Un crimen sin asesinos 2* - Parte III -

* Segunda parte del folletín publicado en este blog en agosto de 2009.

 El 4 de agosto, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Natalio por entender que si bien no había riesgo de fuga, si lo dejaba en libertad, el acusado iba a reiterar “su comportamiento disvalioso atentando contra la buena marcha del proceso”.

 Es que los camaristas consideraron que si era verdad lo que manifestaba el testigo nuevo acerca de que Natalio hizo una falsa denuncia al dar su versión de los hechos, el imputado puede volver a mentir para desviar la pesquisa estando libre.

 Y si bien la defensa impugnó la validez de ese testimonio, la Cámara sostuvo que esa cuestión debía resolverse durante el juicio oral.

 Por su parte, el propio Natalio desde prisión hizo llegar a la prensa a través de su abogado una carta en la que sostuvo: "El testigo nuevo es totalmente falso porque utiliza el relato que hizo hace años un matrimonio que dijo haber visto en la ruta frente al Parque Pereyra a un joven que le pegaba a una chica que estaba sentada en un auto con las puertas abiertas y al lado, a varios metros, otro auto a varios metros, para acomodarlo en mi contra diciendo que ese joven era yo y que el auto era el mío”.

 A pesar de los intentos de defensa del acusado, éste permaneció detenido hasta la realización del juicio por el crimen de Noelia.

AA

Diciembre 2011

Un crimen sin asesinos 2* - Parte II -

* Segunda parte del folletín publicado en este blog en agosto de 2009.

 Cuatro días después de la detención de Natalio, su abogado defensor apeló la decisión judicial en una segunda instancia por considerar que no había pruebas suficientes ni riesgos procesales para mantener al joven en prisión hasta la realización del juicio oral por el crimen de Noelia.

 El letrado dejó en claro que durante la investigación, su defendido siempre estuvo a disposición de la Justicia, nunca entorpeció la pesquisa ni intentó fugarse. Y, además, seguía viviendo junto a su familia y trabajando en la remisería de su padre, como siempre.

 La defensa reveló que en enero del mismo año, el fiscal había de la causa había pedido la detención de Natalio pero la jueza rechazó esa solicitud, por lo que el representante del ministerio Público no tuvo otra opción que cerrar la instrucción tres meses después.

 Cuando la jueza corrió vista a las partes, la querella presentó un nuevo testigo de identidad reservada que declaró que vio que “un joven, delgado, más bien narigón, pelo parado, vestido con bermudas por debajo de la rodilla y una remera oscura, sacaba por la fuerza del auto que conducía, un Renault 11 celeste, con otros sujetos, a una chica para colocarla en la parte de atrás de otro auto que estaba en el lugar”.

 Este testigo dijo que ese muchacho al que había visto luego lo reconoció en fotos de diversos diarios como el imputado Natalio.

Un crimen sin asesinos*

*Segunda parte del folletín publicado en este blog en agosto de 2009.

 El 15 de julio de 2011, Natalio Galante se encontraba en su casa de Florencio Varela cuando llegó una comisión de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes con un orden para detenerlo: la Justicia quilmeña acababa de procesarlo con prisión preventiva como partícipe primario del crimen de la adolescente Noelia Gullo. Y no sólo eso, también lo enviaba directamente a juicio oral, dando por cerrada la instrucción de la causa.

 ¿Cuáles habían sido las pruebas que daban un giro a la investigación después de tantos años? La primera, un nuevo testigo que declaró haber visto a una chica parecida a la víctima ser pasada por la fuerza desde un Renault 12 muy similar al de Natalio  a otro vehículo ocupado por desconocidos. La otra, un análisis comparativo de la tierra hallada en el baúl del auto del joven con la de la ropa que llevaba puesta al momento del supuesto secuestro de Noelia que estableció que no eran del mismo tipo y no pertenecían a un mismo lugar.

 De esta manera, para la Justicia ahora el muchacho había mentido al sostener que el presunto captor de la víctima lo había encerrado en el baúl de su auto.

 “Fue una larga lucha y por fin dio su resultado. Natalio está preso y se hizo Justicia. Ahora esperamos que hable y diga quiénes mataron a Noelia”, expresó José Gullo en declaraciones a la prensa apenas se conoció la noticia de la detención del sospechoso.

 Ese día, después de siete años y medio, Natalio volvió a quedar alojado en los calabozos de la DDI de Quilmes pero esta vez a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense designara su nuevo destino... 

1972-1973: "Cámpora al gobierno, Perón al poder”*

* Basado en un teto de Julio Godio.

 A partir de 1971, y ante la ruptura del dique represivo, la dictadura militar intentó montar el Gran Acuerdo Nacional (GAN), cuyo objetivo central era llegar a un compromiso entre partidos políticos, organizaciones empresarias y a las FF.AA. para una candidatura en común. Tal maniobra incluyó la proscripción de Perón y subestimó el grado de conciencia antidictatorial y antimilitarista generada en el pueblo.

 Perón logró entre el 71´y 72´ formar un bloque político antagónico al GAN, la llamada “Hora del Pueblo”, en la cual estuvieron todos los partidos políticos salvo el PC y la derecha liberal. Se sumaron a su apoyo la CGT y la Confederación General Económica.

 Luego de destruir al GAN, Perón estimuló la formación de su propia fuerza, el Frente Justicialista de Liberación Nacional. (FREJULI) al que se incorporaron los jóvenes de Montoneros.

 El 11 de marzo de 1973 se llevaron a cabo las elecciones nacionales sin ningún control por el régimen militar pero sin Perón, quien permaneció proscripto. Ningún partido apoyó al GAN y el FREJULI logró el 49.5% de los votos para su candidato Héctor J. Cámpora, “El Tío”, luego de una la campaña electoral en la que la Juventud Peronista se había encargado de difundir el slogan: “Cámpora al gobierno, Perón al poder”.

 Luego, con el gobierno del “Tío” en marcha, la izquierda ocupó los ministerios más políticos, mientras que derecha peronista se anidó en la cartera de Bienestar y Desarrollo Social, a cargo de José López Rega.

 Tras 49 días de primavera camporista, “el Tío” y su vice, Vicente Solano Lima, renunciaron y Perón volvió al poder al ganar nuevas elecciones haciendo fórmula con su esposa Isabel Perón.

 La convocatoria del General a la paz tuvo más adherentes en la oposición y en las FF.AA., que entre sus propios partidarios. Para 1973, las relaciones entre Perón y “Las 62” no eran óptimas ya que éstas no estaban seguras de convertirse en un sindicalismo oficial salvo que se les recompensase con una fuerte cuota de poder. Y Perón ya había alabado a los Montoneros.

 Desde el primer momento del gobierno de Cámpora, “Las 62” se habían lanzado a recuperar su influencia sobre el líder. Al mismo tiempo, acentuaron sus críticas a los jóvenes revolucionarios que tildaban de “infiltrados”.

 En tanto, el ministro de Economía José Ber Gelbard elaboró el “Pacto Social” que se trató de un compromiso entre sindicatos, empresarios y el Estado para mejorar la distribución del ingreso y frenar la inflación con la reactivación económica.

 El ministro había sido el creador de la Confederación general Empresaria (CGE) y había sido designado por Cámpora y ratificado luego por Perón. La base social de la CGE era la pequeña y mediana industria, pero la cúpula era dominada por grandes empresarios industriales de formación estatal-industrialista.

 La CGT aceptó la política coyuntural del gobierno que aumentó los salarios del 20% y suspendió las negociaciones colectivas y congeló los precios por dos años. Los sindicalistas apoyaron estas medidas con el argumento de salvaguardar el salario real pero, en realidad, fue un sacrificio para recuperar influencia sobre Perón.

 Para los trabajadores sindicalizados, el retorno de Perón al gobierno implicó la posibilidad de presionar a los empresarios para superar los límites salariales establecidos en el “Pacto Social” porque sabían que el General necesitaba de la concentración social para estabilizar el nuevo régimen. Pero, al mismo tiempo, creyeron que sus amplios derechos a la organización y movilización recuperados podían permitir la presión a los empresarios y lograr éxitos sectoriales y de empresa.

 De allí que de junio a septiembre de 1973 se registraron más de 120 conflictos por renegociación de contratos de trabajo e implementación de escalafones.

Hasta aquí, hemos repasado algunos de los hechos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino ocurridos entre 1955 y 1973. 

AA

Diciembre 2011

1970-1971: La CGT reunificada*

*Basado en un texto de Julio Godio.

 El gobierno militar decidió en julio de 1970, como parte de su estrategia de la negociación con la oposición moderada, favorecer la reorganización de la CGT. Para esta acción fue decisiva la intervención de Valentín Suárez, un peronista que había llegado a ser asesor de Evita pero que desde el 66´ colaboraba con el régimen de facto. El reorganizador Suárez, en acuerdo con “Las 62” y los paricipacionistas de la nueva corriente de opinión, conformó una comisión integrada por 14 sindicatos, lo que derivó en la renuncia de los directivos de la CGT.

 Ante esta situación, “Las 62” vandoristas se reunificaron para conformar una nueva comisión de 20 agrupaciones ante el peligro de que la CGT quedara en manos de los “paricipacionistas”. Esta comisión permitió a los sindicatos de “Las 62” negociar con la intervención por un lado, y por el otro, mantener una dirección sindical nacional autónoma de la CGT.

 “La comisión de los 20” planteó un programa mínimo de acción sindical de cuatro puntos:

1- Libertad de los detenidos gremiales y derogación del estado de sitio. 

2- Devolución de los gremios intervenidos a sus legítimas autoridades. 

3- Aumento de emergencia a los trabajadores activos y pasivos, congelamiento de precios y convocatoria a paritarias. 

4- Reincorporación de cesantes por causas gremiales. 

 La decisión de “Las 62” fue inteligente, no contaban con Vandor asesinado en 1969, pero era dirigida por lideres experimentados. Sin romper negociaciones con Suárez, el 27 de agosto “la comisión de los 20” convocó a un exitoso paro general nacional, del que participaron sindicatos enrolados en el participacionismo como la UOCRA.

 Los 20 convocaron para el 1 de octubre a un paro activo de 36 horas con el objetivo de obligar al régimen militar a aceptar el liderazgo de “Las 62” y abandonar el intento de Onganía de entregar la CGT a los participacionistas.

 El gobierno amenazó con reprimir, incluso, fusilar a los dirigentes sindicales, por lo que hubo deserciones en “Las 62”, en donde predominó la postura de levantar el paro y se generó una división entre los partidarios y opositores a la medida de fuerza.

 En el Poder Ejecutivo tomaron esta situación como una derrota de los sectores duros de “Las 62”, como la UOM, que había perdido fuerza, mientras que Suárez formó una comisión asesora con sindicalistas participacionistas y expulsados de “Las 62” por promover levantar el paro y de los no alineados.

 Este grupo de transformó en la comisión Nacional Reorganizadora y Normalizadora que sabía que su tarea era imposible sin un acuerdo con “Las 62”, en general, y la UOM, en particular.

 El 2 de julio del 70´, se realizó un congreso con todos los sectores y con nuevas condiciones políticas ya que Onganía había sido derrocado y el flamante presidente de facto era Roberto Levingston.

 El congreso produjo una declaración en la que rectificó el derecho de huelga, reclamó la restitución a los sindicatos de las Obras Sociales intervenidas por el gobierno y la reimplantación del régimen de negociaciones colectivas

 Otro aspecto central de la declaración fue que la CGT se adhirió a la acción antigubernamental “antisubersiva” y se definió por la preservación del patrimonio material y espiritual de los argentinos frente a cualquier género de agresión externa.

 En enero de 1971 el gobierno concedió a los sindicatos ciertas mejoras, como el aumento salarial del 6% sobre los salarios reales, la elevación del salario mínimo y convocatoria a comisiones paritarias. Así, la CGT abrió una etapa de expectativas frente al nuevo ministro de Economía, Aldo Ferrer, pese a que son intervenidos dos sindicatos importantes de “Las 62”.

 La fuerza principal en el gobierno de la fallida Revolución Argentina fue el lanussismo, cuya principal preocupación se basó en buscar una salida electoral con el consenso de radícales, peronistas y la derecha conservadora para promover un candidato único apoyado también por las FF.AA.

AA

Diciembre 2011

1969: El Cordobazo - Parte II*

*Basado en un texto de Julio Godio.

 Las consecuencias del “Cordobazo” fueron muchas, una de ellas, la ruptura de la sociedad cordobesa con la cultura sindical peronista tradicional, lo que permitió el inicio de un proceso de sustitución por otras culturas obreras de izquierda y articuladas en la práctica de la democracia sindical

 Respecto de los cambios en los métodos de lucha se pudo observar que las ocupaciones de establecimientos fueron sustituidas por asambleas autoconvocadas, los paros fueron activos y con abandono de los lugares de trabajo, las movilizaciones se hicieron callejeras y hubo un reestablecimiento del rol organizador de las comisiones internas y cuerpos de delegados.

 En cuanto al plano ideológico, el “Cordobazo” produjo la emergencia de una cultura sindical clasista articulada en genéricas ideas socialistas. Hasta 1968, la actividad sindical había tenido por escenario los despachos oficiales y las gerencias de las empresas, mientras que a partir de 1969 descendió a los galpones fabriles y se volcó a las calles.

 A partir de 1946 y hasta 1968, el sindicalismo argentino había utilizado fundamentalmente el peso numérico de sus cotizantes para introducirse en el juego de las fuerzas que regían las relaciones entre los factores de poder en la cúpula social y política, pero a partir de 1969, la participación de las bases comenzó a resurgir, desbordando frecuentemente a dirigentes y aparatos.

 Respecto de Córdoba, la primera consecuencia en el movimiento sindical local fue la conquista por el clasismo de la dirección de los sindicatos de la empresa FIAT. 

 La segunda consecuencia fue que se produjo un nuevo corte en el sindicalismo en el que hasta entonces existían dos regionales: la CGT regional “ortodoxa” que se mantenía neutral entre ambas CGTs y la CGT legalista que se alineaba con la CGT Azopardo.

 Esta nueva realidad desembocó en la segunda mitad del 69´ en la conformación de una coordinadora integrada por 40 organizaciones sindicales lideradas por corrientes combativas y clasistas que se convirtió en dirección ejecutiva del sindicalismo cordobés. De esta manera, Agustín Tosco se transformó en el nuevo líder sindical nacional y luego Salamanca.

 A partir de 1969, la resistencia obrera se concentró en el interior del país, permaneciendo relativamente pasivos los trabajadores de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

 En tanto, fue surgiendo una cultura contestataria de izquierda incluyó a jóvenes provenientes de las clases medias, especialmente estudiantes, que se convirtieron en difusores de estrategias revolucionarias orgánicas.

 Estas estrategias se basaron en el marxismo– leninismo, el maoísmo, el guevarismo y otras ideologías nacionalistas–revolucionarias tercermundistas e interpretaciones del cristianismo revolucionario y la Teología de la Liberación.

 El período entre 1969 y 1972 marcó el surgimiento y consolidación de nuevos agrupamientos político-militares que desarrollaron las principales actividades guerrilleras en el país.

 Estas organizaciones fueron: el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejercito Revolucionario del pueblo (PRT- ERP), de origen trotskista pero evolucionando hacia las teorías guevaristas y de raíz vietnamita; las Fuerza Armadas Peronistas (FAP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.

 Las FAR se iniciaron en un campo más bien marxista aunque luego se acercaron al peronismo hasta fusionarse con Montoneros, la organización más poderosa de todas en cuanto a poder de convocatorio y de acción tanto en el ámbito político como militar.

 También se desarrollaron dentro de este clima de cultura contestataria de izquierda nuevos partidos marxistas-leninistas, como el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y Vanguardia Comunista (VC).

 Ante esta situación, la dictadura militar, erosionada por la carencia de apoyo social, cuestionada políticamente por la movilización popular y debilitada por la escisión interna en el Ejército al emerger el lanussismo opuesto al nacionalismo integrista, comenzó a partir del 69´ a aplicar una táctica de retirada ordenada.

AA

Diciembre 2011

1969: El Cordobazo - Parte I*

* Basado en un texto de julio Godio.

 Una serie de debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar el gobierno de facto recuperando espacios democráticos a través de movilizaciones y protestas comenzó a darse desde marzo de 1969 en fábricas, oficinas y universidades. En este contexto de “subversionismo espontáneo” de trabajadores y estudiantes se observó la recuperación de la iniciativa política de organizaciones y corrientes de izquierda, peronista o marxista, algunas tradicionales, otras recién constituidas.

 En mayo, os estudiantes universitarios de las ciudades de Resistencia y Corrientes salieron a las calles con un claro reclamo político y antidictatorial. En las movilizaciones fue asesinado un estudiante por la policía, por lo que la agitación pronto se extendió a Salta, Tucumán y Rosario.

 Para el historiador Julio Godio, en aquel entonces “el país era un polvorín seco y solo se necesitaba una mecha para encenderlo y esa mecha fueron los radicalizados estudiantes universitarios”.

 Pero en las movilizaciones universitarias se vio el apoyo de las clases medias urbanas empobrecidas por la política económica del régimen y de un núcleo de trabajadores que canalizaban su protesta social al margen de las organizaciones sindicales, salvo los sindicatos alineados en la CGT de los Argentinos.

 Así se produjo una situación particular en la ciudad de Córdoba, que era permeable a las ideas políticas renovadoras y en la que se había desarrollado durante toda la década una clase obrera moderna y joven en las industrias dinámicas como la metalmecánica y automotriz. En base a esto, se conformó una compleja trama de relaciones entre obreros, estudiantes e intelectuales.

 El 29 de mayo del 69´, luego de una asamblea obrera en el sindicato SMATA, los trabajadores marcharon hasta el centro de la ciudad para cumplir con la resolución del plenario intersindical: Paro activo.

 Las exigencias de los trabajadores mecánicos eran laborales, sin embargo, las consignas indicaron una clara dirección antidictatorial. La forma de la manifestación correspondió al sindicalismo peronista ortodoxo que estaba interesado en canalizar pacíficamente la protesta obrera. Pero se fueron uniendo los universitarios, jóvenes de los barrios y sectores de la pequeña burguesía, por lo que la marcha se transformó en una ocupación de la ciudad

 La policía cordobesa retrocedió antes las barricadas instaladas por los manifestantes. Los bancos británicos, la empresa Ford y otras firmas extranjeras fueron atacados y destrozados, al tiempo que el sindicato Luz y Fuerza dejó a la ciudad sin energía eléctrica.

 Al mediodía del 69´, en medio de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, cayó asesinado Máximo Mena, un obrero que integraba la columna 3 mil trabajadores de la planta Santa Isabel de la empresa Ika que avanzó sobre la ciudad de Córdoba por la ruta hacia Alta Gracia.

 La columna llegó hasta avenida Vélez Sarfield donde desbordó la barrera policial y poco después volvió a chocar contra los efectivos en el Hogar Escuela Pablo Pizzurno.

 En bulevard San Juan y Arturo Bas, los policías abrieron fuego sobre la columna de obreros y Mena murió en el lugar. Este asesinato, profundizó el repudio popular, por lo que las manifestaciones se intensificaron en las calles.

 Al anochecer, el general Onganía decidió que el III Cuerpo del Ejército entrara a las ciudad para controlar la situación.

 El 30 de mayo la ciudad estuvo paralizada por una huelga general y así se produjo el “Cordobazo” que iba arrojar más muertos y heridos. Los militares también allanaron la CGT de loa Argentinos y detuvieron a los dirigentes sindicales como Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, que fueron juzgados y condenados por Consejos de Guerra.

1966-1968: Escisión sindical - Parte III*

*Basado en un texto de Julio Godio.

 La pasividad que imperaba en una dirección de la CGT que estaba en manos de una comisión de 20 gremios de “Las 62” y los independientes no era compartida por las diferentes corrientes sindicales que planteaban la oposición frontal al régimen militar.

 Estas corrientes internas provinieron del sindicalismo peronistas combativo de orientación cristiana revolucionaria, encabezado por Raimundo Ongaro, de los gráficos; el sindicalismo clasista-pluralista compuesto por independientes socialistas, comunistas, radicales, etc. y liderado por Agustín Tosco, de Luz y Fuerza; los sindicatos intervenidos por la dictadura militar; y “Las 62 de Pie junto a Perón”.

 En su conjunto, estas corrientes tenían un objetivo sindical común: desalojar a la alianza Vandorista-independiente de la dirección de la CGT.

 En todos ellos, se manifestaron, aunque en diversos grados, componentes ideológicos de izquierda que incorporaron culturas y hechos políticos internacionales como la guerra de liberación nacional en Indochina, el guevarismo y la guerrilla en varios países latinoamericanos.

 Esos componentes culturales revolucionarios externos se afincaron en el interior no sólo del movimiento sindical, sino también en los partidos peronistas y radicales, en el movimiento estudiantil, en la Iglesia Católica, etc. Y formaron parte de búsquedas teórico–políticas para organizar la lucha contra la dictadura, dada la ausencia de acciones políticas de resistencia por parte de los liderazgos tradicionales del peronismo y el radicalismo, y otros partidos políticos populares y la CGT.

 El 28, 29 y 30 de marzo de 1968 fue convocado el Congreso Normalizador de la central obrera. En este, se enfrentaron dos posturas antagónicas respecto de un tema puntual: el reconocimiento o no de los delegados de los sindicatos intervenidos.

 Finalmente, triunfó la postura de incorporar a los delegados de los sindicatos intervenidos originando el retiro del vandorismo. Así, la organización sindical que salió de este Congreso fue la denominada “CGT de los Argentinos”, liderada por Ongaro.

 Mientras que “Las 62” vandoristas mantuvieron el control de la central y los fondos sindicales pasando a denominarse “CGT Azopardo”.

 Esta división se extendió al interior del país, produciéndose fracturas en las Regionales. Los sindicatos participacionistas liderados por Luz y Fuerza permanecieron “neutrales” pero con conexiones con la “CGT de Azopardo”.

 La “CGT de los Argentinos” adoptó un programa de liberación nacional y social, y una táctica política de confrontación abierta con la dictadura. De esta manera, se trasformó en impulsora del desarrollo del sindicalismo peronista combativo y corrientes clasistas en todo el país.

 Pero el bloque de sustentación era heterogéneo y pronto parte de los sindicatos intervenidos y sectores de “Las 62” comenzaron a abandonarla. “La CGT de los Argentinos” debió una creciente represión de la dictadura a través de nuevas intervenciones y detenciones de dirigentes sindicales. Por ello, sectores del movimiento estudiantil, organizado en la FUA, trataron de apoyarla.

 En el desplazamiento de organizaciones sindicales de “La CGT de los Argentinos” a “La CGT de Azopardo” tuvo importancia otro hecho: a principios de 1969 se produjo la reconciliación de Perón con Vandor y el acuerdo de reunificar “Las 62 organizaciones”.

 El General enviaba cartas de apoyo a Ongaro pero, en realidad, temía que una polarización entre sindicalistas peronistas “combativo” y “participacionistas” condujera a la descomposición de la “columna vertebral” del Movimiento.

 Al fin de cuentas, el vandorismo expresaba la tradición sindical peronista y podía ser “recuperado” y colocado bajo el liderazgo estratégico del líder exiliado.

 El interés de Vandor por llegar a acuerdos con Perón fue también fuerte, en tanto no solo tuvo que enfrentarse a combativos y participacionistas, sino que necesitó del apoyo de Perón para mantener el control de las 62.

 “La CGT de los Argentinos”, más que una organizadora sindical, fue una fuerza socio-política propagandística de la “subversión frente a lo existente”. Ese rol fue importante porque estimulo la formación de núcleos sindicales combativos en comisiones internas, en cuerpos de delegados y en direcciones sindicales, lo que tendría suma importancia al empalmar con un cuadro de gestación de movilización espontánea de los trabajadores en diversas áreas del país y cuya simbiosis dio lugar al “Cordobazo” en mayo de 1969.

AA

Noviembre 2011

1966-1968: Escisión sindical - Parte II*

*Basado en un texto de Julio Godio.

 En 1967 el país conoció una extraña calma producto de la mezcla entre expectativa esperanzada y represión. Pero subterráneamente se fueron acumulando tensiones sociales y políticas que desembocaron en una profunda crisis política.

 Por ese año, el vandorismo continuó controlando la CGT y su táctica fue la de “dialogar” desde posiciones de fuerza con el régimen militar. Pero, a su derecha se formó un núcleo “participacionista” dirigido por Juan José Taccone de Luz y Fuerza, y Adolfo Cavalli de petroleros; y a su “izquierda” un núcleo compuesto por “Las 62 De pie junto a Perón” y sectores independientes que habían retornado a la CGT.

 Estos sectores coincidieron en un punto: era necesario torcer el brazo a Onganía, ya sea para dialogar mejor, debilitar o desarticular al régimen autoritario. Así, el 3 de febrero el CCC resolvió, por mayoría, convocar a un paro general para el 1 de marzo que fue masivo.

 Pero la respuesta de la dictadura fue rápida y contundente: se retiraron las personerías gremiales a la FOTIA, FOETRA y a la propia UOM. También se suspendió la aplicación de convenciones colectivas de trabajo y se limitaron beneficios sociales a los trabajadores de la administración pública, ferrocarriles, puertos, servicios eléctricos, etc.

 La represión gubernamental indicó a la CGT claramente una cosa: el Plan de Lucha 1963–1964 había sido posible por la existencia de un gobierno cívico–militar en retirada y luego por la permisividad liberal–democrática de la UCRP. Pero todo había cambiado y el nuevo régimen militar tuvo un puño de hierro dirigido al mentón de los sindicatos.

 El vandorismo comprobó que había poco espacio para negociar con el gobierno militar. Al encontrarse frente a un Estado altamente concentrado y hostil, la dirección de la CGT no supo que hacer y una parte de la misma se volcó hacia la capitulación lisa y llana.

 La derrota provocó un reagrupamiento defensivo que derivó en la configuración del llamado “bloque oficialista” o “nueva corriente de opinión”.

 De esta manera, roto el equilibrio de la clásica formula “presionar para negociar”, los participacionistas trataron de negociar de cualquier manera, aceptando las condiciones que imponía la dictadura oligárquica con tal de conservar sus posiciones frente de las organizaciones.

 A su vez, la política centrista que hasta ese momento había desarrollado el vandorismo se quedó sin espacio político ya que el régimen no se impresionó por la fuerza teórica de los sindicatos y se colocó en una posición capaz de aplastar los movimientos de fuerza que pudieran organizar los jefes de la conducción gremial.

 “Las 62” siguieron divididas después de la derrota que sucedió al paro general del 1 de marzo de 1967 y cuando sus dirigentes llegaron a un acuerdo de unidad, su fundamento residió más bien en la impotencia mutua para hacer frente a la situación.

 Mientras tanto, en las fábricas, los obreros también se reagruparon en la última línea defensiva que ya no fue el mantenimiento del nivel salarial sino la defensa de mantener el empleo.

 Durante el 67´, los dirigentes gremiales llegaron a comprender que los sindicatos como grupo de presión habían llegado al límite de sus posibilidades durante el pico de movilizaciones en 1964.

 La crisis y parálisis del movimiento obrero no fue solo consecuencia de la derrota y desmoralización en las bases, sino también producto de la actitud de participacionistas y dialoguistas de no hostigar al régimen de Onganía.

1966-1968: Escisión sindical.*

*Basado en un texto de Julio Godio.

 “Las 62” vandoristas autocalificadas de “Leales a Perón” y “Las 62 De pie junto a Perón” simpatizaron con el golpe de Estado de 1966, al cual no solo valoraron como la desarticulación de un operativo “liberal” por parte del gobierno radical, sino además como la posibilidad de reeditar el pacto sindicatos-ejercito de 1945.

 El nuevo régimen militar comenzó por proscribir a todos los partidos políticos, en tanto el objetivo del presidente de facto Onganía y su equipo nacionalista-integrista era la conformación de un movimiento político corporativo. Para eso necesitaba de sindicatos dóciles, por lo que adoptó la medida de devolver la personería gremial a varias organizaciones intervenidas por el gobierno radical.

 El acercamiento de Onganía a la CGT no tuvo como interés promover el poder sindical sino señalar que los sindicatos tendrían un lugar en el nuevo orden estatal si aceptaban las reglas del juego del gran capital y las FF.AA.

 En el cronograma del nuevo gobierno militar no figuraban las huelgas, por lo que en agosto del 66´ se firmó la ley 16.936 que estableció el arbitraje obligatorio y cuando algunos sindicatos iniciaron medidas de fuerza fueron intervenidos.

 La intervención al Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA) y la ley de racionalización de trabajo portuario originó la primera huelga contra el gobierno militar que se prolongo durante 2 meses. Pese a estas medidas antisindicales, la CGT trató de mantener buenas relaciones con el gobierno, al tiempo que el vandorismo necesitó fortalecer la CGT.

 El nuevo régimen formuló en noviembre el programa económico de la “Revolución Argentina” de orientación monetarista, cuyo objetivo principal fue modernizar la economía argentina. Para lo cuál, sus principales medidas fueron reducir el déficit fiscal, promover la inversión de capital extranjero y mantener precios competitivos para las exportaciones tradicionales.

 En esta estrategia de economía de exportación con precios competitivos, la estabilización de precios internos y salarios era esencial, por lo que fueron congelados los segundos y controlados los primeros.

 La respuesta inicial de la CGT fue una huelga general el 14 de noviembre pero ésta sólo logró el desplazamiento del ministro de Economía Jorge Salimei y su reemplazo por Adalbert Krieger Vasena, un hombre vinculado a las empresas subsidiarias extranjeras en el ramo de la alimentación.

 Vasena acentuó los llamados “planes de racionalización” y de “modernización”, con despidos de personal, lo cual implicó fuertes conflictos que derivaron en otras huelgas. La política del flamante ministro intentó reinstalar la economía argentina en el mercado mundial, sobre la base de modificar la estructura de las exportaciones, a favor de los productos agroindustriales y en detrimento del tradicional monopolio de cereales y carnes.

 Se trató de un programa “industrialista–eficientista” que supuso un rápido proceso de modernización y aumento de productividad mediante el reemplazo de la mano de obra por bienes de capital y tecnología extranjera.

 Pero tal política implicó crear condiciones preferenciales para las importaciones extranjeras, lo que condujo a la reducción de aranceles para la importación y reformas impositivas que ocasionaron una ola de quiebras en las pequeñas y medianas empresas, las principales fuentes de trabajo.

 Al mismo tiempo, el gobierno implantó fuerte retenciones a la exportación de productos del campo para subsidiar las exportaciones no tradicionales, lo que generó tensiones en los grandes empresarios pampeanos.

 Pero la que pagó el costo de esta política de apertura y modernización segmentaria fue la clase obrera que debió soportar los aumentos de los precios de alimentos mientras que los salarios permanecieron congelados. Además, las nuevas inversiones de tecnología no fueran generadoras de empleo masivo y ocasionaron mayor desempleo.

1966: Nuevo golpe de Estado*

* Basado en un texto de Julio Godio.

A principio de 1966 se desarrollaba en el interior del peronismo una lucha abierta entre Perón, quien se proponía frenar el intento emancipador de Vandor, y éste, que controlaba “Las 62” y parte del grupo de diputados y senadores afines al Movimiento. Mientras El General intentaba conservar el control de la tropa para “golpear y negociar” su retorno al poder, el vandorismo se orientaba a constituir una especie de partido laboralista, basado en los sindicatos, inserto en el sistema político real y como “factor de poder” en la negociación política.

 Entonces, el anciano líder decidió enfrentase con Vandor en los campos partidario y sindical. En el primer ámbito, envió Isabel para reorganizar el partido y limitar el poder del neoperonismo pero el éxito de la misión fue parcial ya que ganó en Mendoza pero perdió en Jujuy.

 Al mismo tiempo, en el plano sindical, Perón promovió la escisión de “Las 62” de José Alonso y del núcleo de los 19 sindicatos que publicaron un documento titulado “De pies junto a Perón”. Los principales gremios fueron SMATA, FOTIA, Federación del Caucho, Federación de Sanidad y Sindicato de Obreros Navales. Y los principales lideres: Alonso, Lorenzo Pepe y Amado Olmos. Juntos a estos 19 se alineó gran parte del espectro político partidario, desde la izquierda liderada por J.W. Cook hasta el católico–integrista Raúl Matera.

 Pero el vandorismo contraatacó y el 15 de febrero del 66´ Alonso fue destituido como secretario de la CGT y reemplazado por Fernando Donaires.

 Así, el sindicalismo peronista vivió su crisis interna en medio de un agravamiento de la crisis económico-social ya que en enero el gobierno había anunciado que los topes de aumentos salariales para el año serian del 15%.

 La política de austeridad y control de salarios chocó con el movimiento sindical fortalecido a nivel de rama por actividad como producto del Plan de Lucha. En consecuencia, se desataron huelgas sectoriales en Capital Federal y el Interior.

 En abril, el Congreso Nacional, presionado por los sindicatos, modifico la Ley 11.729 restringiendo la capacidad de los empresarios de despedir personal. Mientras que la UIA, Sociedad Rural y CGE, exigieron a Illia el veto de la ley pero este se negó.

 En ese marco, la CGT convocó el 7 de junio a una exitosa huela general para frenar la contraofensiva empresarial. Sin embargo, esta alianza entre la central y el Gobierno duraría poco ya que se aceleró el proceso de negociación entre las FF.AA., el peronismo y el desarrollismo para desalojar a la UCRP del poder.

 El peronismo optó por apoyar el golpe de Estado con Perón desde Madrid avalando la especie local de que el general Juan Carlos Onganía, líder del golpe en marcha, era un “nuevo Perón” y que el débil gobierno minoritario radical, debilitado por la crisis económica y acosado por las huelgas obreras y estudiantiles, se mostraba impotente para detener el golpe de estado.

 EL 28 de junio del 66´ se produjo el golpe de Estado e Illia es derrocado. Comenzó así una larga dictadura militar denominada “Revolución Argentina”.

 Una vez producido el golpe, la CGT emitió una declaración en la cual destacó la afinidad ideológica entre el peronismo y el nacionalismo católico del nuevo presidente Onganía y también su apoyo a los llamados “gremios independientes”.

 De esta manera se volvió a mostrar la vieja faceta corporativo-autoritaria del Movimiento que en vez de impulsar un compromiso con la UCRP y otras fuerzas políticas y sociales para garantizar y ampliar la democracia política y lograr su legalidad plena, prefirió elegir el perverso camino de asociarse al operativo dictatorial de las FF.AA., que en el fondo respondían al interés histórico del bloque oligárquico–empresarial desde 1930, de conservar y controlar el Estado a través de regimenes autoritarios.

AA

Noviembre 2011

1962-1965: Parte IV*

* Basado en un texto de Julio Godio. 

En enero de 1965, tras un congreso ordinario de la CGT, asumió el nuevo Secretariado de la central obrera a cargo de José Alonso. La consolidación de esta “columna vertebral” peronista reforzó en el Gobierno radical la errónea tesis de que era necesario dividir al movimiento sindical.

 La actitud antisindical de la UCRP devenía de su carácter de partido liberal-popular basado en la clase media y liderada por una elite política aferrada al paternalismo y al caudillismo patricio instalado por Yrigoyen.

 Pero esa idea no se correspondió con su amplia actitud política institucional de favorecer la progresiva legalización del peronismo y el 14 de marzo, en las elecciones para renovación parcial del Congreso Nacional y otras autoridades provinciales, las listas peronistas de la Unión Popular triunfaron.

 Así, la UCRP decidió a restablecer la democracia política sin proscripciones, mientras que en el accionar del peronismo estaba latente la opción de un pacto con las FF.AA. para desalojar por la fuerza a la UCRP del gobierno.

 La confrontación entre la UCRP y la CGT llego al súmmun cuando en febrero del 65´ el Gobierno promulgó el decreto 969 de Asociaciones Profesionales que estableció:

-La restricción de los poderes de los órganos directivos de los sindicatos en favor de las asambleas.

- El voto secreto y obligatorio para los afiliados.

- El otorgamiento al Ministerio de Trabajo del poder de suspender las personerías. 

- La autorización a las seccionales de manejar los aportes de los afiliados. 

 Este decreto 969 prohibió también a las asociaciones gremiales realizar “actividades políticas partidistas”, con la sanción de la pérdida de personería gremial. Y como era previsible, la CGT acusó al gobierno radical de pretender dividir y controlar al movimiento sindical, lo que la llevó a jerarquizar el rol organizador de “Las 62” y los grandes sindicatos industriales y de servicios peronistas según la teoría vandorista.

 Esta nueva realidad debilitó la táctica de Perón de dirigir “por encima” de todas las alas del movimiento ya que el propósito del vandorismo fue darle cauce a la organización en cuadros de conducción, lo que hirió mortalmente la relación entre el caudillo y la masa, y también tendió en última instancia a sumar al peronismo a las reglas del juego del sistema de partidos.

 Esto generó una respuesta por parte del mismo Perón, quien envió a la Argentina como delegada personal a su esposa María Estela Martínez con la finalidad de defenestrar por completo el intento independentista y autonomista de Vandor. 

 Para Perón, Vandor había ido demasiado lejos, por lo que era necesario desmontar el intento de organizar “un peronismo sin Perón”. Entonces, el General se vio obligado a actuar directamente en varias elecciones provinciales llegando a dividir al propio peronismo para impedir triunfos electorales del neoperonismo-vandorismo.

 Pero mientras se desarrollaba la confrontación interna en el peronismo y mientras la UCRP intentaba continuar gobernando sola, en las FF.AA. creció el sentimiento de que el frágil sistema democrático no podría impedir un nuevo triunfo electoral del peronismo en las alecciones generales previas para 1967.

 Las FF.AA. consideraban que el golpe de Estado era inevitable ya que no le cabían dudas de que radicales y peronistas marchaban hacia el abismo. Mientras que para ambos partidos era “fatal” un retorno de os militares.

AA

Noviembre de 2011

1962-1965: Parte III*

* Basado en un texto de Julio Godio.

 El 16 de diciembre de 1963, el CCC aprobó el inicio de la segunda etapa del “Plan de Lucha” que comenzó formalmente el 4 de febrero del 64´ con los partidos políticos, excepto el Partido Socialista Democrático, los conservadores y la UCRP.

 El 28 del mismo mes, se reunió nuevamente el CCC para ejecutar el único punto en el que había coincidido con el gobierno radical: enviar varios proyectos al Congreso sobre la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aumento de montos mínimos a jubilaciones y pensiones, reincorporación de cesantes, amnistía y caso Vallese.

 El gobierno intentó desplazar el conflicto hacia la Cámara de Diputados y obligar a la CGT a involucrarse en el funcionamiento del Poder Legislativo y aceptar las decisiones de éste. La central obrera aceptó el reto pero no se limito a enviar los proyectos sino que los acompaño con medidas de fuerza ya que la proscripción del peronismo hizo que no contara con diputados y senadores del movimiento.

 El CCC resolvió el 10 de abril realizar una nueva concentración frente al Congreso. La medida fue suspendida para reanudar conversaciones con las autoridades parlamentarias. Estas reuniones fracasaron, por lo que el Consejo decidió el 1 de mayo impulsar una nueva forma de acción sindical que se constituyó en el núcleo de la segunda etapa del “Plan de Lucha”: ocupaciones de fábricas, medida que se desarrolló de manera parcial, zonal y por grupos; también de forma total y simultánea en todo el país por el termino de 24 horas.

 De esta manera las ocupaciones de fábricas se tornaron en una forma de lucha fronteriza con una postura “subversiva” e “izquierdista” ya que cuestionaba no sólo la autoridad del Estado, sino también la propiedad privada de los empresarios.

 Pero el "vandorismo" estaba dispuesto a “ir más lejos” hasta lograr que el movimiento sindical fuera reconocido por el empresariado como “factor de poder” dentro del sistema de relaciones políticas.

 Luego, el CCC se reunió el 8 de julio y tomó una nueva decisión: reinstalar las movilizaciones obreras dentro de un espacio político más amplio convocando a 45 Cabildos Abiertos zonales, provinciales y uno nacional.

 El "Plan de Lucha" logró el objetivo de demostrar que la CGT era un “factor de poder” y que se trataba del eje de aglutinamiento de partidos políticos y movimientos sociales populares. Pero en el interior de la organización obrera el sector independiente indicó a las 62 Organizaciones que no estaba dispuesto a ser el “furgón de cola” para desestabilizar al gobierno de Illia. Y al mismo tiempo, en las propias "62" había quienes pensaban con razón que el vandorismo intentaba construir un “peronismo sin Perón” y que ello era inadmisible.

1962-1965: Parte II*

* Basado en un texto de Julio Godio.

 El Congreso Normalizador de la CGT fue liderado y homogeneizado por las 62 Organizaciones y en ésta emergió la UOM como sindicato líder aunque como secretario general de la central obrera fue elegido el 1 de febrero de 1963 José Alonso, perteneciente al rubro del Vestido. Este sindicalista, fuertemente influenciado por corrientes integristas de la Iglesia Católica, primero puso énfasis en modernizar las estructuras pero luego fue perdiendo ese interés. Sin embargo, le dio a la CGT una etapa de gran vitalidad política.

 Como consecuencia de este “impulso modernizador” se crearon departamentos y comisiones que permitieron al Secretariado contar con apoyo teórico–ideológico para la formulación de políticas sindicales que se desarrollaron en condiciones particulares ya que el país había retornado a una “semidictadura” o “dictadura blanda” practicada por el presidente Guido.

 Pero al mismo tiempo, el peronismo se sintió más fuerte ya que se había demostrado que el país era ingobernable sin la participación del justicialismo. A su vez, “Las 62” se convirtió en la “la columna vertebral” del Movimiento y pensó que, además, detentaba el “poder decisorio” dentro del peronismo.

 Esta especulación se convirtió en teoría política y así nació el “vandorismo” que cerró toda posibilidad de que el accionar de las 62 Organizaciones permitiese alcanzar un sindicalismo vinculado al partido peronista pero política y orgánicamente autónomo. Por el contrario, Vandor acentuó la tradición de subsumir al sindicalismo en el partido peronista, con la diferencia de que el partido se subsumiría en el acuerdo entre “Las 62” y los núcleos partidistas “neoperonistas”, lo que para el propio Perón resultó una ecuación inaceptable.

 El "vandorismo" consideró que se estaban creando las condiciones para una contraofensiva peronista a partir un nuevo gobierno cívico-militar debilitado por sus luchas internas. Además, su política económica, al promover el traslado de ingresos del sector agroexportador, había provocado un fuerte desequilibrio en el sector industrial, la caída del PBI y del salario real, y el aumento de la desocupación.

 Ante esta situación, entre el 15 y el 18 de abril del 63´ el CCC de la CGT resolvió implementar un “Plan de Lucha” de duración hasta junio 1964 y cuyas principales propuestas fueron: 

- Actualización de salarios con relación al creciente costo de vida. 

- Control de costos y fijación de precios máximos para artículos de primera necesidad.

- Propugnar la plena ocupación.

- Pago de jubilaciones y pensiones atrasadas

- Plan de construcción de viviendas populares.

- Defensa de la producción del campo.

- Reincorporación de cesantes por asuntos gremiales.

- Política crediticia orientada a reactivar la producción 

- Jerarquización de la enseñanza publica. 

- Investigación del contrabando. 

 Este “Plan de Lucha” se convirtió en la acción sindical mas prolongada en la historia del movimiento obrero argentino y su componente central fue la negociación con el gobierno. Al comienzo, el presidente Guido respondió con evasivas a los pedidos sindicales lo que originó que dicho plan fuera ejecutado después de las elecciones del 7 de julio en las que el peronismo fue proscrito a través de la anulación de las candidaturas de Vicente Solano Lima y Raúl Matera. 

 Tras las elecciones en las que se consagró ganador la UCRP de Arturo Illia, la CCC se volvió a reunir y resolvió realizar una nueva semana de protesta, terminando con un paro de 24 horas; normalizar las regionales, aprovechando las jornadas de agitación; y efectuar asambleas y reuniones activistas.

 El 26 de agosto, la CGT se volvió a entrevistar con Guido, quien nuevamente respondió con evasivas, por lo que continuaron las acciones de agitación, aunque sin ir a un paro general ya que esperaron a la respuesta de Illia, quien asumió el 12 de octubre.

 El 20 de ese mes, los sindicalistas se reunieron con el nuevo ministro de Trabajo Fernando Solá y tampoco recibieron respuestas positivas, por lo que la CGT decidió realizar el 6 de diciembre una concentración obrera frente al Congreso Nacional.

 Un día antes de la concentración, la CGT fue recibida por el presidente Illia a quien le entregó un memorial con sus reclamos laborales y políticos, pero sin modificar sus intenciones de paro que al día siguiente finalmente se llevó a cabo de 10 a 16, lo que significó el fin de la primera etapa del “Plan de Lucha”.

1962-1965: El sindicalismo como factor de poder - Parte I*

*Basado en un texto de Julio Godio.

 La participación o proscripción del peronismo volvió a plantearse en 1962, cuando se convocó a elecciones para gobernadores, senadores y diputados. Para el Gobierno el dilema era que una derrota de aquel Movimiento lo podía acercar a un compromiso con los partidos liberales pero una victoria podría derivar en un golpe militar. De hecho, hasta el mismo Perón se mostró renuente a participar en los comicios por temor a que un triunfo peronista desembocara en una toma del poder de parte de los militares. Pero las 62 Organizaciones mantuvieron la idea de colocar sindicalistas en las listas, por lo que el General avaló la participación en las elecciones.

 Finalmente, el Movimiento venció en 10 de las 14 provincias, por lo que Frondizi anuló las elecciones y la FF.AA. terminaron por derrocarlo y dejando en el poder un civil, el vicepresidente José M. Guido.

 Pese al golpe de Estado el peronismo no fue perseguido ya que lo único que habían buscado los militares fue impedir el retorno al gobierno. Mientras que la CGT no se desmoralizó y comprendió que el objetivo debía ser fortalecer aún más las organizaciones sindicales para prepararse para futuras batallas de desgaste del resistente antiperonismo existente en las FF.AA.

 El nuevo gobierno encabezado por Guido permitió a principios de 1963 que se llevara a cabo un Congreso Normalizador de la CGT en el que estuvieron representadas unas 100 organizaciones sindicales, entre las que se destacaron las delegaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General de Empleados de Comercio.

 En esa oportunidad, una “Comisión Provisoria” aprobó por unanimidad la siguiente reforma de los estatutos:

- Se suprimiría en la declaración de principios la adhesión a la ideología peronista pero se reafirmaba el derecho de las organizaciones sindicales a la acción política.

- Se reafirmaba que la CGT lucharía por el pluralismo político en el país, es decir, por la legalización del peronismo.

- En materia de relaciones entre el Comité Central Confederal (CCC) y sus afiliados, se anulaba la atribución de este de intervenir a las organizaciones afiliadas y se preservaba su autonomía.

- El secretariado sería elegido con el Congreso y no, como anteriormente, en el CCC. 

 El Congreso criticó también el decreto de Seguridad del Estado promulgado por el nuevo gobierno de Guido y exigió la aparición con vida de Felipe Vallese, secuestrado en 1962 por la policía y quien terminó por convertirse en el primer dirigente sindical asesinado dentro de la teoría de “guerra contrarrevolucionaria”.

 En ese aspecto “social”, el Congreso resolvió exigir la “libertad de los detenidos y condenados por cuestiones políticas”, la “restitución de las personerías gremiales suspendidas o canceladas, el cese de “las clausuras a los locales de los sindicatos”, la “plena vigencia de las leyes de previsión social, creación de nuevas fuentes de trabajo, reincorporación de los cesantes por causas gremiales y prohibición legal de los despidos en masa”, el “otorgamiento de créditos liberales por el Banco Hipotecario Nacional para la vivienda obrera” y la “participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, legislación para la mujer que trabaja asignando el pago total de los días pre y post natal”.

 Respecto del plano “económico”, los sindicalistas pidieron por el “efectivo funcionamiento del Instituto Nacional de Remuneraciones y la urgente solución del problema de sueldos y salarios”; el “cambio total de las estructuras económicas, dando una efectiva participación a los trabajadores en todos los órganos de conducción de la vida económica de la Nación”; el “control de costos y fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad y estabilización política de precios en general con control sobre sus costos”; la “anulación de los contratos petroleros”; la “reforma agraria, realizada en profundidad, concretando un sistema de distribución de la tierra”; y el “equilibrio del presupuesto nacional”.

 Por último, sobre materia “política”, el Congreso exigió el “retorno a la Constitución y al estado de derecho”; el “levantamiento del estado de sitio”; la libertad de prensa oral y escrita”; la “modificación del estatuto de los partidos políticos permitiendo que el pueblo que coloque en pie de igualdad y pueda manifestar su voluntad”; la “amnistía amplia sin distinción de sectores”; la “eliminación de los servicios de inteligencia oficiales de represión y de persecución de las ideas”; la “defensa de los bienes patrimoniales de la Nación no permitiendo su enajenación”; y la “plena autodeterminación de los pueblos”.

Para tener en cuenta - Parte II

Argentina 2011

Juventud 

En la Argentina viven aproximadamente 6,5 millones de jóvenes entre 15 a 29 años, de los cuáles, casi la mitad son económicamente activos. Mientras que hay 800 mil que no estudian, ni trabajan y tampoco buscan empleo. El 50% de ellos, son mujeres amas de casa y otro tanto integra en su mayoría un núcleo duro de marginalidad que está ausente de las políticas públicas.

 Entre 2007 y 2010, en plena vigencia de la Asignación Universal por Hijo, 1 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años no estaba escolarizado, y existen tasas de egreso en la enseñanza media cercanas al 50%, sin considerar aquellos que tienen niveles de repitencia.

Mujeres 
 Más de 260 mujeres murieron durante 2010 en manos de varones de su círculo íntimo y el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres es el 0,0029% del presupuesto nacional: 8 millones de pesos.

Trabajo
 Más del 7% de la población está desempleada. El 36% de los trabajadores no están registrados y la precarización laboral en términos amplios alcanza el 53%. La desocupación de los jóvenes alcanza el 18,9% y el ingreso juvenil es un 57% más bajo que el ingreso promedio del total.

Política social
 La pobreza afecta al 30% de la población y la indigencia al 13,5%. El 60% de las muertes de niños menores de un año ocurren por causas evitables; 6 de cada 20 niños, niñas y adolescentes no tienen derecho a la asignación universal por hijo a pesar de su universalidad; y el 43% de nuestros chicos son pobres.

Salud
 La tasa de mortalidad infantil se ubica alrededor del 12 por mil y la materna es del 4,4 por diez mil. En algunas provincias como Formosa se triplica la media nacional: 13,3 por diez mil. Y el embarazo adolescente ronda el 15% del total.

 El sistema público de salud en la Argentina cuenta con 1.500 hospitales, 6.000 unidades sanitarias y 70.000 camas de internación, unas 52.000 menos que al finalizar la gestión de Carrillo en 1954.

 El 45% de la población carece de cobertura formal y el sector público atiende el 90% de las emergencias y es responsable del 80% de la formación de los recursos humanos en el posgrado. De los 12.000 residentes, 10.000 se forman en el sector público.

 En la Argentina el gasto total en salud es del 9,6% del PBI. El sector público invierte sólo el 1,9% del PBI, las provincias y municipios 1,6%, y la Nación sólo el 0,33%.

Vivienda
 El déficit habitacional afecta a 3 millones de hogares, el 47% de los hogares no tiene cloacas, el 43,9% no tiene gas en red y el 16% no tiene agua corriente.

Fuente: Plataforma Política del Frente Amplio Progresista (FAP). 

Para tener en cuenta

Buenos Aires 2011

Seguridad 

 En la provincia de Buenos Aires, hasta de marzo de 2011, la población carcelaria era de 26.971 personas detenidas en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. El número total de 29.404 detenidos equivale aproximadamente al 50% de la población penal del país.

 Más del 70% de esas personas se encuentran en prisión preventiva, o sea, sin condena, lo que la propia Suprema Corte de Justicia considera una verdadera pena privativa de la libertad y, además, constituye una de las tasas más altas de América Latina.

 Solo el 3% de los delitos denunciados llegan a tener una sentencia firme.

 El promedio de edad de la población carcelaria es de 25 años y el 80% de los detenidos no finalizó la escuela primaria; mientras que solo el 20% de los que ingresan tiene un trabajo a tiempo completo.

 Más de medio millón de niños y jóvenes de entre 14 y 21 años no trabaja ni estudia; y tenemos la mayor tasa de deserción escolar de todo el país en el 23%, con un promedio de 14 años de edad en el abandono de la escuela.

 El robo de autos –delito en el que más personas mueren en homicidios- aumentó el 7,6% comparando el primer semestre de 2010 con igual período de 2011 y en el Conurbano ocurrieron el 54% de los hechos ocurridos en todo el país.

Trabajo

 Durante el primer trimestre de 2011, según datos el INDEC, en el Gran Buenos Aires el desempleo fue de 8,4% a nivel general y de 13,8% entre los jóvenes. 

Salud

 El Ministerio de Salud recibe 5.500 millones de pesos del presupuesto provincial, una cifra similar a la de la Capital Federal, y ese monto representa el 6,6% del gasto total estatal, cuando en 1994 era del 10%.

 El primer nivel de atención en la provincia está compuesto por 1.676 centros de salud, de los cuáles, 1.654 son municipales, al tiempo que el segundo nivel de atención dispone de 335 establecimientos que dependen de diferentes jurisdicciones: 27.566 camas totales distribuidas en 2.122 nacionales, 12.831 provinciales y 12.613 municipales.

 Los municipios ofrecen casi el 50% de las camas disponibles, atienden el 50% de los egresos por internaciones, mientras que el 77% de las consultas ambulatorias.

 Por su parte, el gasto nacional en salud muestra una participación municipal promedio del 15%, al tiempo que en Buenos Aires llega al 35%.

 Según datos del Ministerio de Salud, 44.384 agentes se desempeñan en establecimientos provinciales. De ellos, 24.012 están regidos por la Ley 10.430 (Escalafón general) y 12.787 por la 10.471 (Carrera Profesional).

 Se estima que alrededor de 25.000 profesionales trabajan en establecimientos municipales. En la provincia y los municipios trabajan 18.261 enfermeras de las cuáles 13.227 son auxiliares y 5.034 licenciadas en enfermería. 

Coparticipación

 Mientras que en el territorio de la provincia se recaudan el 41% de los recursos coparticipables, Buenos Aires sólo termina recibiendo en 19% de los mismos. 

Medio ambiente

 La Cuenca del Matanza Riachuelo es una de las principales fuentes de contaminación proviene de los efluentes industriales. Los registros estatales incluyen 4103 industrias; si se contemplan las “en negro”, la cifra asciende a no menos de 12.000.

 El Plan de Saneamiento presentado por el propio gobierno afirma que estas empresas son responsables de casi 2 millones de m3 diarios de descargas industriales.

 Las concentraciones de sustancias químicas en el agua de mercurio, zinc, plomo, cromo y contaminantes orgánicos, superan en 50 veces los máximos permitidos.

 Y sólo el 3 % de las industrias que contaminan tienen instalados procesos de depuración.

 El Plan también reconoce que existen 105 basurales clandestinos con 331.000 toneladas de residuos dispersos a lo largo de la Cuenca. En la mitad de ellos se detectaron residuos peligrosos y en el 70% se registra actividad de cirujeo.

 Por otro lado, el relleno sanitario del CEAMSE de González Catán, ya colapsado, sigue recibiendo 1.500 toneladas diarias de basura, a pesar de que la Provincia anunció su cierre en diciembre del 2007.

 La provincia de Buenos Aires es la más rica del país, siendo responsable del 35% del PBI argentino y habita en ella el 40% de la población del total nacional. A pesar de esto, también tiene el 40% de los habitantes más pobres de la Argentina. 

Fuente: Plataforma Política del Frente Amplio Progresista (FAP) Bonaerense, octubre 2011.

1958-1961 - Parte III*

* Basado en un texto de Julio Godio.

Las 62 Organizaciones pasaron de la confrontación a la negociación ya que, en parte, a través de negociaciones colectivas las organizaciones sindicales recuperaron en 1960 el nivel de salarios alcanzados en 1958. También fue determinante en ese proceso que la preocupación central de las corrientes sindicalistas fue lograr la normalización de la CGT y la aprobación de la Ley 14.455.

En octubre del 60´ se conformó “La Comisión de los 20”, compuesta por peronistas e independientes presionando con un paro general para reclamar la devolución de la CGT. Ante esa situación, Frondizi se reunió con este grupo y el diciembre devolvió el manejo de la central obrera.

Luego, en marzo de 1961, se firmó un acuerdo definitivo entre el gobierno y la Comisión de los 20 por el cuál la CGT quedó en manos del grupo sindical y éste, a su vez, se comprometió a convocar un Congreso Nacional para reformar los estatutos y elegir autoridades definitivas antes de fin de ese año.

De esta manera, el nuevo secretariado de la CGT pasó a estar conformado por Framini, Lohalaberry, Vandor y Rosendo García por las 62 Organizaciones; y Stafolani, Coronel, Ribas y Mucci por los independientes; en tanto que el MUCS quedó afuera.

La nueva dirección cegetista, logrando el objetivo de recuperar la organización, disminuyó el perfil de confrontación política con el gobierno y cesó de calificarlo de “agente de la oligarquía” para exigirle rectificaciones.

Por su parte, el desarrollismo necesitó forjar una alianza con dos corrientes sindicales, los peronistas y los independientes, para aumentar la productividad del trabajo en las industrias más dinámicas ya que consideraba que el sindicato no debía ser destruido sino fortalecido como institución autorreguladora de las condiciones de trabajo y remuneraciones dentro de un esquema de sindicatos “integrados” en el funcionamiento y crecimiento de las empresas.

A partir de esa idea, el gobierno pretendió sustituir el viejo bloque liberal-agrario por uno nacional-popular que retornase a las tradiciones estatal- industrialistas y proteccionistas del peronismo, pero subsumidas por la estrategia de modernización con participación de capitales y tecnologías extranjeras.

Pero el atraso cultural de los partidos, el elitismo frondizista y el corporativismo sindical hicieron difícil un acuerdo entre Gobierno y fuerzas sociales y políticas para establecer una amplia concertación social y política que diese base estable al intento modernizador del desarrollismo.

En un contexto socio-político de democracia, sin concertación social y política, las organizaciones comenzaron a funcionar legalmente y el eje de la acción sindical consistió en la participación y negociación. Así, “La Comisión de los 20” decidió que una delegación sindical formase parte de la delegación oficial que fue a la Conferencia de la OIT.

El esfuerzo sindical también consistió en garantizar la aplicación de la Ley de Asociaciones Profesionales que restablecía el rol y estructura de los sindicatos creados durante el peronismo, la personería gremial para una sola CGT, la personería gremial para un solo sindicato nacional por rama de actividad, la “cotización automática”. Este punto de la ley establecía que un trabajador aportaba al sindicato al comenzar su contrato, pudiéndose negar por escrito a la empresa. Esa negativa no le quitaba la cobertura del convenio colectivo, pero sí lo excluía del sistema de obras sociales administrado por el sindicato.

Estos cambios estimularon al sindicalismo peronista e independiente a acentuar el componente socio-laboral en la acción sindical. Pero este tipo de confrontación contuvo el peligro de estimular una corriente sindical interesada en confundirse con el desarrollismo y que se terminó llamando “integracionismo”.

La mayoría de las organizaciones sindicales afiliadas a la CGT rechazaron el intento “integracionista” en una actitud comprensible ya que si bien el Gobierno desarrollista se preocupó por la productividad, no avanzó a una auténtica participación de la central obrera en las decisiones macroeconómicas.

A mediados del 61´, el salario volvió a estancarse, aumentó el desempleo y el precio de los productos básicos, lo que derivó en un paro general en julio y dos huelgas generales en octubre y noviembre de ese año. Fueron medidas cortas, lo evidenció que los sindicatos buscaron una rápida negociación.

Y en este contexto de conflicto sindicato-gobierno, el emergente “integracionismo” se disolvió.

AA
Octubre 2011

1958-1961: Parte II*

* Basado en un texto de Julio Godio.

El movimiento sindical se mostró en 1959 expectante por los aumentos de los salarios pero, a la vez, tensionado por el aumento del costo de vida y en conflicto por las propuestas de Frondizi de privatizar las empresas estatales fundadas durante el peronismo. El 17 de enero de ese año, un tanque Sherman derribó las puertas del Frigorífico Nacional Lisandro Latorre reprimiendo a 7.000 trabajadores que ocuparon el lugar para impedir su privatización. Para apoyar la resistencia, las 62 Organizaciones convocaron a una huelga general que abarcó Avellaneda, Dock Sud, Berisso y Mataderos. Meses después se desarrolló una huelga nacional metalúrgica, un paro general de transporte en Rosario y huelgas ferroviarias que fueron reprimidas por los militares.

 Parecía que Frondizi había iniciado un camino diferente del planteado en el programa desarrollista/industrialista presentado al electorado. Pero en realidad, el camino elegido correspondía con los postulados subyacentes en la teoría desarrollista que lo conduciría a implementar acuerdos con el FMI, devaluación de la moneda, restricciones en el gasto y estímulo a las empresas privadas. Pero como no contó con un respaldo social, estas medidas resultaron impracticables por lo que el gobierno frondizista cayó en un rápido aislamiento político.

 En ese contexto, las 62 avanzaron exigiendo el establecimiento de la legislación peronista tutelar de las organizaciones sindicales y la devolución de la CGT. Así en el 59´ se sancionó la Ley 14.455 de Asociaciones Profesionales que abrió el camino para la normalización de la CGT y a partir de ella, el Gobierno inició negociaciones con las 62 para lograr acuerdos duraderos. Pero esto no era fácil ya que las 62 ya no eran un grupo de sindicalistas conspiradores, sino una coordinadora de los sindicatos.

 A fines de ese año, Augusto Vandor asumió como secretario General de la UOM y la elite sindical peronista comenzó a acentuar la relación entre acción sindical y acción política. Ya no se trataba solamente de lograr el “retorno de Perón” sino de forjar un movimiento sindical socio-político capaz de promover la reorganización del Partido Peronista (PP) y forjar alianzas civiles y militares para reconquistar el poder “para Perón”.

 Esta relación entre sindicalismo y política originó cambios en las propias organizaciones obreras, al exigir la instalación de mecanismos de comunicación fluidos entre direcciones y bases, lo cual condujo a priorizar y fortalecer el rol de las comisiones internas y cuerpos de delegados en las empresas. Estos cambios generaron una nueva representatividad sindical y legitimaron a los nuevos dirigentes sindicales peronistas.

 En ese contexto, la resistencia peronista dio “un giro a la izquierda” impulsado por el Comando de Reorganización partidaria dirigido por John Cooke, contando con el apoyo social de los sindicatos y la juventud peronista.

 Las 62, como parte de sumar fuerzas hacia la izquierda pero sin involucrarse directamente, promovieron en agosto de 1959 la formación del Movimiento Obrero Unificado (MOU) que agrupaba a peronistas, el MUCS e independientes. Además de Vandor, sus figuras destacadas fueron Amado Olmos, de sanidad; y Roberto García, del caucho.

 El MOU aprobó una “Declaración de Propósitos”, cuyos aspectos principale fueron la libre discusión de los convenios colectivos, el control de precios, la estabilidad en el empleo, la paralización inmediata de suspensiones y despidos, el cese del plan de desnacionalización, la solución al conflicto del frigorífico nacional, la devolución de los sindicatos a los trabajadores, la normalización de la CGT, la reforma agraria para entregar las tierras a quienes trabajan, y el levantamiento del Estado de Sitio.

1958-1961: Triunfo del acuerdo UCRI-Perón y los sindicatos recuperan la CGT*

* Basado en un texto de Julio Godio

En enero de 1958 se firmó el pacto Perón-Frondizi y en las elecciones de febrero de es año el peronismo apoyó a la UCRI, al tiempo que ésta se comprometió a legalizar al peronismo, entregar la CGT a los sindicatos y terminar con las persecuciones a los dirigentes políticos y sindicales de esa fuerza política.

 La UCRI no estuvo acompañada sólo por el peronismo sino también por el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, y su triunfo significó una doble derrota para la Revolución Libertadora ya que, por un lado, puso en marcha un plan económico desarrollista-industrialista que fue la antítesis de los distintos programas de estabilización y crecimiento por exportaciones tradicionales aplicados durante el gobierno provisional y, por el otro, finalmente reconoció la legitimidad del peronismo y la apertura hacia el levantamiento de su proscripción.

 Para el peronismo, el triunfo de la UCRI y la perspectiva de recuperar la legalidad, significó el fin de la etapa de resistencia e intentos insurrecciónales, y para el sindicalismo afín se abrió la posibilidad de recuperar la CGT.

 De todos modos, el nuevo Gobierno era consciente de que su poder se basaba en una alianza circunstancial con el peronismo, que las FF.AA. estaban en su contra por el programa desarrollista-industrialista y con el acuerdo con Perón, y que tenía como enemigo a la UCRP.

 Para el presidente Frondizi, los primeros cien días fueron decisivos para emprender su plan económico, por lo que entre mayo y agosto del 58´ se lanzó a establecer alianzas con el peronismo, los sindicatos, la Iglesia y establecer una cooperación con los EE.UU.

 En ese marco, sus medidas fueron aumentar los salarios, la sanción de la Ley de Amnistía, la derogación de los decretos que imponían restricciones a la actividad político-sindical, el anuncio de una política petrolera basada en el autoabastecimiento con inversiones extranjeras en capital y tecnología, y el posicionamiento favorable a la libertad de enseñanza.

 La Ley de Amnistía y el levantamiento de prohibiciones al peronismo tuvieron efecto limitado ya que algunos jueces no la extendieron a políticos peronistas y no alcanzaron a Perón.

 Mientras que a través de su obra “Petróleo y Política” defendió la nacionalización de los yacimientos y el monopolio en la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos. La idea fue lograr el crecimiento a base de sectores claves de la economía como energía, químicos, siderurgia, petroquímicos, trasporte, industria automotriz, etc.

 Pero esta política económica desarrollista generó la oposición frontal de la UCRP, la izquierda socialista y comunista, y el inicio de discrepancias dentro de la misma UCRI.

 En cuanto a la libertad de enseñanza, Frondizi anunció el objetivo de reglamentar el artículo 28 de la Constitución Nacional limitando el “monopolio oficial en materia de enseñanza”. Esto fue una concesión a la Iglesia Católica, por lo que la reacción estudiantil en contra fue masiva.

 Esa manifestación opositora fue liderada por la FUBA, que por entonces estaba controlada por una alianza entre la juventud de la UCRI y la Federación Juvenil Comunista, “La Fede”.

 Finalmente, estas medidas tomadas por Frondizi fueron una especie de “boomerang” para el presidente ya que la UCRP, el PC, el PS y el peronismo se opusieron a la política petrolera y un amplio bloque liberal-izquierda a la educativa.

1957: Parte II*

* Basado en un texto de Julio Godio.

 Mientras tanto, en el movimiento sindical fracasaron los intentos del gobierno y de los partidos no peronistas de crear una fuerza antiperonista pese a la intervención de la CGT y sindicatos afiliados, al tratamiento preferencial a los gremios controlados por sindicalistas “democráticos”, y la operación directa del Estado en los conflictos obrero-patronales.

 De esta manera, la columna vertebral del movimiento obrero seguía intacta y esto se debió, en parte, al despliegue entre 1955 y 1957 de acciones reivindicativas contra los congelamientos salariales que se desarrollaron en los niveles de empresa y rama de actividad.

 Estas acciones reivindicativas permitieron reorganizar a los sindicatos y desarrollar una nueva forma de cooperación basada en acciones intersindicales entre peronistas y comunistas que llevaron a conformar una dirección sindical paralela a la CGT intervenida.

 Otra razón de consolidación de esa columna vertebral obrera fue la constitución en septiembre de 1957 de las 62 Organizaciones que se transformó en el núcleo de dirección política del sindicalismo peronista y permitió cohesionar se movimiento en todo el país.

 Sin embargo, el cuadro político de dirigencias sindicales no era homogéneo. A principios del 57´, existían los gremios democráticos, antiperonistas y vinculados al Gobierno; los democráticos independientes que criticaban al gobierno e iban acercándose a la oposición peronista-comunista; y los sindicatos no normalizados o intervenidos.

 Además, sobre la base peronista, comunista e independiente se creó la Comisión Coordinadora Intersindical de Gremios Normalizados (IS) que jugó un papel activo en apoyo a huelgas sectoriales ferroviarias y de municipales de ese año.

 De hecho, en junio se convocó a un paro nacional de una hora, el primero luego del golpe militar del 55´. Y si bien fue terminó siendo una medida de fuerza parcial, demostró el importante grado de recuperación de los sindicatos.

 Luego, el 12 de julio hubo una huelga general de 24 horas que si fue exitosa.

 En ese marco, el Congreso Normalizador de la CGT realizado en mayo resultó un fracaso para el Gobierno ya que a partir de esa convocatoria surgieron las 62 Organizaciones peronistas, los 32 Gremios Democráticos y las 19 Organizaciones comunistas e independientes. Aunque este último se disolvió a fines de año y luego se transformó en el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) de orientación comunista.

 Las 62 Organizaciones demostraron que el sindicalismo peronista había recuperado su capacidad de hacer política y articuló un discurso sobre la base de un programa de cinco puntos:

1. Libertad de los detenidos gremiales y levantamiento del estado de sitio
2. Derogación del decreto reglamentario de huelga
3. Derogación del decreto de congelación de salarios
4. Aumentos de emergencia
5. Reanudación del Congreso de la CGT.

Sobre la base de estos puntos las 62 y 19 Organizaciones realizaron dos paros generales, uno de 24 y otro de 48, entre septiembre y octubre del 57´, en tanto que el “sector político” del peronismo permaneció pasivo y disperso.

AA
Septiembre 2011

1957: La resistencia sindical es política y partidaria - Parte I*

* Basado en un texto de Julio Godio.

En 1957 era difícil para el bloque militar-civil en el poder desarticular política e ideológicamente al peronismo ya que no alcanzaba con proscribirlo o intervenir la CGT para desalojar al Movimiento de la sociedad civil. Se lo podía desalojar temporalmente de la sociedad política pero resultaba imposible desarraigarlo culturalmente de la conciencia obrera y popular, ya que los trabajadores rechazaban todas las demás ideologías como el liberalismo, el socialismo y el comunismo, a las consideraba ajenas y opuestas a sus intereses, por lo que sólo se reconocían a sí mismos como peronistas.

 Dentro de los partidos políticos que daban sustento al Gobierno Provisional se plantearan dos posturas: una, la de reeditar una especie de Unión Democrática contra el peronismo, o la opuesta, la de intentar formar un bloque político liderado por Arturo Frondizi, presidente del Comité Nacional de la UCR, e incorporando subordinadamente al peronismo. 

 El frondizismo comenzó a jugar un papel de eje de la oposición al régimen de la Revolución Libertadora y planteo la necesidad de formar un frente "Nacional-Popular" que representara a la clase obrera, la pequeña burguesía, chacareros y al empresariado nacional, bloque cuyo enemigo era la oligarquía liberal. Esta estrategia de acercamiento veloz al peronismo incluyó la defensa del sindicalismo peronista.

 Pero esta postura no tardó en causar el enojo tanto del partido radical como del Gobierno, lo que produjo la división entre la UCRP (del Pueblo), una alianza entre liberales conservadores moderados liderada por Ricardo Balbín.; y la UCRI (Intransigente), liderada por Frondizi.

 La división de la UCR hizo inviable la realización de la asamblea Constituyente convocada para ese año por el boicot de los intransigentes que protestaron por la ausencia del prescripto peronismo.

 Así, durante 1957 se agravó la dicotomía entre democracia y pueblo, ya que, por un lado, el refuerzo por introducir reformas políticas liberales y democráticas quedaba restringido a los partidos y fuerzas sociales que sustentaban al Gobierno, mientras que las reivindicaciones sociolaborales concretas eran asumidas por el peronismo.

 El país político no sólo continuó dividido entre peronismo/antiperonismo, sino que le sumó la alianza en gestación entre la UCRI y el Movimiento que dio a esa contradicción la forma de oposición entre “liberalismo oligárquico” vs. “nacionalismo popular”.

 De esta manera, resultó imposible realizar las elecciones en un ambiente de tranquilidad social y aplicar una política económica de estabilización de los ingresos de la población, por lo que los iniciales objetivos de reestructurar la economía dejaron lugar a medidas de emergencia para evitar el deterioro de la situación social.

Libertad con respeto

 Los movimientos masivos, independientemente de las banderas que agiten, en este último tiempo tienden lamentablemente a asfixiar la individualidad de las personas a la hora de que éstas expresen su voz, su voto, tengan participación y tomen decisiones tanto en su vida privada como en el ámbito social. Tampoco parece ser una tendencia embanderarse con una especie de anarco individualismo, como una filosofía de vida opuesta al concepto de masas.

 A mitad de camino, los grupos no masivos conformados a partir de una asociación voluntaria de personas -y no me refiero a las denominadas "vanguardias"- pueden contar con una estructura horizontal que al momento de participar y decidir no condicione al individuo y su autonomía, lo que sí ocurre en las agrupaciones masificadas a raíz de la presencia inalterable de una única vía de poder vertical por la que las decisiones suben desde las bases hasta la cima desde donde luego regresan las políticas a aplicar.

 En este proceso basado en un enfoque sistémico en el que las partes dejan de ser “una” para formar un “todo”, no se cuestiona el derecho a que los que están en la base de esa pirámide voten libremente para elegir quien merece estar en la cima y al que le transfieren su poder, pero sucede que en casos como Argentina, muchas veces la elección no es libre y el que ejerce el liderazgo casi siempre termina por tomar decisiones que no respetan los intereses de aquellas masas que alguna vez le confiaron su voz y su voto.

 Las agrupaciones voluntarias no masivas pueden representar la mejor opción para trabajar en conjunto sin que, por un lado, las personas que las conforman pierdan la capacidad de expresarse individualmente y, por el otro, el poder no se concentre en muy pocas manos, que muchas veces son tan sólo dos.

 Se podría citar al peronismo como un ejemplo de movimiento de masas o el cooperativismo como una  agrupación voluntaria  no masivas; sin embargo, desde este comentario no se propone debatir sobre rótulos ni categorías, sino promover que las ideas se expresen en acciones concretas con el nombre que cada uno considere el más apropiado. Aunque, tal vez, esa tarea meramente nominal tampoco llegue a ser necesaria.

 En definitiva, se puede ser libre, siempre y cuando haya respeto por el prójimo, en especial, hacia el que piensa diferente a uno.

AA
Septiembre 2011

1956:Parte III

*Basado en un texto de Julio Godio.

En el interior del Gobierno Provisional se desarrolló a partir de febrero de 1956 una intensa polémica acerca de la naturaleza del aumento masivo del 10% en los salarios. Se plantearon dos posturas: Los duros como Álvaro Alsogaray y otros liberales de derecha sostenían que se debían mantener congelados los salarios y liberar los precios, y los blandos, entre los que se encontraba el propio Prebisch, postulaban la necesidad de convocar a negociaciones colectivas paritarias y que empresarios y trabajadores fijaran los incentivos salariales y condiciones de trabajo por rama de actividad, aunque el gobierno se reservaba la capacidad arbitral.

 Estas posiciones encerraban ideologías diferentes en función del sistema político. Las entidades empresariales corporativas, especialmente la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural, en alianza con los duros pretendieron instalar un régimen fuerte desmantelando la estructura sindical y suprimiendo los sindicatos únicos por rama de actividad y la cotización sindical automática.

 Esta postura contó con el apoyo del Partido Socialista, mientras que entre algunos reformistas, como el ala de la UCR que respondía a Arturo Frondizi y el conservador popular Vicente Solano Lima, surgió la idea de concretar un compromiso con el sindicalismo peronista, resguardando la estructura sindical.

 Por su parte, el Gral. Aramburu, quien ideológicamente era más afín a los duros, terminó por apoyar a los blandos para evitar una confrontación con los sindicatos que debilitara al Gobierno, aunque sin romper alianzas con las entidades empresarias y los sectores políticos afines a ellas.

 El Gobierno convocó a paritarias y al mismo tiempo dictó un decreto que excluyó de sus cargos a todos los dirigentes sindicales de la CGT y centrales afiliadas en funciones desde el '52 al '55, y también continuó con el encarcelamiento de sindicalistas peronistas.

 En las paritarias se planteó un claro conflicto en el que los sindicalistas exigieron un aumento salarial del 40% pero los empresarios sólo aceptaron aumentos en función de la productividad. Esta puja desembocó en huelgas declaradas ilegales y la detención de sus dirigentes.

 En tanto, el Gobierno permaneció en una especie de impasse entre reprimir masivamente y disolver la CGT y los sindicatos únicos, o buscar un compromiso político con las organizaciones sindicales.

 Lo único concreto fue que los sindicatos recuperaron su capacidad de organización y resistencia, por lo que el Gobierno comenzó a ceder terreno y en las paritarias dio aumentos salariales del 30%.

 De todos modos, el oficialismo intentó desarticular el “poder sindical peronista” con un decreto que permitió la formación de varios sindicatos por rama de actividad y que la negociación colectiva se realizara a través de comisiones intersindicales. Pero esta política fue inviable ya que el sindicalismo democrático no contó con fuerza real y los trabajadores permanecieron fieles a su central única por actividad.

 Durante los conflictos laborales que se desarrollaron en 1956 surgieron nuevos dirigentes sindicales peronistas que luego constituyeron el núcleo directivo de la CGT como el metalúrgico Augusto Vandor.

 Estos dirigentes se encontraban en plena práctica de oposición-negociación cuando se produjo el levantamiento militar del general peronista Juan José Valle, quien fue finalmente derrotado y derivó en una represión brutal del Gobierno como en la denominada “Masacre de José León Suárez”.

 A partir del levantamiento, muchos sindicalistas peronistas fueron detenidos y a fines del 56´ se produjo una parálisis de la actividad gremial, lo que terminó profundizando la fosa entre la revolución Libertadora y la clase trabajadora.

 Es que la columna vertebral del peronismo había logrado durante ese año resistir el intento desarticulador de la CGT y restablecer sus vínculos con los obreros a través de paritarias y las huelgas etc., y generar rápidamente una generación de dirigentes de relevo a los líderes proscriptos.

 Para principios de 1957, los sindicalistas peronistas ya se habían reagrupado en distintos núcleos activistas como la CGT Única e intransigente, el Comando Sindical y la CGT Autentica, lo que demostró que serían un duro hueso de roer para las ilusiones liberales de “desperonizar” a los trabajadores.

1956: Parte II

* Basado en un texto de Julio Godio.

El Plan Prebisch comenzó con una devaluación de la tasa de cambio para aumentar las exportaciones, lo cual originó un alza de los precios de los alimentos y los insumos importados. Se pensaba que en una segunda fase los industriales aceptarían recortar sus beneficios y aumentar los salarios para atenuar el impacto de la devaluación sobre los ingresos de los asalariados, y que en una tercera etapa -ordenando las variables principales de la economía y con un sindicalismo “paternalista” desarticulado- sería posible eliminar los regímenes de aumento salariales masivos y pasar a incrementar los salarios a través de remuneraciones diferenciadas de acuerdo a la productividad del trabajo.

 Pero Prebisch no conocía a fondo a los empresarios argentinos que no estaban dispuestos, ahora que podían actuar sin el control sindical, a rebajar sus beneficios y orientarse hacia un comportamiento empresarial competitivo. Por el contrario, pensaban que habían derrotado a los sindicatos y que la clase obrera debía aceptar la pérdida de sus conquistas socio-laborales; por lo que una comisión asesora dentro del Gobierno, del área de Economía y Finanzas encabezada por Kriger Vasena, criticaba abiertamente al secretario de la CEPAL.

 Ante esa situación, el Gobierno intentó primero convencer a los empresarios que no trasladaran los aumentos salariales a los precios pero los empresarios los recargaron entre un 20 y un 30 por ciento, lo que obligó al oficialismo a fijar precios máximos hasta febrero del '57. De esta manera, un Gobierno que había llegado para restablecer las “leyes del mercado” tuvo que adoptar una política estatal intervencionista.

 Por otro lado, los aliados sindicales del Gobierno eran impotentes para canalizar y limitar los reclamos de los asalariados en tanto no tenían inserción político-sindical en las plantas industriales. Salvo en la Federación Gráfica Bonaerense, La Fraternidad, la Asociación Bancaria y el Sindicato del Seguro, el “sindicalismo libre” carecía de existencia real y controlaba otros gremios sólo por la fuerza de la intervención estatal.

 Los comunistas, si bien apoyaron políticamente al golpe militar de septiembre, se fueron desplazando hacia la oposición y trataron de vincularse al sindicalismo peronista a partir de propuestas de unidad de acción del Movimiento Pro–Democratización e Independencia de los Sindicatos. Pero tampoco fueron escuchados por los trabajadores que desde 1945 eran anti Partido Comunista.

1956: Resistir es la consigna*

* Basado en un texto de Julio Godio

El Gobierno Provisional de Aramburu inauguró una nueva fase de la Revolución Libertadora con un programa económico que se caracterizó por ser empresarial y privatista, el desmantelamiento del modelo estatal-industrialista y distribucionista del peronismo y la desarticulación de las instituciones socio-políticas peronistas.

 La heterogeneidad social y política del agrupamiento liberal determinó que el ataque contra el “régimen nefasto” –como llamaban al peronismo- se ejerciera según pautas ideológicas propias a diferentes fuerzas convergentes en el Gobierno Provisional.

 El ataque a la estructura jurídico–política peronista fue llevado a cabo según los cánones del liberalismo político encarnado por conservadores, radicales, socialistas. El ataque a la política económica provino de distintas corrientes económicas “privatistas” vinculadas a las grandes organizaciones empresarias como la Sociedad Rural, Unión Industrial Argentina (UIA) y Bolsa de Comercio. Mientras que el ataque al sindicalismo fue fundamentado por ideólogos de origen socialista, anarcosindicalistas y sindicalistas, que acusaban a la CGT de haber permitido la “explotación de los trabajadores”.

 Los gobernantes de 1956 trataron de construir una cultura política liberal que contuviera distintos componentes ideológicos y que fuera hegemónica en la sociedad ya que esta sería la condición para retomar la historia truncada de 1945 y reconstruir el Estado previsto por la Constitución del 1853 de acuerdo a los cánones implantados por la Generación del ‘80.

 La confrontación con el peronismo en el campo de relaciones laborales adoptó características singulares, en tanto que para “desperonizar” a los trabajadores fue necesario emprender la titánica tarea de demostrar lo indemostrable: que el peronismo había permitido “la explotación”.

 En realidad el objetivo del nuevo Gobierno fue desarticular a los sindicatos para imponer el modelo económico al servicio de la “libre empresa”. Por eso, una vez derrotada la huelga general de la CGT en noviembre de 1955, el gobierno se encontró en condiciones de aplicar el “Plan Prebich” que consistió en modernizar el aparato productivo sobre la base del aumento de la productividad y las inversiones, y los recursos provenientes de las exportaciones.

 Raúl Prebisch era un economista argentino nacido en Tucumán y que entre 1950 y 1963 fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).

1955: Parte II

* Basado en un texto de Julio Godio.

Mientras el sindicalismo peronista legitimizó al nuevo gobierno, la oposición histórica integrada por los socialistas, radicales, independientes y anarcosindicalistas se había convertido en “oficialista” y comenzó a ocupar sindicatos. La actitud de la CGT fue “reprobar” esa ocupación al tiempo que exigió elecciones libres.

Evidentemente, la cúpula de la CGT trató de adaptarse a la posición del gobierno en favor de la “democracia sindical” pero, al mismo tiempo, buscó reagrupar las fuerzas peronistas para resistir. En ese marco, la primera línea de los dirigentes sindicales peronistas del Consejo Directivo renunció en un gesto conciliador y la conducción de la central obrera quedó en manos del textil Andrés Framini y Luis Natalini, de Luz y Fuerza.

El 6 de octubre de 1955, el gobierno acordó con la CGT sobre las siguientes bases:
- Reconocimiento de sus autoridades.
- Convocatoria a elecciones en las uniones y federaciones en 120 días.
- Amnistía sindical.
- Interventores “imparciales” en los sindicatos ocupados.
- “Normalizar” la CGT después de las elecciones en las elecciones en las organizaciones sindicales.

 Respecto de este pacto, los nacionalistas y los liberales estaban unidos por el mismo punto: despolitizar la CGT fomentando un sindicalismo identificado con el peronismo pero que no actuaría en política. Se trataba de alcanzar un sindicalismo gremialista quebrando al peronista político, la "columna vertebral" del Movimiento.

En ese sentido, el gobierno anuló el Preámbulo del estatuto de la CGT en el cuál la central obrera adoptaba como filosofía sindical la Doctrina Peronista. La dirección provisoria de la confederación aceptó esa anulación y también que el 17 de Octubre fuese día laboral.

Los líderes cegetistas dialogaron con Lonardi y Cerruti Costa con la intención de abrir una brecha entre nacionalistas y liberales y exigieron al Gobierno que los interventores de los sindicatos cesaran de apoyar a la oposición sindical y frenaran las amenazas contra los dirigentes peronistas.

En tanto, la oposición sindical organizada en la Comisión Pro-Recuperación de los sindicatos libres y con hegemonía socialista exigió al ministro de Trabajo que “devolviese los sindicatos a los trabajadores democráticos”. Esta presión fue muy fuerte porque si bien el sindicalismo "democrático" antiperonista no contaba con el apoyo masivo de los trabajadores, tenía a su favor al sector liberal del gobierno que comenzó a desplazar a los nacionalistas.

Como resultado de la presión del sindicalismo democrático, Costa, pese a estar en desacuerdo, decidió confrontar con la CGT y comunicó a la central que las elecciones serían convocadas por el propio Ministerio de Trabajo.

La posición del Gobierno para normalizar a los sindicatos era inaceptable para el sindicalismo peronista que se vio obligado a iniciar una contraofensiva para impedir la implementación de las nuevas normas electorales y el 1 de noviembre amenazó al gobierno con realizar una huelga general.

Para los liberales, el comportamiento conciliador de Costa había permitido a la CGT, a menos de dos meses de la Revolución Libertadora, pasar de fuerza derrotada a amenazar al nuevo orden político con un paro. Así que los militares “gorilas” actuaron con rapidez y el mismo día para el que estaba anunciada la potencial huelga la Marina de Guerra ocupó el Ministerio de Trabajo con el objetivo claro de obligar a Costa a aplicar las normas electorales o renunciar.

El ministro de Trabajo restableció el diálogo con la CGT., neutralizó la ofensiva liberal y llegó a un compromiso con el sindicalismo peronista de mantener las autoridades de la central y nombrar con consulta a ella “los veedores militares y civiles” en 80 organizaciones sindicales que iban a realizar elecciones.

De esta manera Costa logró un “armisticio” entre el gobierno y el sindicalismo peronista pero resultó precario ya que comenzó dentro del gobierno una contraofensiva general para defenestrar a los nacionalistas. Así, el 11 de noviembre se constituyó la Junta Consultiva como órgano asesor del Gobierno y que estuvo presidida por el almirante Isaac Rojas y compuesta mayoritariamente por miembros de fuerzas antiperonistas: 4 socialistas, 4 conservadores, 4 demócratas progresistas, 4 radicales y 4 por dos partidos juntos que al principio apoyaron a los nacionalistas y luego se pasaron al “gorilismo” militante.

Finalmente, el 13 de noviembre Lonardi fue desalojado del poder y reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, líder del sector liberal del Ejército.

Luego de ascenso de Aramburu, el sindicalismo peronista trató de evitar la consolidación en el poder del bloque militar-civil liberal con una huelga para el 15, 16 y 17 de noviembre que intentó abarcar la defensa del sector nacionalista del Gobierno y el inicio de la lucha por el retorno del peronismo al poder.

La huelga carecía de posibilidades de éxito ya que la clase obrera estaba desmoralizada, el sindicalismo peronista estaba aislado y además carecía de apoyo político y militar. Por lo que la represión del Gobierno fue inmediata ocupándose sindicatos y detenido a cientos de dirigentes sindicales.

El 16 de noviembre, la huelga fue levantada por la CGT y así fracasó el primer intento del sindicalismo peronista de establecer alianzas con la corriente nacionalista-católica de las FF.AA. Además, la central obrera fue intervenida y un día después asumió el nuevo secretario general, un interventor militar, el capitán Patrón Laplacette.

A partir de entonces y hasta 1961, el sindicalismo peronista fue excluido de la conducción formal de la CGT y debió recurrir a la creación de direcciones clandestinas de varias centrales también clandestinas para tratar de conservar la dirección del movimiento sindical.