Al momento del crimen de Ferreyra, el sargento Alejandro Tocalino prestaba servicios en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes de la policía bonaerense y, según declaró en el juicio el jueves 30 de agosto, poco después del homicidio del joven militante del PO, el imputado Favale lo llamó y le contó que había estado en el lugar de los hechos. El efectivo también contó que conocía al acusado desde 2009 y que se lo había presentado un compañero de la fuerza de nombre “Mauricio”.
“Por la época de lo ocurrido me llama a mi Nextel y me dijo que había estado en el problema de Capital, que si sabía algo que le avise, me llamó reiteradas veces y a Mauricio también”, señaló Tocalino. [1]
El sargento contó que en un primer momento no supo a qué se refería Favale con “el problema de Capital” pero cuando se enteró le comunicó la novedad a su superior inmediato.
El testigo señaló que conocía al acusado por el nombre de “Cristian” ya que no sabía su apellido, aunque sí estaba al tanto de que Favale tenía un Chevrolet Corsa, trabajaba como remisero en Florencio Varela y era hincha del club de esa localidad, Defensa y Justicia.
Ante una pregunta de la defensa de Favale, Tocalino admitió que para noviembre de 2010 él sabía que el personal de la DDI Lomas de Zamora realizaba tareas de inteligencia para localizar el domicilio del acusado y que se contactó con esos efectivos antes de que realizaran el allanamiento para ofrecerse como “mediador” con el sospechoso.
En la misma audiencia también declaró el principal Ángel Castro, quien estuvo a cargo de tareas de inteligencia para localizar al imputado Díaz. “Buscábamos por Internet los datos y teníamos el NOSIS”, dijo en referencia a una empresa privada que entrega datos personales y crediticios. “Lo teníamos hasta que no se pagó más, alguien lo pagaba para trabajar porque no tenemos acceso a grandes bases de datos y si no, no llegamos nunca a nada”, agregó el testigo.[2]
Luego, en la jornada del lunes 3 de septiembre, declaró Víctor Apaza, subinspector de Asuntos Internos la Policía Federal, que contó que el imputado Pedraza fue detenido el 22 de febrero de 2011 en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero y que el acusado no ofreció resistencia.
Este testigo también se refirió a un allanamiento previo en la sede de la Unión Ferroviaria y una cooperativa de donde secuestraron el contenido de una caja fuerte y de los discos de las computadoras del que luego se obtuvo la prueba para conformar la acusación
Un día después declaró un testigo protegido que admitió haber sido parte del grupo agresor y que la pelea con los manifestantes la empezaron ellos, al tiempo que complicó puntualmente la situación de los imputados Favale, Díaz y Fernández.
Este testigo, que trabajaba como guarda ferroviario desde 1995, contó que recibió un llamado telefónico de Díaz para “evitar que los zurdos corten las vías” y que accedió a ir porque había sacado un crédito y buscaba que un familiar obtuviera un puesto en la empresa.
Contó que al llegar a la estación Avellaneda vio en el lugar a los acusados Sánchez, Pérez, Pipito, Uño, Díaz y González, y también a otro grupo que él no reconoció como ferroviarios y que le dijeron que a esas personas las había convocado “Pablo”, por Díaz.
“Nosotros nos separamos en dos grupos y vi a uno del otro flanco que disparó cuatro y cinco veces hasta que se trabó el arma y empezó a gritar. Pablo Díaz le dijo que sacara los otros fierros pero el tipo decía que no había llevado más”, declaró el testigo que identificó al tirador como Favale. “Este le decía a los gritos a Díaz que ´al gil ese de la gomera le agujeree la panza´”, agregó en referencia a Ferreyra.[3]
El testigo recordó que luego vio a Díaz hablar por celular con alguien y que tras esa comunicación le indicó al grupo de los ferroviarios retirarse del lugar. “Dice el Gallego que nos vayamos rápido de acá”, señaló.[4]
El declarante reconoció que se decidió a contar lo que él sabía porque un amigo suyo, contratista de la Municipalidad de Quilmes, le recomendó al día siguiente del crimen que lo hiciera porque sino “iba a terminar preso” por algo que no había hecho, y así fue que lo llevaron hasta el intendente de ese partido, Francisco Gutiérrez, quien tras escuchar lo que tenía para contar lo condujo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Allí, el ministro Julio Alak lo llevó hasta la fiscal de la causa, Graciela Caamaño para que prestara declaración formal ante la Justicia.
[1] Télam, jueves 30 de agosto de 2012.
[2] Idem. 1.
[3] Télam, martes 4 de septiembre de 2012.
[4] Idem. 3.
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