Diario de un crimen: 35 y 36

El juez de Garantías Darío Martínez dispuso, antes de resolver si aceptaba o no el requerimiento de la fiscalía, realizar una audiencia para que todas las partes, en especial la defensa de los rugbiers, tuviesen la oportunidad de exponer en forma presencial y oral sus argumentos a favor y en contra del planteo de la doctora Zambrano.
Todos los acusados tenían un mismo abogado, el doctor Torelli, quien fue el principal orador durante dicha audiencia, la cual se celebró en la villa turística, que seguía convulsionada por el crimen de Francis, a más de un mes de cometido el hecho.
Aquella fue una extensa jornada que comenzó cuando los ocho detenidos fueron trasladados antes del amanecer desde la cárcel hasta el Juzgado de Garantías bajo un fuerte operativo de seguridad que fue filmado casi en forma íntegra por las cámaras de los distintos móviles periodísticos que siguieron los vehículos del servicio penitenciario por las distintas rutas y caminos.
Los rugbiers llegaron esposados y escoltados a primera hora de la mañana y en la puerta del juzgado los aguardaba un grupo de vecinos se había reunido allí con pancartas con la foto de Francis y leyendas en reclamo de justicia. “¡Asesinos!”, gritaban los manifestantes más exaltados.
En esta oportunidad no hubo presencia de turistas ya que la temporada de verano estaba por terminar los turistas, a lo que se sumaba que la sede judicial se ubicaba lejos del centro de la villa y en el medio de un barrio de residentes permanentes.
El recinto del juez Martínez no era demasiado amplio, por lo que sólo pudieron ingresar a la audiencia los acusados, abogados y empleados judiciales; mientras que los familiares de los rugbiers permanecieron en una sala contigua.
Durante su exposición, el defensor Torelli solicitó al magistrado una morigeración de la prisión preventiva y sugirió un arresto domiciliario con monitoreo electrónico para los ochos imputados.
En tanto que los abogados Barrera y Alvarez pidieron sumar a la acusación los agravantes de “alevosía” y el de matar “por placer”; lo cual no cambiaba la pena en expectativa porque los rugbiers ya estaban imputados de “homicidio calificado”, aunque sí describía un accionar extremadamente violento ya que implicaba que se aprovecharon del estado de indefensión de la víctima y que lo asesinaron por ninguno motivo más que porque así lo quisieron.
Por su parte, la fiscal Zambrano ratificó todos los extremos de su requerimiento y aclaró que como aún restaban conocerse los resultados de distintos peritajes, en los próximos días iba a ampliar su acusación.
Antes de finalizar la audiencia, el juez brindó a los imputados la posibilidad de realizar algún comentario o declaración, aunque estos dichos no iban a tener ninguna validez en el expediente.
Fue Bruno el único de los acusados que aceptó hablar y tras ponerse de pie se dirigió brevemente al magistrado: “Nunca tuvimos la intención de matarlo.”
Minutos después del mediodía, el juez dio por concluida la audiencia y los rugbiers fueron trasladados inmediatamente de regreso a la cárcel, lo que demandó otras dos horas de viaje.
Y al retirarse del juzgado, otra vez los vecinos agitaron sus pancartas y los insultaron. “¡Gusanos!”, se escuchó gritar a más de uno de los manifestantes.
En tanto, el defensor Torelli aprovechó para presentar en la mesa de entradas del despacho del magistrado una denuncia contra la doctora Zambrano por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, el abogado de los rugbiers pidió la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias por considerar que hubo irregularidades durante la realización de las mismas que las invalidaban.
Y si bien estos planteos fueron remitidos al fiscal general de la costa, David Estévez, para que se pronunciara al respecto antes de que el juez tomase una decisión, Martínez dejó en claro cuál era su criterio sobre la causa cuando un día después de la audiencia oral dictó la prisión preventiva de los ochos acusados.
En su fallo, el magistrado mantuvo la imputación tal cual la expuso la doctora Zambrano y remarcó los imputados “ejercieron especial violencia” sobre la víctima y exteriorizaron “un claro accionar dirigido a concretar su muerte”.
Por ello es que no sorprendió que poco después, tanto el fiscal general como el propio juez desestimaran las denuncias por irregularidades y pedidos de nulidad interpuestos por la defensa que, por su parte, recurrió estas decisiones junto al dictado de prisión preventiva ante la Cámara de Apelaciones.