieren matar´”.[2]
La testigo contó que en ese momento dejó a su compañera en el piso y comenzó a correr y pedir auxilio para que alguien llamara a una ambulancia. “Corría y gritaba, seguí corriendo y en la esquina todos gritaban, ahí les dije mataron a Elsa de un tiro en la cabeza y que quería un celular. Ahí miré para el costado y vi a Mariano, tirado contra una pared y ya no me acordé de más nada, ni de los números para llamar”, relató.[3]
Con lágrimas en los ojos, Villaba señaló que se acercó hasta Mariano. “Lo revisé, le subí la remera y le encontré un hueco como el de Elsa”, describió.[4]
“(El joven baleado) Tenía una pierna arrollada, otra estaba estirada, se había hecho pis, traté de bajarle la cabeza, pero él no hablaba, tenía los ojos abiertos, grandes, pero él no tenía fuerza. Alguien me dijo `no lo toques`, le dije que quería sacarle la mochila y acostarlo, lo acostamos y yo le decía que ya habíamos pedido ayuda y venía la ambulancia. Le mentí, porque realmente no sabía”, añadió la testigo, cuya declaración debió ser interrumpida porque no podía parar de llorar al recordar los hechos.[5]
Mientras que en la jornada del martes 28 de agosto, el sargento José Alberto Ortigoza contó que había al operativo de seguridad donde se desarrollaba la marcha de los manifestantes del PO ido vestido de civil y que debía informarle al subcomisario Rolando Garay, de la seccional 30ra. -en referencia a uno de los policías imputados-, qué decisiones iban tomando los que protestaban. El testigo también dijo que conocía a Belliboni como referente del PO ya que lo había tratado en otras protestas.
Ortigoza explicó que primero vio que los manifestantes hicieron una asamblea y luego decidieron retirarse del lugar. “Veo gente que venía corriendo desde el lado de las vías (…). Iban en persecución detrás de los manifestantes (...) caían piedras grandes”, relató el testigo.[6]
El sargento contó que en ese momento observó a los periodistas de C5N que estaban en el lugar y les gritó que se corrieran y pusieran a resguardo. También dijo que cerca de él había otros policías de la División Roca vestidos de civil a los que los agresores se les abalanzaban al grito de “¡estos están con ellos, vamos a darles!”,[7] aunque uno de los efectivos los convenció de que eran policías.
A su turno, el suboficial escribiente Luis Humberto Coronel ofreció un testimonio en el que fue cambiando su descripción de los hechos, por ejemplo, cuando se refirió a quiénes tiraban piedras, en qué dirección iban y a qué distancia estaba él. “Diez, veinte metros, pongamos veinte, bueno, lo que usted quiera”, le contestó al juez Díaz.[8]
Este testigo dijo que en realidad no vio si un grupo alcanzó al otro, por lo que el juez Barroetaveña le indicó: “Es que dice cosas distintas según quién le pregunta”.[9]
Coronel si afirmó que él no tenía instrucciones para buscar una negociación y evitar los hechos de violencia, y que el grupo agresor desbordó. Y agregó que luego de enterarse de que había personas baleadas no recibió órdenes de rastrear las armas.
Por último, el inspector Sergio Domínguez explicó que no pudieron impedir el paso de los agresores y que la orden que recibió fue cuidar de que a ellos mismos no les pasara nada.
El crimen del militante VII
Federico Lugo, quien integraba el mismo grupo de manifestantes que Ferreyra, declaró el 23 de agosto que el día del crimen no hubo un enfrentamiento con la patota ferroviaria sino que hubo un ataque contra los que protestaban.
El testigo indicó durante el debate que los agresores bajaron de las vías del ferrocarril Roca en Barracas y que ante esa situación, él junto a otras 10 o 15 personas formaron un cordón humano para proteger a los manifestantes.
“El cordón es atacado y nosotros devolvemos algunos piedrazas”, relató Lugo quien admitió que “para la defensa” se habían distribuido palos entre los integrantes de su grupo.[1]
El testigo dijo que en ese momento vio en en medio de la calle, entre los que conformaban el grupo de los “atacantes” a una persona con “un arma de fuego” que los “estaba apuntando” y que luego escuchó a Nelson Aguirre que se agarraba la pierna y gritaba: “Son balas de plomo”.[2]
“Fue un ataque, no fue un enfrentamiento”, aseguró Lugo, quien describió a la persona armada como “robusta”, que se encontraba “agazapada” y con el arma “en la mano derecha”.[3]
Por su parte, la defensa del acusado Pedraza pidió la nulidad de todo el proceso y su excarcelación por considerar que se habían producido “contradicciones” entre los primeros ocho testigos y presentado “pruebas viciadas”.
El defensor Carlos Froment también solicitó nuevamente la excarcelación de Pedraza y el tribunal le indicó que lo iba a resolver al día siguiente, aunque el requerimiento de nulidad lo iba a definir al finalizar el debate.
El día después, el tribunal finalmente rechazó el pedido de excarcelación de Pedraza y también de los acusados Fernández, Alcorcel, Uño y Sánchez, cuyos defensores se habían sumado al requerimiento del abogado Froment.
Es que los defensores sostenían la versión del enfrentamiento, de que “los militantes querían pelea y a tuvieron” –tal como lo describió el abogado Alejandro Freeland, defensor de Fernández- y que los ferroviarios dispararon para defenderse. Y para ello, se basaron en los dichos de un testigos presencial, Miguel Angel Espeche, quien declaró que antes de los incidentes ya había utilizado “una o dos veces” la gomera.[4]
El testigo indicó durante el debate que los agresores bajaron de las vías del ferrocarril Roca en Barracas y que ante esa situación, él junto a otras 10 o 15 personas formaron un cordón humano para proteger a los manifestantes.
“El cordón es atacado y nosotros devolvemos algunos piedrazas”, relató Lugo quien admitió que “para la defensa” se habían distribuido palos entre los integrantes de su grupo.[1]
El testigo dijo que en ese momento vio en en medio de la calle, entre los que conformaban el grupo de los “atacantes” a una persona con “un arma de fuego” que los “estaba apuntando” y que luego escuchó a Nelson Aguirre que se agarraba la pierna y gritaba: “Son balas de plomo”.[2]
“Fue un ataque, no fue un enfrentamiento”, aseguró Lugo, quien describió a la persona armada como “robusta”, que se encontraba “agazapada” y con el arma “en la mano derecha”.[3]
Por su parte, la defensa del acusado Pedraza pidió la nulidad de todo el proceso y su excarcelación por considerar que se habían producido “contradicciones” entre los primeros ocho testigos y presentado “pruebas viciadas”.
El defensor Carlos Froment también solicitó nuevamente la excarcelación de Pedraza y el tribunal le indicó que lo iba a resolver al día siguiente, aunque el requerimiento de nulidad lo iba a definir al finalizar el debate.
El día después, el tribunal finalmente rechazó el pedido de excarcelación de Pedraza y también de los acusados Fernández, Alcorcel, Uño y Sánchez, cuyos defensores se habían sumado al requerimiento del abogado Froment.
Es que los defensores sostenían la versión del enfrentamiento, de que “los militantes querían pelea y a tuvieron” –tal como lo describió el abogado Alejandro Freeland, defensor de Fernández- y que los ferroviarios dispararon para defenderse. Y para ello, se basaron en los dichos de un testigos presencial, Miguel Angel Espeche, quien declaró que antes de los incidentes ya había utilizado “una o dos veces” la gomera.[4]
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