Cayó “El Cholo”
A principios de 1998, “El Cholo” era el bailantero que más sonaba en la Justicia bonaerense. Conciente de que era buscado por el crimen de Mariños, el principal sospechoso se burló de los investigadores y, desde la clandestinidad, dio una entrevista periodística en la que aseguró que era totalmente inocente.
Después de esa nota, Soto no pudo esconderse por mucho tiempo más. A fines de febrero, los policías de la comisaría segunda de San Vicente y de la Policía Federal Argentina habían detectado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza localizaron a una bailantera tomando un vuelo a Santiago de Chile por lo que avisaron al personal de INTERPOL de ese país.
Los detectives chilenos aguardaron la llegada de la sospechosa al aeropuerto y desde allí luego la siguieron hasta el Hotel Tupahue, en pleno centro de Santiago, donde descubrieron que Soto estaba alojado en una de las habitaciones.
La INTERPOL chilena ya había recibido de sus pares argentinos una serie de fotografías y un informe con huellas dactilares del prófugo por lo que montaron una estricta vigilancia sobre Soto hasta que la Corte Suprema de Chile hizo lugar la orden de detención pedida por la Justicia de La Plata y concretaron la aprehensión.
El acusado quedó alojado en el Centro de Detención Penal Sur, una cárcel de Santiago y se iniciaron los trámites para su extradición a la Argentina, donde le imputaban delitos gravísimos como el de “homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, promesa de pago a los autores materiales, y la participación de más de una persona”, castigados con la reclusión perpetua, la más severa del Código Penal.
Sin embargo, los abogados defensores del “Cholo” llevaron adelante una estrategia que consistió en presentar en Chile distintos recursos para trabar el proceso de extradición que, de por sí, es largo.
La instrucción de la causa comenzó a recorrer un caminó difícil y peligroso al punto en que en abril del mismo año, mientras Soto seguía preso en Chile, una testigo considerada clave y un funcionario judicial de la causa denunciaron que fueron amenazados de muerte.
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