III

¿La calma?
El día después de los incidentes ocurridos en Isidro Casanova, el Ministerio de Seguridad difundió un comunicado en el que dejó en claro cuál era su postura frente a la muerte de Diego: el joven fue asesinado por una patota.
Pero, a su vez, para calmar los ánimos de los vecinos, que seguían señalando a la policía como responsable, desde la cartera de informó que dos efectivos de la seccional de San Carlos, quienes la madrugada del crimen estaban en la misma disco, habían sido echados de la fuerza luego de ser hallados borrachos detrás de “Invasión”.
Sin embargo, el comunicado de Ministerio aclaró que el crimen del joven y la sanción disciplinaria de los policías fueron dos hechos distintos a pesar de que ocurrieron en el mismo lugar y a la misma hora.
Los policías sancionados que tenían que custodiar la zona y no respondieron los llamados por radio que les hacían desde la comisaría. Por eso enviaron otro móvil en su búsqueda y fue cuando encontraron el patrullero estacionado en el patio trasero del boliche.
Al acercarse, los policías observaron que uno de los efectivos estaba adentro, dormido y ebrio.; y el otro acaba de ser echado del local, también borracho, por el personal de seguridad porque también había provocado desmanes.
Por otro lado, la información oficial sembraba dudas sobre el padre de Diego al afirmar que Raúl tenía “antecedentes judiciales por su participación en los saqueos a comercios ocurridos en diciembre de 2001”.
Al conocerse ese dato, Santiago, un hermano de la víctima, aseguró que Diego era del Frente de Trabajadores Combativos y comparó su muerte con la de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía en Avellaneda durante una protesta en el Puente Pueyrredón ocurrida el 26 de junio de 2002.
“A Kosteki y Santillán los mató la policía por ser luchadores sociales. A Diego también lo mató la policía y también era un luchador social”, dijo Santiago.
Por la denominada “Masacre de Avellaneda”, dos efectivos policiales fueron condenados en 2005 a reclusión perpetua por “doble homicidio calificado”.
En tanto, los padres de Diego se reunieron luego con el fiscal general de La Matanza para pedirle que se investigara el accionar policial.
La promesa que recibieron los familiares y su abogado fue que no se iban a descartar ninguna hipótesis y que la pesquisa iba a pasar a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, es decir, fuera de la jurisdicción de la Jefatura que es la que tenía bajo su órbita a la comisaría de San Carlos, cuyos efectivos estaban en la mira y, uno a uno, declararon como testigos en la causa.